Diagnosis de la I+D en España: avance insuficiente tras una década perdida

Recientemente se han publicado las últimas estadísticas de I+D en España, correspondientes al año 2021. La inversión en I+D ascendió a 17.249 M€ (con un incremento del 9,3% respecto al 2019). Esto significa que la economía española destina un 1,43% sobre su PIB a la inversión en I+D.  

Esto supone un aumento significativo respecto a la situación prepandemia (cuando la inversión en I+D/PIB era sólo del 1,25%) pero no podemos en absoluto darnos por satisfechos. Baste comparar dicho indicador con el de las economías líderes: Israel destina el 5,44%; Corea del Sur el 4,81%; Estados Unidos el 3,45%; Suiza el 3,15%; Alemania el 3,14%; y China (un actor irrelevante en la I+D mundial hace 10 años) ya supera la media de la UE con un 2,40%.  

Se ha perdido una década lastrada por las políticas de recorte público con motivo de la crisis de 2008

Pese a la mejora relativa de los últimos años (posiblemente estimulada por la llegada de los recursos europeos del Plan de Recuperación —Next Generation EU—), la economía española destina hoy a I+D la misma proporción de PIB que en 2010. Se ha perdido una década, lastrada por las políticas de recorte público desplegadas con motivo de la crisis financiera de 2008. 

El reto no es menor: hay que doblar nuestro esfuerzo en I+D, hasta situarnos rápidamente en el 3% de inversión sobre PIB. Un objetivo que, por otra parte, era el compromiso asumido por la UE durante la cumbre de Lisboa del año 2000, cuando Europa se conjuró para convertirse en “la economía más competitiva del mundo basada en conocimiento para 2020”, inaugurando así la incumplida Agenda 2020.  

Aumento del I+D global 

Todo ello ha de hacerse en un contexto global de hipercompetición tecnológica. Los planes de recuperación post-pandemia, la mayor sensibilidad por la tecnología que originó la Covid, y la nueva guerra fría entre EEUU y China han disparado los esfuerzos en I+D globales. Según el Banco Mundial, la inversión en I+D se está acelerando significativamente a nivel mundial y ya se sitúa en el 2,63%, con un incremento del 25% en los últimos cuatro años.  

Recordemos que el pasado mes de agosto supimos que China había superado ya a EEUU en producción científica, en cantidad y en calidad. Posiblemente, aunque pasó desapercibida, fue una de las noticias más trascendentales del pasado año por lo que supone en los cambios de fondo que se están dando en la geopolítica mundial.  

Cuando una empresa destina mucho menos a I+D que sus competidores directos, o bien dispone de un modelo de negocio diferencial, o el final de la misma está a la vista. Lo mismo ocurre a nivel de competitividad nacional: o disponemos de un modelo de negocio diferencial y quizá no siempre óptimo (léase, sol y turismo), o la prosperidad a largo plazo está gravemente amenazada.  

Los niveles de inversión en I+D en España están muy lejos de lo deseable, y de lo que nos correspondería como economía. España es la 14ª economía del mundo por PIB (la 4ª de la UE), pero su inversión en I+D sobre PIB está a la cola de la OCDE, de la UE y de la Europa Mediterránea. Eso significa que la intensidad tecnológica y la productividad de la economía española son muy bajas.  

En el indicador “rey” en innovación, I+D/PIB, nos superan ya Grecia, Portugal, Hungría, o la República Checa, países que hace pocos años estaban muy por detrás de España en capacidad tecnológica. Recordemos que la inversión en I+D productivo es un indicador avanzado de la economía del futuro, que determinará la capacidad de generar empleos de calidad, y de sostener un estado del bienestar digno. La I+D de hoy es el empleo, la sanidad y las pensiones de mañana. La situación es preocupante. 

Políticas descoordinadas 

Las políticas de I+D en España han sufrido constantes inestabilidades, discontinuidades, incertidumbres presupuestarias y fragmentaciones competenciales. Hoy, la responsabilidad de la innovación se divide en cuatro ministerios: Economía, Industria, Ciencia y Universidades. Es decir, un proceso estratégico que debería vertebrar la política económica de un país avanzado se distribuye entre múltiples departamentos, sin coordinación clara entre ellos.  

