Por qué hay que redefinir el greenwashing en el sector financiero

Las finanzas sostenibles y las inversiones ESG han sido objeto de una notable atención en los últimos años, a medida que los inversores han ido invirtiendo grandes sumas en carteras que se ajustan a los criterios ESG. Según estimaciones de la Global Sustainable Investment Alliance, en 2020 se invirtieron unos 35,3 billones de dólares, eso es, más de un tercio de los activos mundiales bajo gestión, conforme a criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). 

Pese a este interés creciente, el sector de la inversión carece de unos criterios claros sobre qué constituye una inversión sostenible. Esta falta de claridad suscita la preocupación de que los gestores de activos puedan calificar sus productos como inversiones sostenibles sin que estén realmente alineadas con los principios ESG. Esta práctica, conocida como greenwashing, busca atraer el dinero de los inversores sin comprometerse realmente a realizar una inversión sostenible. 

Los inconvenientes de los criterios actuales  

El greenwashing de los fondos de inversión tiene importantes consecuencias. Significa que el dinero de los inversores no es gestionado conforme a los valores que predica. Además, ello repercute en la asignación de capital, lo cual dificulta el avance de las causas sociales, ambientales y de gobernanza. 
 
Algunos expertos del sector consideran que la solución a este problema pasa por desarrollar un marco estandarizado para la inversión sostenible que tome en consideración las características únicas de cada inversión. En consecuencia, los reguladores han creado un marco a través del cual pretenden ofrecer transparencia a los inversores acerca de la sostenibilidad de sus inversiones. Así pues, el Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR) de la Unión Europea, en vigor desde marzo de 2021, establece que los gestores de activos deben clasificar los productos de inversión como sostenibles o no sostenibles y justificar dicha clasificación.  

Desinvertir en empresas que no se alinean con el ESG puede ser ineficiente para abordar cuestiones medioambientales

En noviembre de 2022, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) publicó un Documento de consulta sobre las directrices relativas a los nombres de fondos que utilizan términos relacionados con la sostenibilidad o con ESG. En concreto, la ESMA propone que cualquier fondo que contenga palabras relacionadas con los criterios ESG en su denominación debe dedicar una proporción mínima del 80% de sus inversiones a cumplir con las características medioambientales o sociales o con los objetivos de inversión sostenible.  
 
Una propuesta similar se está tramitando en los Estados Unidos (Amendment to the Fund “Names Rules”), que requiere que los fondos con nombres relacionados con los criterios ESG deben invertir al menos el 80% de sus activos conforme a las inversiones que sugiere su denominación. Esta nueva regulación se aplicaría a cualesquiera denominaciones de fondos que tuvieran “determinadas características” que incluyeran factores de inversión ambiental, social y de gobernanza.  
 
Estas recientes propuestas regulatorias son coherentes con la idea de que el compromiso de un fondo con la inversión sostenible puede medirse a partir de las calificaciones de los factores ESG de los valores incluidos en su cartera. Desde esta perspectiva, los gestores de activos que afirman que invierten en base a los criterios ESG pero que, en realidad, invierten en empresas con bajas calificaciones ESG practican el greenwashing.  

Los inversores activistas adquieren valores de empresas con bajas calificaciones ESG precisamente para mejorarlas

Sin embargo, este enfoque simplifica demasiado las cosas, puesto que la cartera de un fondo de inversión es más que una mera colección de valores. Imponer evaluaciones negativas a aquellas empresas que obtienen bajas calificaciones ESG no es el único método de que dispone el gestor de fondos para ejercer su compromiso con la inversión sostenible. Además, desinvertir en las empresas que no se alinean con los criterios ESG puede no ser el medio más efectivo de abordar las cuestiones medioambientales y sociales.  

De hecho, los datos empíricos sobre la eficacia de desinvertir en dichas empresas no son del todo concluyentes. Además, dejar de invertir en las empresas “marrones” puede resultar contraproducente a la hora de abordar la crisis climática, puesto que los activos vendidos suelen acabar en manos de empresas de capital de inversión, cuyas prácticas suelen ser más opacas. Además, si la desinversión desemboca en la liquidación de la empresa, los despidos y la reducción de los suministros de energía y de otros bienes pueden acabar teniendo consecuencias sociales perjudiciales.  

