Cómo puede la legislación española proteger mejor a los menores con discapacidad
La legislación española reconoce el derecho de los menores a celebrar determinados contratos de forma independiente, pero no establece con claridad qué apoyos necesitan quienes tienen discapacidad.
La mayoría de los adolescentes tiene un teléfono móvil, una tableta o un ordenador portátil que les permite acceder a internet, navegar y comprar productos. Pueden entender el atractivo de comprar ahora esa chaqueta que tanto les gusta y pagarla a plazos, pero ¿comprenden realmente que también tendrán que abonar intereses? ¿Qué ocurre si se retrasan en los pagos o no pueden devolver el dinero?
Para algunos jóvenes con discapacidad que afecta a su comprensión o a su capacidad para tomar decisiones, evaluar estos riesgos puede resultar más difícil. La legislación española reconoce que los menores pueden celebrar determinados contratos de forma independiente, pero el marco jurídico no establece claramente qué apoyos adicionales pueden necesitar para comprender las condiciones y sus consecuencias. ¿Cómo puede la ley proteger a estos jóvenes de los perjuicios económicos sin restringir innecesariamente su independencia?
En un artículo publicado en InDret, Núria Ginés Castellet de Esade Law School, Universitat Ramon Llull, analiza si la legislación española ofrece una protección adecuada a los menores con discapacidad que influye en su capacidad para tomar decisiones cuando deben celebrar contratos con consecuencias importantes.
Su análisis pone de relieve que algunos jóvenes podrían quedarse sin el apoyo y las garantías que necesitan para tomar decisiones con conocimiento de causa y evitar posibles riesgos económicos.
«Creo que debemos considerar seriamente la posibilidad de proporcionar a los menores con discapacidad apoyos específicos para ejercer su capacidad contractual, algo que el Código Civil no contempla actualmente», afirma Ginés.
Qué establece actualmente la legislación española
Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que genera obligaciones, como pagar por unos bienes, devolver un préstamo o aceptar la prestación de un servicio.
Que una persona sea menor de 18 años no significa que no pueda celebrar contratos. Según el artículo 1263 del Código Civil español, los menores pueden celebrar los contratos que la ley les permita y que estén relacionados con bienes y servicios de la vida corriente, adecuados a su edad y conformes con los usos sociales. En función de las circunstancias, otros contratos pueden formalizarse con la asistencia de sus representantes legales.
La ley busca equilibrar la protección con una independencia cada vez mayor. Los adolescentes pueden beneficiarse de oportunidades para tomar decisiones y aprender a gestionar sus propios asuntos. Impedirles realizar transacciones habituales simplemente por su edad reduciría sus oportunidades de convertirse en adultos responsables.
Los legisladores españoles también han tenido en cuenta la necesidad de que las personas con discapacidad conserven su derecho a la autonomía. La Ley 8/2021 reformó el marco jurídico al reconocer la importancia de ofrecer apoyos adaptados a cada persona. Sin embargo, en determinadas circunstancias, los contratos celebrados por adultos con discapacidad sin los apoyos necesarios pueden ser impugnados.
Sin embargo, las normas que protegen a los adultos con discapacidad y a los menores emancipados no ofrecen un marco formal de apoyos equivalente para los menores no emancipados con discapacidad. Como explica Ginés: «El mero recurso a la patria potestad o a la tutela, sin que se establezcan específicamente apoyos adicionales, no es suficiente para ofrecer una protección adecuada a los menores con discapacidad en el ámbito contractual».
La confluencia de dos factores de vulnerabilidad
Ginés sostiene que la edad y la discapacidad pueden interactuar y generar una vulnerabilidad mayor. Un adolescente cuya discapacidad afecte a sus capacidades cognitivas o a su capacidad para tomar decisiones puede comprender la naturaleza básica de una operación, pero tener dificultades para evaluar sus consecuencias más amplias.
Pensemos en una compra que se paga a plazos. Un joven con discapacidad puede entender qué está comprando y cuánto debe pagar cada mes, pero tener dificultades para calcular los intereses, las consecuencias de retrasarse en los pagos o las implicaciones de las posibles garantías.
Ginés no sostiene que una discapacidad impida automáticamente a una persona comprender las condiciones de un contrato. De hecho, advierte contra esa suposición. Las discapacidades son diversas, al igual que sus efectos en la capacidad de cada persona para tomar determinadas decisiones. Debemos evitar privar a los jóvenes con discapacidad de la autonomía contractual de la que disponen los demás menores.
