10.000 millones para rescatar y transformar el sistema educativo con fondos europeos tras la covid-19

EsadeEcPol | Policy Insight

Por EsadeEcPol

Autor: Lucas Gortazar (Director de Research y Senior Fellow de Educación en EsadeEcPol) 

Apoyan: Xavier Bonal (UAB/GEPS), Antonio Cabrales (UC3M), Miguel Costa (URJC), Alvaro Ferrer (Save the Children), Florencio Luengo (Proyecto Atlántida), Jesus Manso (UAM), Xavier Martinez Celorrio (UB), Eva Flavia Martinez Orbegozo (Universidad de Harvard), Juan Manuel Moreno (Banco Mundial), Miguel Angel Sancho (Fundación Sociedad y Educación), Ismael Sanz (URJC), Lorenzo Serrano (IVIE) & Ainara Zubillaga (Fundación COTEC)

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Este documento forma parte de la línea de investigación de Educación, dirigida por Lucas Gortazar

Resumen ejecutivo

  • La llegada de inversiones millonarias vía fondos europeos (EU – Next Generation) es la gran oportunidad que tenemos en España para cambiar nuestro modelo social y económico de cara a la próxima generación. Transformar la educación debería ser una de las prioridades de país a la hora de dirigir dichas inversiones.
  • El impacto de la pandemia y la crisis sobre todo el alumnado será enorme, con pérdidas de aprendizaje equivalente de, por el momento, 3 a 4 meses de aprendizaje en un año escolar, y con un aumento fuerte de las brechas educativas. De acuerdo con estimaciones económicas, este retroceso puede suponer una caída de salarios futuros y la pérdida de un 1,5% del PIB futuro en el largo plazo. Abordar el reto estructural de la inequidad educativa de forma integral, con el apoyo de estas inversiones, es imprescindible para la recuperación económica, la inserción laboral de toda una generación y la cohesión social y política de los próximos años.
  • El objetivo de nuestra propuesta es mirar más allá del día a día y apostar por elevar la capacidad del sistema para responder a los retos presentes y futuros. No basta con seguir alimentando el sistema actual, necesitamos reformas e inversión que tengan un impacto transformador en el largo plazo.
  • Proponemos un plan de 10.000 millones de euros, con cuatro ejes de inversión vía ayudas y préstamos, a través de los fondos EU – Next Generation:
    1. Apoyo y rescate al alumnado más afectado por la crisis de aprendizaje causada por el cierre de escuelas ante la pandemia de la covid-19. 
    2. Infraestructuras tanto físicas como digitales para la enseñanza y el aprendizaje que respondan simultáneamente a los retos pedagógicos y medioambientales del futuro, especialmente centradas en la etapa 0 a 3 y la Formación Profesional. Esta es la partida más relevante en términos de presupuesto, e incluye la mejora de la eficiencia energética de los centros y el apoyo a los centros como espacios seguros de aprendizaje abiertos el mayor tiempo posible del día y del año.
    3. Formación y capacitación de los actores clave del sistema que pueden facilitar el éxito de implementación de las inversiones y transformaciones que deben lanzarse durante los próximos años.
    4. Digitalización de la gestión educativa, modernizando las plataformas de gestión y uso de datos, así como la generación de conocimiento y evidencias que permitan una toma de decisiones informadas a nivel de sistema, comunidad autónoma, municipio y centro educativo. 
  • Estas inversiones van a permitir avances en agendas relevantes de las políticas educativas que, o bien las últimas leyes y políticas educativas no abordan en su totalidad, o bien han ignorado durante décadas. 


1. Invertir en educación debe ser prioridad absoluta

A finales de julio, el Consejo Europeo llegó a un acuerdo para lanzar un programa de ayudas, inversiones y préstamos jamás visto en la historia de la UE, con el objetivo de aliviar el impacto económico, social y sanitario que la crisis de la covid-19 está teniendo en todos sus Estados miembros. Se movilizarán inversiones en forma de ayudas y préstamos bajo el paraguas del Marco Next Generation EU (NG-EU), que suponen un total 750.000 millones de euros.

El principal componente de NG-EU (suma un 90% de la inversión) es lo que se conoce como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), bajo el cual los Estados miembros diseñarán sus propios Planes de Recuperación y Resiliencia (PRR) con base en las recomendaciones del Semestre Europeo y siendo consistentes con los Planes Nacionales de Reformas. 

