

¿Tienen derecho a la libertad de expresión los robots?
Hace escasamente diez años hablábamos de que los robots estaban empezando a aparecer en nuestras vidas. Hoy es una realidad admitir que forman parte de ella.

Estos sistemas de inteligencia artificial, que comúnmente denominamos robots, tienen muchas manifestaciones tecnológicas –drones, bots, asistentes virtuales...– y se han introducido en el ámbito doméstico, los servicios sanitarios, el sector público e incluso en campañas electorales.
El debate acerca de las responsabilidades jurídicas que se generan con el uso de la inteligencia artificial es permanente a nivel global y ciertamente importante. El marco regulatorio debería ser claro y preciso en este tema. En Estados Unidos dicho debate se ha avivado a propósito del uso de bots que pueden ser generadores de noticias falsas y manipuladores de personas.

En febrero de 2018, el senador Robert Hertzberg, demócrata de Van Nuys (California), inició el camino con el apoyo de Common Sense Kids Action para conseguir la aprobación de la ley BOT (Bolstering Online Transparency bill), que entró en vigor en julio de 2019.
La organización Common Sense Media busca proteger a los niños de la información falsa en las redes sociales y ha asegurado, a través de un comunicado, que actualmente existen más de 100 millones de cuentas de bots en Facebook y Twitter, al tiempo que afirma que “estas herramientas están causando estragos en estas plataformas”.
Actualmente existen más de 100 millones de cuentas de bots en Facebook y Twitter
Por su parte, el Pew Research Center informó que dos tercios (66%) de todos los enlaces tuiteados eran compartidos por presuntos robots.
Ante estas noticias, Hertzberg hace notar que "los ejércitos de robots” están ahí fuera ahora mismo, manipulando a gente real. Pues bien, sus esfuerzos se han visto reflejados en la ley BOT del Estado de California. Una ley breve (página y media) que persigue, fundamentalmente, que los bots se identifiquen como tales y que todas las personas que actúen con ellos conozcan su “identidad”. En definitiva, que los bots estén identificados en cualquier caso y de no hacerlo deberían ser eliminados en 72 horas, si se utilizan con el expreso fin de mentir o engañar a las personas.
A raíz de la aprobación y entrada en vigor de la ley BOT en California, en estos términos, las reacciones no se han hecho esperar. Una de las posiciones más críticas procede de Electronic Frontier Foundation, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco que trabaja para proteger las libertades civiles en la era digital. Los argumentos esgrimidos fundamentalmente son:
- Los bots tienen múltiples funcionalidades que van desde la poesía hasta el discurso político.
- Su eliminación comportaría atentar contra el proyecto de una persona cuya viabilidad requiere el anonimato del bot.
- Agrupar a todos los bots en una categoría y silenciarlos puede llegar a violar la libertad de expresión proclamada por la Primera Enmienda.
Surge así el debate acerca de si la Primera Enmienda se aplica o no a los robots. De acuerdo con lo establecido por dicha enmienda, no habrá aprobación de ley alguna que restrinja la libertad de expresión (el derecho a la libertad de prensa permite que las personas se expresen a través de una publicación u otro medio de difusión).
En ningún caso aparece la referencia a las personas físicas (humanas) ni al propio lenguaje (habla) humano. ¿Significa eso que la ley BOT limita la libertad de expresión silenciando a los bots? En caso afirmativo sería tanto como afirmar que la Primera Enmienda se refiere a todo tipo de expresión “humana” y “no humana”. Así lo han defendido algunos abiertamente y consideran que la ley BOT pueda ser inconstitucional.

La Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, aprobada tras la ratificación por los Estados Miembros de la Unión el 15 de diciembre de 1791 representa, como todos sabemos, la primera “constitucionalización”, en sentido moderno, de la libertad de expresión. Podemos entender que es un símbolo de la responsabilidad del poder público que, lejos de prohibir la regulación, lo que hace es proteger a sus ciudadanos de censuras y desinformación injustificadas.
Traer al debate la posible vulneración a la libertad de expresión por exigir que los bots se identifiquen como tales, no parece que sea tanto como admitir que aquellos tienen reconocida dicha libertad de expresión por sí mismos. La libertad de expresión será predicable respecto de las personas físicas que siempre existen detrás de un bot.
Intentar combatir falsedades y manipulaciones dirigidas a millones de personas mediante el mandato legal de que si se realizan a través de un bot queden identificados y haya que eliminarlos, parece que es el primer paso para evitar que el uso de la inteligencia artificial sea nocivo y burle la ley.
La Primera Enmienda tiene límites y la función del legislador es materializarlos. ¿No estará cumpliendo la ley BOT esa función? Cosa distinta es si la ley es mejorable o no, en lo relativo al establecimiento de responsabilidades al quedar excluidas las plataformas digitales.

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