Por Lola Bardají & Mónica Reig
Los gobiernos de las democracias avanzadas en una economía globalizada se enfrentan a la necesidad de dar respuesta a las demandas de una sociedad cada vez más desarrollada, compleja e interdependiente. Estos cambios del entorno social y económico ponen de manifiesto la necesidad de las administraciones públicas de buscar las máximas sinergias entre los recursos, las capacidades y los conocimientos del sector público, del sector privado y de la sociedad para dar respuesta a las necesidades colectivas.
El Estado, en las dinámicas sociedades actuales, adquiere una posición estratégica y asume el rol de garante de la regularidad, continuidad, neutralidad y calidad de los servicios a los ciudadanos, desarrollando una compleja función estratégica de interrelación entre regulación y competencia entre operadores. El Derecho debe adaptarse a esta nueva realidad en la que el Estado ya no es el único protagonista y configurarse como un sistema dinámico de reglas y mecanismos capaz de interactuar con su entorno.
Este contexto comporta una forma de gobernar más cooperativa, en la que instituciones públicas y privadas participan en la formulación de las políticas públicas y en la que la Administración utiliza fórmulas de persuasión y negociación; fórmulas basadas en la coordinación y la cooperación para movilizar recursos y capacidades del sector público, del sector privado y de la sociedad.
Los sandboxes regulatorios son laboratorios o espacios de prueba para acompasar la legislación a nuevos modelos de negocio
Tradicionalmente los legisladores, en su labor encaminada a establecer marcos regulatorios estables y seguros, han trabajado con vocación de permanencia. En los sectores regulados, la técnica legislativa utilizada va dirigida a conseguir un sólido y completo marco normativo que se mantenga en el tiempo.
El Derecho que se definía antes como producto del Estado es ahora dependiente de otros actores, que acumulan más conocimiento que el propio Estado y actúan a nivel transnacional, global y local.
Actualmente, el trepidante avance tecnológico ha impactado en la mentalidad de los legisladores, de tal modo que se afanan por evitar que la técnica legislativa tradicional pueda suponer un freno a la innovación y al desarrollo económico de sus sociedades.
Surgen a consecuencia de ello, nuevos modelos de técnicas legislativas que van desde las llamadas sunset rules a la agile regulation. Estos modelos están planteados para propiciar la existencia de un plazo de caducidad en la ley y permitir que vaya ajustándose, con una suerte de fórmula de "ensayo-adaptación".
Dentro de esa mentalidad dinámica e innovadora adoptada progresivamente por los legisladores, se enmarcan los sandboxes regulatorios, concebidos como laboratorios o espacios de prueba para acompasar la legislación a nuevos modelos de negocio que carecen de regulación, precisamente, por implicar una transformación tecnológica sin precedentes.
El sector que más está utilizando la técnica del sandbox es el financiero, ya que permite probar y valorar la aportación al mercado de productos innovadores que no encajan en la regulación existente. Todo este proceso se desenvuelve abriendo la "caja de arena" a empresas y consumidores, recogiendo y priorizando sus temores y preocupaciones.
En este ámbito, destacan los ejemplos de Reino Unido, atribuyéndose a la Financial Conduct Authority (FCA) la creación del primer sandbox regulatorio y la exportación de este concepto a todo el mundo; y Singapur con el sandbox regulatorio para las fintech impulsado por la Autoridad Monetaria de Singapur.
El sandbox es, por tanto, una nueva forma de colaboración público-privada en la que el sector público –reguladores e instituciones públicas– abre un espacio de pruebas en el que trabajar junto con el tejido empresarial y los consumidores, a fin de encontrar el punto de equilibrio entre un excesivo intervencionismo normativo, la innovación tecnológica y novedosos modelos de negocio. Un modelo de colaboración disruptivo que las instituciones públicas están implantando más allá del sector financiero.
El sandbox es una nueva forma de colaboración público-privada en la que el sector público abre un espacio de pruebas en el que trabajar con empresas y consumidores
El factor regulatorio es un elemento clave para el desarrollo de ecosistemas de innovación que atraigan talento e inversión. Crear un canal de comunicación directo entre los diferentes actores involucrados puede suponer una mejora significativa de la regulación y sus efectos. Un canal que permita a los poderes públicos identificar en mayor medida cómo integrar los conocimientos y capacidades del sector privado para construir marcos reguladores en entornos dinámicos, que garanticen el interés público de la innovación y permitan a las empresas ajustar sus propuestas de valor al interés del consumidor.
Entre los países que apuestan por utilizar el modelo sandbox para la mejora de la seguridad, bienestar y competitividad nacional, se encuentra Finlandia. El sector público finlandés está trabajando proyectos tan interesantes como la posibilidad de una "caja de arena" que desemboque en el desarrollo de una regulación que permita la transferencia y el uso secundario de los datos personales en poder de la Administración pública, cuando la persona interesada lo consienta, a través de la plataforma MyData.
Por su parte, el Hospital Central de la Universidad de Helsinki (HUCS) está trabajando en una plataforma sandbox de primer nivel donde se pueden desarrollar nuevas soluciones en colaboración con profesionales de la salud, para simplificar el tratamiento de la diabetes valiéndose de inteligencia artificial, el procesamiento de datos y el consentimiento de los pacientes. Estos proyectos se enmarcan en la estrategia nacional Age of Artificial Intelligence (2017) impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Empleo, cuyo último informe, Finland leading the way into the age of artificial intelligence se elaboró en junio de 2019.
Se trata de un buen ejemplo de cómo el sector público, a través de una innovadora técnica legislativa, puede contemplar marcos normativos más dinámicos y ajustados a las necesidades derivadas de la realidad tecnológica. El sector público debe promover la innovación evitando el freno que suponen las técnicas legislativas del pasado, compartiendo espacios de reflexión con el sector privado y la ciudadanía; de esta manera el propio sector público está innovando.
El sector público debe promover la innovación evitando el freno que suponen las técnicas legislativas del pasado
Esta innovación puede ser una palanca de desarrollo económico y progreso social. La tecnología puede desempeñar un papel clave en el desarrollo de productos y servicios disponibles actualmente, mejorando el acceso para los consumidores, aumentando la calidad o reduciendo el precio de la oferta.
El sector público puede disponer, mediante la iniciativa sandbox, de un instrumento que le permita conocer mejor las últimas innovaciones, desarrollar espacios compartidos de aprendizaje para identificar los riesgos y las potencialidades de la aplicación de la tecnología a nuevos modelos de negocio y orientar o corregir determinadas propuestas de valor de los agentes económicos hacia al interés general.
El marco regulatorio post Covid-19 será previsiblemente más exigente. Necesitamos un sector público facilitador de innovación, con capacidades institucionales que le permitan colaborar con garantías con otros actores, integrando conocimientos y capacidades del sector privado para establecer marcos reguladores que garanticen el interés y la protección de los consumidores e incentiven mercados productivos más sostenibles e inclusivos.