¿Puede una crisis como la del coronavirus limitar los derechos fundamentales?

Por Silvia Romboli

La declaración del estado de alarma por parte del Gobierno a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el objetivo de adoptar medidas extraordinarias para frenar la pandemia de la covid-19 que afecta a España y al resto del mundo, generó una situación excepcional, al ser la primera vez que se aplicaba con efectos para toda la población. La ocasión anterior en que se había aplicado fue en 2010, para movilizar obligatoriamente a los controladores aéreos que estaban en huelga y evitar así el cierre del espacio aéreo.

Esta vez, sin embargo, por su alcance y duración, el estado de alarma ha incidido en todos los aspectos de la vida diaria de la ciudadanía española, limitando el ejercicio de determinados derechos fundamentales, como la libre circulación de las personas, lo cual ha suscitado un amplio e interesante debate en la comunidad jurídica.

Otro derecho fundamental que se ha visto limitado por los poderes públicos en razón de la pandemia, durante la vigencia del estado de alarma, ha sido el derecho de manifestación. ¿Qué ha motivado esta limitación? ¿Qué peligros entraña limitar en exceso nuestros derechos fundamentales, sin las oportunas fundamentaciones por parte de los poderes públicos?

Estados excepcionales

La Constitución española de 1978, al ser una constitución de segunda generación, reconoce un catálogo bastante exhaustivo de derechos y libertades. Todo el Título I está dedicado al reconocimiento y a la protección de “derechos (y deberes) fundamentales”, pero en su último artículo también reconoce la posibilidad de que, en casos muy extraordinarios, algunos derechos fundamentales podrán ser suspendidos de forma colectiva a toda la población.

El estado de alarma ha incidido en todos los aspectos de la vida diaria de la ciudadanía española

Estos casos excepcionales son los estados de alarma, de excepción y de sitio, regulados en el artículo 116 de la Constitución y mediante una ley orgánica. En el caso del estado de alarma, la ley establece que debe ser decretado por el Gobierno y por un plazo máximo de quince días, que no podrá ampliarse sin la autorización del Congreso, como se ha visto durante las múltiples prórrogas negociadas con la oposición para mantener vigente el estado de alarma durante los meses más críticos de la pandemia. Los estados de excepción y de sitio también implican al Gobierno y al Congreso, pero con dinámicas diferentes: el Gobierno necesita la aprobación previa del Congreso en el caso del estado de excepción, mientras que el estado de sitio solo puede declararlo el Congreso, a petición del Gobierno.

Derecho a la manifestación

El derecho a la manifestación es uno de los derechos fundamentales reconocidos en el Título I de la Constitución Española, concretamente en el artículo 21, y se desarrolla en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, que regula el derecho de reunión y diferencia las “reuniones” de las manifestaciones, así como las reglas y los límites que deben seguirse para poder ejercer este derecho.

De acuerdo con la legislación vigente, los organizadores de una manifestación deben comunicar previamente los datos de los convocantes, el lugar, la fecha, la hora, la duración prevista, el objeto de la reunión, las medidas de seguridad, el itinerario o el recorrido (si se trata de una manifestación) a la autoridad competente, "que solo podrá prohibirla cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes". Cabe destacar que esta limitación de la prohibición de las manifestaciones se mantiene inalterada en el estado de alarma, mientras que los estados de excepción y de sitio permiten suspender, de forma generalizada, los derechos fundamentales que se indican en el artículo 55.2 de la Constitución.

Debate jurídico

Durante el estado de alarma, distintos grupos acudieron a los tribunales para denunciar lo que consideraban una violación de su derecho a la manifestación después de que se les denegara el permiso para manifestarse alegando, en todos los casos, la emergencia sanitaria y la vigencia del estado de alarma. Las respuestas de los tribunales han sido dispares y contradictorias entre ellas, lo cual ha suscitado un importante debate doctrinal al respecto. Incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con una doctrina completamente novedosa.

Las autoridades competentes denegaron la autorización para manifestarse alegando la protección de la salud pública, entendida como una faceta dentro de la categoría más amplia de "orden público", en el caso de una marcha de coches en Vigo con motivo del 1 de mayo. El juez dio la razón a la autoridad, considerando que la tutela de la salud pública “ha de tener preferencia sobre el derecho de reunión y manifestación”.

Las autoridades competentes denegaron la autorización para manifestarse alegando la protección de la salud pública

En cambio, en casos similares ocurridos en Aragón y en Navarra, sus respectivos tribunales superiores de Justicia anularon las decisiones administrativas y permitieron la realización de las dos manifestaciones. El primer caso era prácticamente idéntico al de Galicia; una manifestación en coches particulares, con un ocupante por vehículo, con motivo del Día de los Trabajadores. En el segundo caso, la manifestación consistía en un acto estático protagonizado por seis personas en Pamplona, también en ocasión del Día de los Trabajadores. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra concluyó que, “con las medidas de seguridad e higiene establecidas, durante el estado de alarma no se puede suprimir el derecho fundamental de manifestación”. Este caso es particularmente interesante porque el mismo tribunal no autorizó marchas de coches como la prohibida en Galicia o la aprobada en Aragón, con argumentos similares a los del Tribunal gallego.

El caso de Vigo fue, precisamente, el que llegó al Tribunal Constitucional a través de un recurso de amparo que este Tribunal respondió validando la priorización de la tutela de la salud y la vida frente al derecho de reunión y manifestación. En este sentido, añadió que, pese a que la modalidad de manifestación planteada por los organizadores preveía la distancia social exigida por las autoridades para prevenir los contagios, podría suponer un problema para la circulación de ambulancias o vehículos de urgencias médicas.

El Tribunal Constitucional validó  la priorización de la tutela de la salud y la vida frente al derecho de reunión y manifestación

Esta disparidad de opiniones en el Poder Judicial ofrece interesantes elementos de reflexión sobre el alcance de las limitaciones a los derechos fundamentales que permite el estado de alarma. Asimismo, esta disparidad en opiniones, que podría considerarse esquizofrénica, puede atribuirse a que el ordenamiento jurídico español contempla la independencia del Poder Judicial en su vertiente interna, y a ello se suma la imposibilidad de que la justicia de Aragón, cuya resolución difiere tanto de la gallega y de la navarra y, sobre todo, del auto del Tribunal Constitucional, conociera el contenido de las demás resoluciones, por el hecho de tratarse de decisiones tomadas y publicadas en los mismos días.

Sin embargo, en mi opinión, cabría hallar formas y modalidades de ejercicio del derecho de manifestación compatibles con la eliminación de los riesgos para la salud pública. Las diferentes delegaciones del Gobierno, así como el Tribunal gallego y el Constitucional, habrían podido dar una lectura de la declaración del estado de alarma más favorable a una limitación del derecho de manifestación que no conllevara la total prohibición de su ejercicio.

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