El precio de desacoplarnos del gas ruso

Enric R. Bartlett Castellà

Tras la invasión de Ucrania, surgen varias cuestiones acerca de sus consecuencias en distintos terrenos, más allá de la dura situación que están sufriendo los ucranianos. Una de ellas es el impacto en la seguridad, la asequibilidad y la sostenibilidad energética de la Unión Europea.

La creencia de que los vínculos económicos entre países competidores es una forma de crear una solidaridad de facto es la columna dorsal de la Declaración de Schuman (mayo de 1950) con la cual comienza la integración europea. Asimismo, tejer relaciones a través del comercio para potenciar la cooperación resultó fundamental para que la administración Nixon se aproximara a China (1979). La misma lógica explica la construcción de los gasoductos entre Rusia y Alemania (el Nord Stream 1, abierto en 2011 y 2012). Incluso después de la invasión y anexión de Crimea por parte de Rusia, continuó esta política (con el Nord Stream 2, 2018-2021).

Las crecientes tensiones con China llevaron a revisar esta política. Sin embargo, la invasión de Ucrania el 24 de febrero la han enterrado en lo relativo a Rusia, al menos con su actual liderazgo. La Comisión Europea ha declarado que poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles rusos es un tema de seguridad de la propia UE. Sin embargo, no es fácil lograrlo, teniendo en cuenta que los suministros rusos (140.000 millones de metros cúbicos (bcm) representaban el 45% de las importaciones totales de gas a la UE en 2021 y casi el 40% de todo su consumo de gas. Hungría es el país miembro de la UE más expuesto al riesgo de una suspensión del suministro de gas ruso (el 95% de sus importaciones), pero también otras economías más grandes están en riesgo por la dependencia de sus importaciones, como Alemania (65%) o Italia (43%).

El pasado 3 de marzo, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) presentó un Plan de diez puntos para reducir la dependencia de la Unión Europea del gas natural ruso. Este objetivo, aplicando todas las medidas propuestas, "podría reducir las importaciones de gas de Rusia en más de un tercio, con otras opciones temporales con el fin de ampliar estos recortes hasta más de la mitad y seguir reduciendo las emisiones".

Las diez acciones que se proponen son las siguientes: 1. No suscribir nuevos contratos de suministro de gas con Rusia; 2. Reemplazar los suministros rusos con gas de fuentes alternativas; 3. Introducir unas obligaciones mínimas de almacenamiento de gas para mejorar la resiliencia del mercado; 4. Acelerar los nuevos proyectos de energía eólica y solar; 5. Maximizar la generación de fuentes existentes gestionables y de bajas emisiones: la bioenergía y la energía nuclear; 6. Aprobar medidas a corto plazo para proteger a los consumidores de electricidad más vulnerables frente a los altos precios; 7. Acelerar la sustitución de calderas de gas por bombas de calor; 8. Acelerar la mejora de la eficiencia energética en los edificios y en la industria; 9. Promover un ajuste temporal del termostato entre los consumidores, y 10. Redoblar los esfuerzos para diversificar y descarbonizar las fuentes que dan flexibilidad al sistema eléctrico.

A continuación, quisiera compartir unas reflexiones sobre algunos de estos puntos.

Ajuste temporal del termostato y mejoras de eficiencia energética

Ajustar el termostato de la calefacción de los edificios, una acción que está al alcance de los ciudadanos, reportaría inmediatamente ahorros de energía anuales –de unos 10 bcm por cada punto de reducción (un 7% de todas las importaciones de gas ruso). Teniendo en cuenta que la temperatura media de la calefacción de los edificios en la UE es superior a los 22oC, hay margen de maniobra. Además, si se aceleran las mejoras de eficiencia energética en los hogares y en las instalaciones industriales y de servicios, como promueven los fondos NextGenerationEU, puede vislumbrarse una reducción de 2 bcm en un año. Sin embargo, para alcanzar este objetivo es preciso implementar un proceso de gestión para escalar distintas pruebas piloto. Hay mucho trabajo hecho, pero también mucho por hacer. Por ejemplo, se ha otorgado al Ayuntamiento de Rubí, cerca de uno de los campus de Esade, un fondo en el marco del proyecto European City Facilities para llevar a cabo un programa de rehabilitación de edificios financiado con ahorros reales. Esta administración local ha estado al frente de la defensa de la eficiencia energética y de la lucha contra pobreza energética, en ocasiones con el asesoramiento de nuestros estudiantes de Derecho.