En el caso de España, las ayudas del MRR rondarán 60.000 millones de euros, de los cuales casi 43.480 deben comprometerse entre 2021 y 2022 y los 15.688 restantes entre 2023 y 2027. Los préstamos del MRR pueden suponer también una cantidad semejante, lo que acompañado de otros programas de NG-EU, la suma de ayudas y préstamos podría acercarse a los 140.000 millones de euros. Se deberán tener en cuenta dos elementos que la Comisión Europea (2020) ha señalado ya como prioritarios: las dimensiones verde y digital de las inversiones, que deben representar, respectivamente, al menos un 37% y un 33% del total de las inversiones.

La suma de ayudas y préstamos podría acercarse a los 140.000 millones de euros

La Comisión señala que el MRR debe estar agrupado en "componentes", que incluyan una combinación coherente de inversiones y reformas, por cada área temática de políticas públicas.

Paradójicamente, se trata de fondos que llegan simultáneamente para hacer frente a las consecuencias y desafíos de una situación de emergencia, y a la vez nos permiten pensar y responder a largo plazo y, con ello, poder financiar acciones y políticas que, en el caso de la educación, vayan mucho más allá de la respuesta inmediata a la crisis de aprendizaje que la pandemia está suponiendo. En el caso de la educación, el peso de las propuestas y aplicación de los proyectos recaerá sobre todo en las comunidades autónomas, que son quienes tienen la mayor parte de las competencias en materia de educación. 

El documento deja claro que las inversiones no deben incurrir en costes que sean de naturaleza corriente y que, solo excepcionalmente, se podrán financiar gastos de naturaleza corriente si estos son fundamentales para la inversión o si la actividad asociada se puede sostener con fondos públicos al final del periodo.

No hay, por tanto, atajos posibles: debemos pensar de forma estratégica en apoyar o bien iniciativas que sabemos han funcionado y requieren de mayor inversión o que no hemos realizado hasta ahora, ya sea por falta de presupuesto, oportunidad política, consenso suficiente, tiempo o capacidad de implementación.

Educación covid
España es un país que históricamente invierte en educación menos que la media de la UE

Esta restricción nos lleva a un lugar de las políticas públicas inusualmente transitado, pero no necesariamente indeseado. Muchos responsables políticos suelen lamentar el escaso margen presupuestario que les deja toda la inversión y gasto recurrente: en palabras más familiares, "subir la persiana cada mañana nos lleva el 95% del presupuesto". Esta es su gran oportunidad de parar un segundo, reflexionar sobre el futuro y dirigir un paquete de inversiones millonarias para hacer aquello que el día a día (y el escaso margen presupuestario) les impide: pensar a lo grande. 

Si pensamos en el largo plazo y en cómo fortalecer el crecimiento de la economía y la igualdad de oportunidades, una de las prioridades de los llamados "componentes" debería incluir la mejora del sistema educativo. Sabemos que la educación y el foco bajo el que los alumnos desarrollan conocimientos, competencias y capacidades en la escuela guarda relación con el crecimiento económico, la inserción laboral en la vida adulta, la cohesión social y, en suma, el bienestar de todo el país.

Una de las prioridades de los llamados "componentes" debería incluir la mejora del sistema educativo

España es un país que históricamente invierte en educación menos que la media de la UE: aunque la inversión por alumno ha crecido mucho durante los últimos 40 años, en términos de PIB y otras métricas, seguimos lejos de la media europea. Más aún si tenemos en cuenta la históricamente baja inversión (REDE, 2020) en gasto no corriente (capital) o en gasto corriente no asociado a salarios o personal no docente.
 

2. No hay inversión productiva sin reformas

La pregunta es, por tanto, la siguiente: dentro de los enormes retos a los que se enfrenta España en los próximos años, qué papel debe jugar la educación en el paquete de inversiones de los Fondos Europeos y qué se quiere lograr con todo ello en los plazos y periodos establecidos.