En general, nadie ha asumido un liderazgo real y permanente: los gobiernos saben que disponen de ciclos de vida limitados, y que las políticas de innovación sólo darán resultado en el medio o largo plazo. La I+D no da votos. Pero tampoco la sociedad civil, ni los agentes sociales, ni siquiera las universidades han sabido transmitir el sentido de urgencia ni exigir, ni estabilizar las políticas de I+D desde una perspectiva holística y vinculada a las políticas económicas.  

La I+D se distribuye entre cuatro ministerios sin coordinación clara entre ellos

A todo ello deben sumarse la lentitud burocrática, la inflexibilidad administrativa y el exceso de controles preventivos que bloquean, en el caso de existencia de recursos, la administración ágil de los mismos. Véase la desesperante lentitud con que se están ejecutando los PERTE (Planes Estratégicos de Recuperación y Transformación Económica, financiados con fondos NextGen europeos), de los cuales se han adjudicado hasta finales de 2022 solo el 9,1%. 

Exportadores de talento 

Sin embargo, las oportunidades están ahí, y las bases están construidas: España es un país que genera y exporta talento y conocimiento. Disponemos de una red de excelentes universidades, que forma profesionales muy valorados internacionalmente. Nuestros científicos publican resultados de investigación de excelencia, muy citados en las redes globales de conocimiento. 

Se han hecho políticas científicas, pero se ha desatendido la política industrial orientada a crear tejido económico

Pero desafortunadamente no todo nuestro talento joven encuentra oportunidades en España, ni todo el conocimiento generado revierte en competitividad real, empleo y crecimiento económico.  

Hemos enfocado nuestros esfuerzos y nuestros impuestos a desarrollar un notable sistema de oferta (creación de conocimiento y talento científico, básicamente en entornos públicos) pero no hemos hecho lo propio con la sofisticación de la demanda (salto de una economía industrial a una tecnológica). Se han hecho políticas científicas, pero se ha desatendido la política industrial orientada a crear tejido económico intensivo en tecnología.  

La innovación, en minúscula 

Nuestra política pública sigue instalada en un paradigma erróneo y obsoleto, el de la famosa “I+D+i” (con la “i” de innovación en minúscula). Un paradigma que parece indicar que lo realmente importante es invertir mucho en la “I” (mayúscula) de investigación, y que la “i” (minúscula) de innovación ya se generará espontáneamente como consecuencia de la primera. 

Eso no es cierto. Investigación e innovación son dos fenómenos relacionados, pero no lineales. La política científica (investigación) genera conocimiento. La innovación, en cambio, crea crecimiento económico a partir de nuevas ideas o nuevo conocimiento. En España seguimos creyendo que con lo primero (generar conocimiento) era suficiente. Y eso se ha hecho de forma razonable.  

Sólo un porcentaje residual de las publicaciones científicas revierte en crecimiento económico

España ocupa la 11ª posición mundial en publicaciones científicas, con más de 100.000 artículos publicados en 2020, fundamentalmente en universidades y centros públicos de investigación. Generamos el 3,3% de la producción científica mundial, cuando somos aproximadamente el 0,6% de la población del mundo. Es decir, pese a que debemos seguir potenciando la producción científica y mejorando las carreras investigadoras, no podemos confundirnos: ciencia no es innovación.  

La “I” de “Investigación” no se convierte espontáneamente en “i” de innovación. Sólo un porcentaje residual de esas publicaciones científicas revierte en crecimiento económico y empleos en nuestro país. Debemos reivindicar la “I” de innovación como una “I” mayúscula, con la misma importancia que la “I” de investigación.  

No se han hecho jamás políticas robustas orientadas a estimular la I+D empresarial

Es urgente potenciar la transferencia de conocimiento y, sobre todo, priorizar la investigación industrial. El verdadero reto del sistema español de innovación es conseguir que las empresas realicen sistemáticamente actividades de investigación, orientadas a la generación de productos y procesos competitivos.  

Es un error pensar que la I+D solo se realiza en universidades y centros públicos: en los países líderes, más del 70% de la I+D se ejecuta en empresas (lo que la hace mucho más orientada a la competitividad económica). En España, las empresas únicamente ejecutan el 50% de la I+D. 

Una lectura incorrecta es pensar que “las empresas no han hecho los deberes”. Lo que realmente ocurre es que no se han hecho jamás políticas robustas orientadas a estimular la I+D empresarial, como sí han hecho otros países, y como están haciendo la mayor parte de economías avanzadas en este momento. Aprovechemos la oportunidad de los fondos de recuperación europeos, y sumémonos a la corriente de fondo global de incrementar la intensidad tecnológica de las economías.