Acelerar nuevos proyectos de energía eólica y solar

Para acelerar e incrementar la capacidad con fuentes alternativas de energía renovable (principalmente energía eólica y solar), es preciso invertir en instalaciones de generación a escala comercial y distribuida (desde techos solares fotovoltaicos a plantas pequeñas y medianas). Pero como la electricidad va por cable, también habrá que invertir en la red. Sin embargo, proliferan las protestas contra estos dos tipos de infraestructuras, en un resurgimiento más o menos justificado de la actitud NIMBY (“not in my backyard”, “no en mi patio trasero”). Así pues, es urgente optimizar el proceso de evaluación del impacto medioambiental, garantizar la participación de los ciudadanos, desarrollar capacidad administrativa en los organismos autorizadores, clarificar las responsabilidades administrativas, y fijar unos plazos claros. Supongamos que todos los proyectos tienen que enfrentarse a una oposición que no deja iniciar la evaluación del impacto medioambiental o retrasa durante años la decisión final, ya sea positiva, negativa o condicionada. En este caso, necesitaremos más combustibles fósiles para mucho más tiempo.

Como la red eléctrica ocupa un territorio y existe un número limitado de corredores para unir dos puntos, es preciso realizar una cuidadosa planificación territorial para optimizar la capacidad presente y futura de las redes de transporte y distribución.

Redoblar los esfuerzos para diversificar and descarbonizar las fuentes que dan flexibilidad al sistema eléctrico

Las redes de electricidad y gas son monopolios naturales, lo cual significa que un único operador actúa de un modo más eficiente que dos. Así pues, a falta de competencia, los operadores son compensados a través de las tarifas y no de unos precios determinados por el mercado. El regulador energético tiene la tarea compleja de hallar un equilibrio adecuado entre los distintos principios de fijación de la tarifa, que no es fácil de ajustar, al igual que las distintas piezas de un motor: recuperación de costes, reflectividad de los costes, eficiencia, no discriminación, transparencia, etc. Para dar curso a la transición energética con el fin de descarbonizar la economía se requieren inversiones en redes de distribución de electricidad (375.000-425.000 millones de euros de inversión en la UE-27 más el Reino Unido en el período 2020-2030). Las tarifas tiene que compensar las inversiones de los operadores en digitalización para desplegar las múltiples posibilidades tecnológicas para situar al consumidor (industrial y privado) en el centro del sistema. Sin embargo, en la UE, el esquema de remuneración más común promueve las inversiones en cobre de los operadores de red. Es urgente cambiar de paradigma en este campo, como señalan distintos estudios.

La regulación debe preservar el principio de la neutralidad tecnológica, pero es esencial avanzar en los objetivos de interés público. Si a día de hoy España puede ayudar a la UE a alcanzar el objetivo de 30 bcm en el suministro de gas adicional de fuentes alternativas, gracias a las instalaciones de regasificación de gas natural licuado (GNL) con capacidad disponible, no es por casualidad. La visión de futuro y el liderazgo de Pere Durán Farell y la tarifa regulada aprobada para financiar estas instalaciones bien lo merecen. Necesitamos la misma clarividencia y liderazgo para desarrollar el biogás y el hidrogeno bajo en carbono y hallar una vía financiera equitativa para actualizar y desarrollar la infraestructura del transporte.

La generación distribuida (GD), las pequeñas plantas próximas a los centros de consumo, presentan dos ventajas frente a la centralizada en instalaciones mayores, que ofrecen economías de escala y están situadas donde la materia prima energética (el sol, el viento) es más barata. La GD necesita menos redes y, si existe la implicación de la población local y de las comunidades de la energía, se reduce su factura y se obtienen otros beneficios comunitarios, como la lucha contra la pobreza energética. En conjunto, es otra forma de ayudar a las personas, evitando los planteamientos NIMBY.

La libertad no es gratis; siempre tiene un coste

El despertar a un mundo no deseado que supone la invasión a Ucrania exige respuestas individuales y colectivas de solidaridad con las personas que sufren. Pero también intensificar la vía hacia la descarbonización de la economía de la UE. Hoy en día, los principios de seguridad de suministro y sostenibilidad medioambiental están vinculados a la defensa de la libertad. Acaso a corto plazo resulte caro y disminuya la asequibilidad, pero somos nosotros, las personas, quienes tenemos que decidir si vale la pena pagar este precio. 

 

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