Hace dos semanas, el presidente del Gobierno anunció las líneas maestras del ejecutivo en todos los ámbitos del gobierno, que incluye en su eje 7 "Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades". Esta línea maestra, plasmada en este documento (Presidencia del Gobierno, 2020) refleja tres proyectos de inversión:

  1. Un Plan Nacional de formación digital a jóvenes y adultos
  2. Un impulso a la FP
  3. Un número mayor de dispositivos y conexión digital al servicio del sistema educativo y universitario

Además, en su intervención, el presidente del Gobierno anunció un programa de enriquecimiento educativo para 3.000 centros de especial dificultad educativa (algo que parece sugerir la ampliación definitiva de un plan semejante al PROA), la creación de 1.460 unidades de acompañamiento y orientación contra el fracaso y el abandono escolar, así como la creación de nuevas plazas en la etapa de 0 a 3 años.

Es necesaria una apuesta más decidida por la transformación del sistema educativo para que las reformas que están por venir logren el mayor impacto posible

El anuncio contiene elementos clave fundamentales para el futuro de nuestro sistema educativo. Se trata de un buen primer paso: son inversiones relevantes y cubren una parte de las necesidades de inversión que el sistema educativo necesita para los próximos años. Sin embargo, en lo que se refiere a NG-EU, es necesaria una apuesta más decidida por la transformación del sistema, que no tenga necesariamente una fuerte implicación sobre el gasto corriente, y sobre todo, que permita dotar de capacidad al sistema para que las reformas que están por venir logren el mayor impacto posible

En el caso de España, lograr el mayor impacto posible sobre el sistema educativo significa aumentar y ampliar las oportunidades de aprender de las siguientes generaciones, reducir el abandono temprano y, sobre todo, mejorar los resultados de aprendizaje.

Son numerosos los diagnósticos sobre los problemas del sistema educativo español y, a pesar de las importantes diferencias políticas en cuestiones asociadas a la titularidad en los centros, la religión o la distribución de competencias educativas, sabemos que no son esas las cuestiones que están detrás de los pobres resultados de aprendizaje, y que por tanto podrían conducir a una mejora sostenida del sistema educativo.

En el caso de España, lograr el mayor impacto posible sobre el sistema educativo significa aumentar las oportunidades de aprender de las siguientes generaciones, reducir el abandono temprano y mejorar los resultados de aprendizaje

Así, van emergiendo los consensos en las cuestiones más relacionadas con la escuela, que podemos resumir en la reforma de la profesión docente, la transformación del currículo, la modificación de la organización y autonomía de los centros, o la reformulación del papel de la evaluación para la mejora educativa. EsadeEcPol recogía un resumen de estas cuestiones en su primer Policy Brief presentado en marzo de 2020 (Cabrales y Roldán, 2020).

Son estos los temas que reunieron más consenso en el fallido Pacto por la Educación del Congreso de los Diputados en el periodo 2017-2018, y son, en general, los que suelen aparecer en distintas propuestas e iniciativas que buscan la transformación del sistema educativo español, ya vengan de izquierda, derecha, posiciones centralistas o independentistas.
 

3. 10.000 millones para cuatro propuestas de inversión educativa

Esta propuesta sistematiza cuatro ejes de inversión que deben complementar a las reformas que el sistema educativo necesita, y que, o bien la futura LOMLOE únicamente aborda de forma parcial (evaluación y organización de centros), o bien no han sido abordadas ni en esta ni en las leyes vigentes en las últimas décadas (profesorado o currículum).

Más allá de las necesarias mejoras de gasto público en una serie de partidas del sistema educativo históricamente infradotadas, se trata de inversiones que pueden proporcionar al sistema educativo las herramientas necesarias para afrontar los retos que vienen. Por un lado, dar apoyo y rescatar al alumnado que más ha acusado el golpe del cierre escolar, el confinamiento y la crisis económica, y, por otro, dar respuesta a las carencias organizativas, logísticas y tecnológicas del sistema que la crisis de la covid ha expuesto a la luz pública.

Las propuestas de inversión incluyen rescatar al alumnado tras la covid-10, digitalizar la gestión y evaluación educativa, invertir en infraestructuras y capacitar el sistema para afrontar las transformaciones educativas

Es necesario, por tanto, dotar al sector educativo de una capacidad renovada para hacer las cosas de forma distinta, menos lineal y más estratégica, y eso pasa por cuatro ejes de inversión, que se resumen en el Gráfico 1 a continuación: rescate al alumnado tras la covid-19, digitalización de la gestión y evaluación educativa, inversión en más y mejor infraestructura (sobre todo para FP), y formación y capacitación de actores para las transformaciones educativas que están por venir.