En vez de excluir valores de sus carteras, los fondos de inversión pueden actuar como inversores activistas e intentar mejorar las prácticas corporativas. Por ejemplo, pueden votar a favor de propuestas relacionadas con las políticas ESG de las empresas. Naturalmente, los inversores activistas con criterios ESG a menudo son tenedores de valores emitidos por empresas con bajas calificaciones ESG, porque su objetivo es precisamente mejorar dichas calificaciones. Tildar a estos actores de greenwashers sería un error. 

Una nueva definición de greenwashing 

Para investigar el greenwashing en la gestión de activos, en un artículo reciente titulado “Defining Greenwashing”, escrito junto con Javier Gil-Bazo y Feng Zhou, proponemos una nueva definición del greenwashing en el sector de la gestión de activos, que combina los informes ESG, las calificaciones ESG y los historiales de voto de las propuestas de los accionistas. 

De este modo, definimos como greenwashers aquellos fondos que se autodenominan fondos ESG (ya sea en su denominación o en su estrategia de inversión), obtienen unas bajas calificaciones en materia de sostenibilidad y no votan a favor de al menos el 70% de las iniciativas ESG propuestas por los accionistas en un año. 

Con esta definición, estudiamos la prevalencia de los greenwashers en el sector de los fondos de inversión estadounidenses durante el período 2016-2020 y observamos que el 23,8% de los fondos que se autodenominaban ESG eran greenwashers, a diferencia del 40% que se obtenía si se consideraban exclusivamente los fondos autodenominados ESG que tenían bajas calificaciones. 

A través de un análisis de las características de las empresas de gestión de activos y fondos, encontramos que:  

• Los fondos de las empresas de gestión de activos más grandes y más antiguas son más propensos al greenwashing.  
• Los fondos de inversión integrados en familias de fondos que han suscrito los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI) tienen un 33% menos de posibilidades de incurrir en greenwashing.  
• Los fondos que recientemente han tenido flujos más bajos de fondos también son más propensos al greenwashing. 

Estos resultados ofrecen pistas a los inversores y a los supervisores del mercado para identificar el greenwashing. 

Los inversores son capaces de identificar a los greenwashers y premiar a los primeros auténticos fondos ESG

¿Son capaces los inversores de identificar a los greenwashers? Examinando los flujos de fondos de los autodenominados fondos ESG, vemos que los inversores, en general, son capaces de distinguir los auténticos fondos ESG de los greenwashers y premiar a los primeros con un crecimiento anual medio de sus activos un 3,1% superior, equivalente a 16,5 millones de dólares. Sin embargo, los inversores institucionales son totalmente responsables de este crecimiento, porque son los únicos que son capaces de identificar qué fondos cumplen con su compromiso a favor de las finanzas sostenibles y cuáles no. En cambio, los inversores minoristas no son capaces de realizar esta diferenciación. Esta conclusión indica que los inversores minoristas y los institucionales difieren sustancialmente a la hora de evaluar la calidad ESG de los fondos de inversión. Mientras los primeros tienden a fiarse de las calificaciones ESG de los fondos y de lo que estos predican, los inversores institucionales prestan atención, además, al comportamiento del voto. 

En conjunto, nuestras conclusiones indican que, en un mercado de fondos de inversión en que el reporte de la sostenibilidad carece de una normativa específica, como ocurre en los Estados Unidos, las empresas de gestión de activos deben cumplir la promesa de invertir basándose en los principios ESG si quieren atraer a los inversores institucionales. Esta gobernanza externa parece actuar como un factor disuasorio frente al greenwashing. 

No obstante, para proteger a los inversores minoristas se requiere una mejor regulación sobre la divulgación de información relativa a los criterios ESG. La regulación actual y sus propuestas no bastan para ayudar a los inversores minoristas a identificar los fondos greenwashers, porque se centran básicamente en las calificaciones ESG y no tienen en cuenta la posibilidad de que los fondos interactúen con la empresa e influyan en el comportamiento de esta.