¿Quién decide qué pertenece a todos?

Cada día, millones de personas utilizan recursos compartidos, creados y mantenidos colectivamente, como Wikipedia. Esta vasta biblioteca de información se conoce como bien común digital: un recurso creado y compartido por una comunidad, en lugar de ser propiedad de una organización privada o del Estado, o estar bajo su control. Solo en agosto de 2026, los proyectos de Wikimedia recibieron 26.000 millones de visitas a sus páginas y los usuarios realizaron 49 millones de ediciones. En los 12 meses anteriores se registraron 540 millones de ediciones.

Cuando pensamos en proyectos comunitarios, tendemos a considerarlos más éticos que los recursos controlados por unos pocos individuos o empresas poderosos. Pero ¿algo se vuelve más ético simplemente por ser fruto de la colaboración? ¿Quién decide cómo debe gestionarse un recurso de este tipo? ¿Y qué ocurre cuando las personas que crean algo colectivamente no tienen la misma capacidad de influir en el uso que se hace de ello?

Los profesores de Esade David Murillo y Daniel Arenas, en colaboración con Pau Guinart, publicaron en el Journal of Business Ethics un análisis de la bibliografía existente sobre la organización de los bienes comunes. Examinaron los argumentos éticos en torno a esta forma de organización y se plantearon si las fórmulas de organización colectiva son necesariamente tan inclusivas, democráticas y beneficiosas como parecen, especialmente ahora que los bienes comunes se adentran en el mundo digital.

Qué son realmente «los bienes comunes»

El concepto de los bienes comunes es anterior a la existencia de internet. Los bosques, las pesquerías, los pastos y los sistemas de regadío solían ser gestionados colectivamente por las comunidades. Un bien común no es un recurso de libre acceso que cualquiera pueda utilizar a su antojo. Sus elementos esenciales no incluyen únicamente el propio recurso, sino también un grupo de usuarios y unas normas que regulan el acceso, el uso y la responsabilidad.

La investigación de la economista Elinor Ostrom, galardonada con el Premio Nobel, cuestionó la idea de que los recursos compartidos acabarían inevitablemente destruidos y agotados debido al egoísmo de las personas. Las comunidades pueden desarrollar —y, de hecho, han desarrollado— sistemas de normas y autogobierno que permiten gestionar los recursos de forma sostenible.

Un ejemplo real son los prados alpinos y los bosques de Törbel, en Suiza, donde los agricultores locales llevan siglos gestionando de forma cooperativa los pastos y los bosques compartidos.

Sin embargo, Murillo, Arenas y Guinart no se limitaron a examinar si la gestión colectiva funciona. Se centraron en la dimensión ética: ¿por qué podría ser valiosa la organización de los bienes comunes más allá del objetivo práctico de preservar un recurso? ¿Y están garantizados esos beneficios éticos por el mero hecho de que las personas se organicen colectivamente?

La importancia de la participación

La bibliografía existente parte de la idea de que la participación en la gobernanza es una característica fundamental de la organización de los bienes comunes. Las personas que forman parte de un bien común pueden contribuir a establecer sus normas, supervisar su cumplimiento, resolver conflictos y decidir quién puede utilizar el recurso y de qué manera.

Esta forma de participación puede aportar beneficios que van más allá de una mejor gestión. Puede reforzar las relaciones comunitarias, fomentar la responsabilidad y la reciprocidad, y proporcionar a quienes participan mayor autonomía y experiencia en la toma colectiva de decisiones.

Murillo, Arenas y Guinart sostienen que los distintos elementos de la gobernanza participativa pueden entenderse como las dimensiones básicas de la organización de los bienes comunes. Sin embargo, su análisis no concluye que la participación sea beneficiosa de manera automática. Lo que parece viable sobre el papel suele ser más complejo en la práctica. Por ello, los investigadores se preguntan cómo funciona la participación en la realidad, quién participa y si las estructuras creadas en torno a un bien común respetan realmente los valores éticos que se le asocian.

La participación no es virtuosa por naturaleza

No hay garantía de que una comunidad sea inclusiva por el mero hecho de autogobernarse.

Una comunidad cohesionada puede excluir a quienes no forman parte de ella. Los valores compartidos pueden fomentar la cooperación, pero también dificultar el disenso. Las diferencias de poder pueden determinar qué voces se escuchan y quién participa en las decisiones. Una comunidad también puede desarrollar fuertes vínculos internos y, al mismo tiempo, anteponer sus propios intereses a los de los demás.