Gráfico 1: Modelo de transformación del sistema educativo a través de los fondos europeos

Reformas educativas
Fuente: EsadeEcPol

A. Apoyo educativo y tecnológico al alumnado tras la covid (2.000 millones de euros)

El impacto del cierre escolar de marzo a junio de 2020 implica pérdidas de aprendizaje muy importantes y de aumento de las brechas de aprendizaje por origen socioeconómico: el primer estudio disponible con datos de 2020 (Maldonado y De Witte, 2020), realizado en Bélgica, habla de pérdidas de aprendizaje de entre un 20% y un 30% de una desviación estándar respecto a la cohorte anterior, una cantidad equivalente a entre 3 y 4 meses de aprendizaje en la escuela.

De acuerdo con estimaciones económicas, este retroceso puede suponer una caída de salarios futuros y la pérdida de un 1,5% del PIB futuro en el largo plazo (Hanushek y Woessmann, 2020). 

Por tanto, esta es quizás la partida más urgente y, a la vez, la que mayor coste tiene, por su intención de respuesta y rescate al alumnado durante y tras la pandemia. 

  • Para conocer el impacto de la pandemia sobre el aprendizaje y el potencial fracaso y abandono temprano derivado de ella, proponemos llevar a cabo evaluaciones de diagnóstico de las competencias básicas en primaria y ESO antes del final del curso 2020/21. El reciente Real Decreto 31/2020 convalidado por el gobierno omite las evaluaciones de final de etapa y no introduce otro tipo de evaluaciones (por ejemplo, de mitad de etapa) aunque es posible que algunas comunidades autónomas las mantengan. Más allá de la aplicación de la prueba PISA en abril y mayo de 2021, necesitamos un diagnóstico mucho más preciso y rápido (PISA 2021 no estará disponible hasta diciembre de 2022) de lo que ha ocurrido y está ocurriendo con el alumnado, acompañado de cuestionarios con preguntas sobre su experiencia personal durante la pandemia. Solo así podremos saber realmente cuáles son las medidas a tomar, el alumnado en que deben concentrarse las medidas y el tipo de intervenciones necesarias.

Proponemos llevar a cabo evaluaciones de diagnóstico de las competencias básicas en primaria y ESO antes del final del curso 2020/21

  • Planteamos el despliegue de un programa de rescate "PROA Covid" durante los años 2021 y 2022, de carácter temporal y extraordinario (que debería, aunque probablemente con menos recursos, ser sostenido con gasto corriente en años siguientes). Esto podría ir en línea con la idea del programa de enriquecimiento de 3.000 centros educativos (aproximadamente un 10% del total), anunciada por el Presidente del Gobierno, aunque es probable que sea necesario ampliarlo a más centros y alumnos, pues la pérdida de aprendizaje o la aparición situaciones de vulnerabilidad durante la pandemia de covid-19 se extiende a lo largo del sistema educativo.

    Este programa podría ser liderado por el MEFP, vía Programas de Cooperación Territorial con las CCAA, y podría suponer una inversión de 1.600 millones de euros durante dos años (a razón de 800 millones de euros al año, llegando a un 20% del alumnado de 3 a 16 años). El programa debería incluir apoyo específico al alumnado más afectado por el cierre escolar vía refuerzo, tutorías, becas-salario para desincentivar el abandono temprano y apoyo psicopedagógico, entre otros. Para el éxito del programa, será necesario un presupuesto suficiente para una evaluación rigurosa que pueden llevar a cabo grupos y centros de investigación de todo el país a partir del uso de datos administrativos e interoperables cedidos por el MEFP y las CCAA: a partir de una iniciativa semejante (aunque a muy pequeña escala) aprendimos del éxito (García-Perez y otros, 2017) del programa PROA entre 2005 y 2012.

Planteamos el despliegue de un programa de rescate 'PROA Covid' durante los años 2021 y 2022, de carácter temporal y extraordinario

  • Proponemos un programa de refuerzo tecnológico y acceso a materiales y tecnología de 400 millones de euros, que ya se viene realizando durante este curso y debe extenderse hasta el final de la pandemia. Esta propuesta se está financiando actualmente a través de Educa Digital del MEFP (260 millones de euros), aunque será necesario ampliar su foco (está dispuesta una cobertura de 500.000 alumnos) como también el acceso a los nuevos materiales: la respuesta a la pandemia no solo debe ser de hardware sino de accesibilidad a distintos softwares de enseñanza por parte de CCAA, inspección y centros educativos.

Tecnología aulas

B. Digitalización de la administración educativa (100 millones de euros)

Quizás el elemento más relevante de la propuesta sea el de ayudar a la educación a dar un salto de calidad en su digitalización como sistema educativo en su conjunto. A lo largo de estos años, se han ido posponiendo inversiones que no son necesariamente costosas en precio (como las infraestructuras), pero sí en términos de esfuerzo por un diseño e implementación eficaces e innovadores.

Es necesario que la gestión del sistema educativo esté plenamente integrada con las herramientas digitales disponibles, con el objetivo de mejorar la calidad y cantidad de información disponibles para centros educativos, docentes, padres y alumnos, así como para los decisores públicos y grupos de investigación.

Es necesario que la gestión del sistema educativo esté plenamente integrada con las herramientas digitales disponibles

Es necesario también apoyarse en la tecnología para hacer más eficiente la gestión de procedimientos y la planificación educativa. Esto es lo que vienen realizando los países de nuestro entorno en los últimos años, Para ello, en línea con las mejores prácticas de los países de nuestro entorno, proponemos:

  • La creación de un Sistema Integrado de Información Educativa (SIIE), semejante al SIIU, que consolide tras dos décadas de intentos el Número de Identificación de Alumno a nivel nacional (NIA), y que incorpore información de registros administrativos e interoperables de centros educativos, docentes, programas e inversiones a nivel de centro educativo y alumno. El SIIE debería incorporar además información relativa a las Evaluaciones de Diagnóstico y otras pruebas de aprendizaje. Su impacto podría ser enorme ya que permitiría un seguimiento preciso de trayectorias educativas, una amplia evaluación de programas y políticas educativas, una dotación económica eficaz con base en las necesidades reales de los centros y alumnos, así como una mejor gestión de las becas y ayudas y otras intervenciones focalizadas. La inversión de creación y mantenimiento podría estar cerca de los 10 millones de euros.
  • La creación de una Plataforma digital para la evaluación educativa (10 millones de euros), de código abierto, ya sea en formato nacional o autonómico, para aplicación de las futuras evaluaciones de diagnóstico (LOMLOE) de una manera flexible y personalizada a las necesidades de centros educativos y alumnos. La plataforma permitirá también relacionarse con alumnos, familias, docentes, centros e inspección a través de los distintos informes (en formatos interactivos), devolviendo así información relevante (siempre protegiendo la privacidad legal) a cada uno de los actores del sistema.
  • La modernización y digitalización de la gestión de la carrera profesional docente en una Plataforma para el Desarrollo Docente, desde su selección –que integraría nuevas formas de selección más competenciales - hasta su formación continua– facilitando la posibilidad de colaboración docente y centros. Esta iniciativa es clave y complementaria a las medidas a tomar en materia de reforma de la profesión docente (10 millones de euros).

Planteamos la creación de un Instituto de Evidencias Educativas, en línea con otras iniciativas internacionales

  • Como medida más relevante, y con el objetivo de potenciar las medidas previas, planteamos la creación de un Instituto de Evidencias Educativas (IEE), en línea con otras iniciativas internacionales (EEF de Reino Unido o la Iterative Best Education Synthesis - BES de Nueva Zelanda) para la generación de evidencias científicas (cuantitativas y cualitativas) en educación de programas e intervenciones educativas realizadas en el sistema educativo. La creación de este instituto requerirá de personal específico, así como de un presupuesto corriente para programas competitivos de investigación educativa de grupos de investigación nacionales. Estimamos una inversión de 50 millones de euros para los 8 primeros años, que después deberán garantizarse con fondos propios y alianzas.
  • Además, proponemos una evaluación independiente del seguimiento de las distintas iniciativas y fondos destinados a educación durante el periodo de la covid-19, incluyendo el fondo covid de 2.000 millones de euros aprobado en junio de 2020 (20 millones de euros). Un buen ejemplo de proyecto de evaluación de una reforma puede ser el del Ministerio de Educación de Dinamarca, que movilizó 10 millones de euros para la evaluación de la reforma estrella “Folkeskole” de 2013.