A finales del siglo XIX, la ciudad empresarial de Pullman, en Illinois, mostró cómo una comunidad muy cohesionada también podía volverse extremadamente restrictiva. Se diseñó como una utopía exclusivamente para los empleados de Pullman Palace Car Company.

Sin embargo, aunque una identidad corporativa compartida fomentó inicialmente el orden y la cooperación, el enorme desequilibrio de poder permitió a los propietarios de la empresa acallar las voces discrepantes, controlar la vida cotidiana y expulsar a cualquiera a quien considerasen ajeno. En última instancia, los mismos vínculos que unían a la plantilla se forjaron como respuesta a un sistema que anteponía el interés de la empresa a los derechos democráticos individuales.

Por eso, los investigadores son cautos a la hora de considerar que la organización de los bienes comunes sea intrínsecamente superior a otras formas de organización. Su análisis pone de relieve los conflictos entre la cohesión comunitaria y la autonomía individual, así como entre los intereses colectivos y la igualdad en la participación.

Conviene distinguir entre los beneficios instrumentales de la organización de los bienes comunes, como la preservación de los recursos, y su valor intrínseco: la posibilidad de que la propia participación contribuya a fomentar el tipo de comunidades y de individuos que las sociedades desean promover. En otras palabras, el hecho de que una organización sea colaborativa no resuelve por sí solo las cuestiones éticas que la rodean.

Los bienes comunes digitales

El mundo digital merece un análisis propio. Las licencias Creative Commons permiten compartir y reutilizar imágenes, música, investigaciones, materiales educativos y otras obras creativas. Hay decenas de miles de millones de obras con licencias Creative Commons repartidas por millones de sitios web.

El software de código abierto es otro ejemplo. Las empresas dependen cada vez más de programas desarrollados colectivamente por comunidades de colaboradores. Una encuesta de la Linux Foundation de 2025 reveló que el 83 % de las organizaciones considera que el código abierto es importante para su futuro. Sin embargo, solo el 34 % contaba con una estrategia de código abierto claramente definida y el 26 % disponía de una oficina de programas de código abierto (Open-Source Program Office).

¿Y qué ocurre con quienes se benefician de un recurso sin contribuir en la misma medida a su creación o mantenimiento? Un pequeño número de voluntarios puede asumir gran parte del trabajo mientras un grupo mucho más numeroso se beneficia de él.

Los recursos digitales son distintos de un bosque o una pesquería. Compartir un archivo o un fragmento de código no reduce necesariamente lo que queda a disposición de los demás. Esto cambia el reto de la gobernanza. En el mundo digital, el objetivo no es evitar que un recurso se agote, sino decidir quién controla, utiliza o se beneficia de aquello que crea una comunidad.

¿Qué ocurre cuando compartir se vuelve invisible?

Hay tres motivos principales de preocupación: alienación, mercantilización y rendición de cuentas.

Las personas pueden aportar contenidos y datos a plataformas digitales sin comprender que están contribuyendo con recursos que las organizaciones comerciales pueden recopilar, controlar o monetizar.

Al mismo tiempo, las comunidades digitales pueden recurrir a la participación anónima. Las tecnologías blockchain, por ejemplo, pueden distribuir la verificación entre los participantes sin depender de una autoridad central. Esto puede reducir la necesidad de intermediarios, pero también plantea interrogantes sobre la responsabilidad, la confianza y el papel de la participación humana en la gobernanza.

Una cuestión fundamental es si los bienes comunes digitales pueden preservar las cualidades éticas asociadas a los bienes comunes tradicionales cuando la participación es anónima, está automatizada o no está vinculada a una comunidad concreta. La tecnología puede facilitar que la organización colectiva alcance una mayor escala, pero esa misma escala también puede restar visibilidad a las relaciones, las responsabilidades y las desigualdades que existen dentro de la organización.

¿Quién decide?

Como señalan los investigadores, los «límites difusos de la organización de los bienes comunes» reflejan conflictos sociales, políticos y de valores más amplios en torno a qué debería compartirse y cómo deberíamos gobernarlo.

La economía digital añade una nueva capa de complejidad. Dado que el conocimiento, el software, los datos y el trabajo creativo suelen depender de contribuciones colectivas, el acceso a un recurso compartido puede ser solo una parte del dilema.

La cuestión más fundamental quizá sea si la colaboración en sí misma debe considerarse una virtud ética o si, antes, deberíamos preguntarnos quién participa, quién se beneficia, quién contribuye y quién tiene voz a la hora de decidir qué sucede con aquello que creamos conjuntamente.