Inversión educativa

C. Infraestructura: 0-3, FP, inversión verde y nuevos espacios (7.800 millones de euros)

La infraestructura educativa ha sido una de las grandes olvidadas durante la última década (IVIE, 2017). España no destaca por una partida relevante de inversión en capital en educación desde hace tiempo, y hoy más que nunca, es necesario desarrollar un plan integral de infraestructuras que responda a los distintos retos que el sistema educativo tiene hoy en día y sobre todo, que va a tener que abordar durante los próximos años.

Tras las lecciones que nos deja la covid en materia de educación, la inversión en infraestructura educativa es especialmente relevante y se justifica por tres motivos.

  1. Primero, hemos aprendido que la presencialidad es insustituible (en este caso sobre todo en infantil y primaria).
  2. Segundo, la reapertura de centros exige un uso distinto y más flexible de los espacios, lo cual obliga a inversiones de rehabilitación.
  3. Y tercero, la crisis abre el debate de repensar los tiempos y espacios de aprendizaje, tanto presencial como digital, y esto debe llevar a un uso mucho más intensivo de la infraestructura física (así como de la digital). Tanto las escuelas como las plataformas de aprendizaje deben estar "abiertas" en todos los sentidos de la palabra y por el mayor tiempo posible. Esto supone además un pilar fundamental en la estrategia para la reducción del abandono, la repetición y la segregación.

Son muchos los lugares, especialmente en zonas urbanas de mayor presión demográfica, que requieren de más espacio y mejor dotación de infraestructura en sus centros educativos. La inversión en infraestructura es una de las candidatas naturales para las ayudas y préstamos del MRR, especialmente si tiene un componente de inversión verde que permita lograr los objetivos climáticos y medioambientales establecidos por la Comisión Europea. 

  • Planteamos el apoyo a la creación de decenas de miles de plazas de educación 0 a 3 y de Formación Profesional (6.000 millones de euros), mediante un esfuerzo de infraestructura educativa para los próximos años. Esta es una medida clave, pues puede contribuir de forma decisiva a la eficiencia y equidad del sistema, a reducir el fracaso y abandono educativo en España, y mejorar las oportunidades vitales y laborales de decenas de miles de jóvenes para el futuro. En el caso de mayor inversión en la etapa 0 a 3, permitirá seguir respondiendo a las necesidades de conciliación de los padres y responder a las brechas de género que surgen a partir de la maternidad y que tienen consecuencias graves para toda la vida laboral (de Quinto, Hóspido y Sanz, 2017), especialmente en un mercado de trabajo como el nuestro.

    Esto no es ninguna novedad, y se trata de una propuesta que tiene implicaciones en inversión (construcción y materiales) pero también en el gasto corriente (personal). Si el ejecutivo es capaz de garantizar la capacidad de movilizar recursos permanentes para gasto corriente, la inversión del MRR podría ser mucho mayor al garantizarse su continuidad de cara al futuro. Esta nueva infraestructura debe incorporar los mejores estándares de eficiencia energética de construcción de nuevos edificios, en línea con los objetivos marcados.
  • Proponemos una inversión en centros educativos de primaria y ESO (1.800 millones de euros) que permita una redefinición de espacios y tiempos escolares considerando las necesidades pedagógicas y climáticas que están por venir. Planteamos dos tipos de inversiones.
    • Por un lado, la reconfiguración de espacios e hiperaulas para promover un modelo de enseñanza más cooperativo y participativo en torno al centro, que ayude a promover una mayor colaboración docente (que en España es históricamente baja), rompiendo con el concepto tradicional de un profesor-un grupo-un aula (Fernandez Enguita, 2020).
    • Por otro, planteamos que los centros educativos tengan más autonomía y suficiencia energética para dotarlos de capacidad de climatización para mantener la escuela abierta a lo largo de la jornada y el curso escolar, especialmente si tenemos en cuenta que las temperaturas van a seguir subiendo durante las próximas décadas. Para ello, planteamos inversiones relevantes en energía solar y sistemas de climatización de frío y calor en todos los centros educativos del país (especialmente en zonas de mayor temperatura).

Educación durante el coronavirus

D. Formación y capacitación del sistema (100 millones de euros)

Para lograr que las distintas iniciativas asociadas a los fondos europeos, y también a las reformas que no debemos posponer para los próximos años, es necesario que el salto de capacidad del sistema educativo vaya más allá de lo logístico y digital. La partida de formación del profesorado se vio muy mermada durante la crisis económica y solo ha recuperado entre un 10% y un 20% de dicha caída. Más allá del profesorado, es necesario invertir en la formación y capacitación de todos los actores del sistema, extendiéndolo a cuadros intermedios en educación y líderes pedagógicos locales (por ejemplo, en centros de formación del profesorado). Planteamos una inversión asociada a las inversiones propuestas y reformas que deben llegar durante los próximos años. En particular:

  • Avanzar en los planes de formación de MEFP y CCAA, en especial aquellos que tienen que ver con la digitalización y la innovación metodológica en la enseñanza. Son necesarios planes de formación digital a demanda de los centros, de tal manera que se adapten lo más posible a su proyecto educativo. Para ambas dimensiones, planteamos una inversión específica de 50 millones de euros.
  • De cara al éxito de las distintas inversiones, así como de las reformas que deberían llegar durante los próximos años, es necesario dotar al sistema educativo de un corpus de cuadros medios orientados a la gestión y al liderazgo pedagógico para lograr el éxito de las reformas y las inversiones. Esta "Unidad de implementación de inversiones y reformas" de 200 especialistas de distintos ámbitos (docentes, directores, inspectores, investigadores, técnicos de gestión de fondos europeos, emprendedores sociales) debería disponer de personal en MEFP, CCAA y en redes locales para lograr el mayor impacto posible de las inversiones y reformas que están por venir. Esto va en línea con las reformas recientes más exitosas de Dinamarca (Nusche, 2016), Portugal o Croacia. La creación de esta Unidad implicaría un gasto recurrente temporal de 50 millones de euros entre 2021 y 2027.

     

4. Coda: una estrategia integral para la equidad educativa 

La situación de pandemia, cierre escolar, y semipresencialidad está agravando las brechas que el sistema educativo ya traía desde hace años. A partir de los datos internacionales más recientes, ya sabemos que se va a producir una importante pérdida de aprendizaje, que conllevará una caída del PIB futuro, y sobre todo un aumento de las brechas educativas entre territorios, entre centros educativos y, desde luego, entre estudiantes (COTEC, 2020).

La desconexión de miles de alumnos de la escuela puede incrementar significativamente la desafección en la escuela y que el abandono virtual termine siendo abandono real

La desconexión de miles de alumnos de la escuela (ya sea por falta de equipamiento digital, por situaciones de vulnerabilidad o por falta de capacidad de los centros educativos de llegar a ellos) puede incrementar significativamente la desafección en la escuela y que el abandono virtual termine siendo abandono real. La crisis económica en la que estamos y la consiguiente pérdida del empleo de muchos padres tendrá también un impacto muy negativo sobre los alumnos, algo que ya vimos en la crisis anterior (Ruiz-Valenzuela, 2020).

A todo esto se suman los retos en términos de equidad e igualdad de oportunidades del sistema educativo español, que pueden resumirse en el alto abandono temprano y la alta tasa de repetición de curso –muy relacionados con el origen social del alumnado (Save the Children, 2019)– y, en algunas CCAA, los altos niveles de segregación escolar.

Las inversiones planteadas tienen en consideración estos retos y son condición imprescindible para mejorar la igualdad de oportunidades y la calidad del sistema. Pero será necesario complementarlas con una estrategia integral, que toque todos los ejes (presupuestario, regulatorio, formativo) y dimensiones (central, autonómica, local) de las políticas educativas.

Las consecuencias económicas, sociales y políticas de no actuar pueden ser enormes en el corto, medio y largo plazo

Planteamos el desarrollo de dicha estrategia, conjuntamente entre MEFP y CCAA, que responda a las teclas clave que pueden permitir mejorar la equidad del sistema, que fije metas e indicadores a 2025 y 2030, siguiendo el ejemplo de la Estrategia Europa 2020.

La crisis de la pandemia va a golpear con fuerza a toda una generación de alumnos, sin excepción, y lo va a hacer especialmente con los alumnos provenientes de los entornos desfavorecidos o afectados (directa o indirectamente) por la pandemia.

Las consecuencias económicas, sociales y políticas de no actuar y rescatar a toda esa generación de alumnos invirtiendo en el sistema educativo y reforzando la equidad, pueden ser enormes en el corto, medio y largo plazo. No solo están en juego las oportunidades de los más afectados por la pandemia y la crisis económica. Está en juego la recuperación económica, la inserción laboral de cientos de miles de jóvenes y la cohesión social y política de los próximos años.

Referencias:

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