En cambio, la preocupación es que las garantías generales pueden resultar insuficientes cuando un joven necesita ayuda adicional para comprender un compromiso, evaluar sus consecuencias o proteger sus intereses.
Por supuesto, los padres o tutores pueden prestar apoyo, pero sus responsabilidades legales habituales no cubren todas las situaciones. Por ejemplo, un adolescente podría querer solicitar un préstamo para comprar un ciclomotor o firmar un contrato de alquiler de vivienda. Si una discapacidad afecta a su capacidad para comprender las condiciones o sus consecuencias, la ayuda informal de uno de sus progenitores puede no ser suficiente. Podría necesitarse un marco jurídico más claro que establezca qué apoyos adicionales son necesarios y qué sucede si se celebra un contrato sin ellos.
Un enfoque de apoyo adaptado a cada persona
Ginés sostiene que debería desarrollarse «un sistema de asistencia reforzada» en el marco de la patria potestad o la tutela, que vaya más allá de lo que estas figuras suelen ofrecer y se adapte a las necesidades específicas del menor con discapacidad cognitiva o volitiva. El objetivo es proporcionar un apoyo proporcional a las necesidades de cada persona, sin restringir automáticamente su capacidad para celebrar contratos.
Aragón ofrece un punto de referencia para posibles futuras reformas del Código Civil común. En 2024, la comunidad autónoma modificó su Código del Derecho Foral de Aragón para abordar las necesidades de los menores de más de 14 años con discapacidad. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela deben prestarles el apoyo necesario dentro de sus facultades, pero también pueden solicitar a un juez que les conceda facultades adicionales de representación si el apoyo requerido excede esas competencias.
Este modelo no puede trasladarse sin más al Código Civil común, porque la situación jurídica de los menores mayores de 14 años en Aragón es distinta de la de los menores sujetos al marco estatal. Aun así, demuestra claramente cómo la legislación puede reconocer que algunos menores pueden necesitar algo más que las protecciones habituales vinculadas a su edad.
La propuesta no consiste en crear un sistema generalizado de restricciones ni en presumir que un joven con discapacidad no puede tomar decisiones. Se trata de establecer una vía más clara para acceder a asistencia adicional cuando los mecanismos habituales no sean suficientes. Ginés también sostiene que los legisladores deberían considerar cómo se aplican a los menores las protecciones existentes frente a la explotación de las personas con discapacidad.
Proteger la autonomía, no restringirla
Ginés plantea que la ley debería tener en cuenta cómo interactúan la edad y la discapacidad y cómo esa interacción genera vulnerabilidades específicas. En lugar de limitarse a combinar las protecciones asociadas a la infancia y a la discapacidad, las garantías deberían responder a las circunstancias particulares de los menores que reúnen ambas condiciones.
Se trata de encontrar un equilibrio. Un sistema que ofrezca poco apoyo puede dejar a algunos jóvenes expuestos a compromisos cuyas implicaciones no alcanzan a valorar plenamente. Un sistema que dé por hecho que no pueden tomar decisiones podría limitar su independencia.
Los legisladores deberían procurar que la autonomía sea efectiva: garantizar que los jóvenes con discapacidad puedan participar en la vida económica cotidiana y reciban, al mismo tiempo, la asistencia que necesitan para tomar decisiones con consecuencias más importantes.
Como señala Ginés, un marco jurídico más específico y proporcional podría contribuir a cerrar la brecha entre tener derecho a celebrar un contrato y contar con el apoyo adecuado para ejercer ese derecho.
La mayoría de los adolescentes tiene un teléfono móvil, una tableta o un ordenador portátil que les permite acceder a internet, navegar y comprar productos. Pueden entender el atractivo de comprar ahora esa chaqueta que tanto les gusta y pagarla a plazos, pero ¿comprenden realmente que también tendrán que abonar intereses? ¿Qué ocurre si se retrasan en los pagos o no pueden devolver el dinero?
Para algunos jóvenes con discapacidad que afecta a su comprensión o a su capacidad para tomar decisiones, evaluar estos riesgos puede resultar más difícil. La legislación española reconoce que los menores pueden celebrar determinados contratos de forma independiente, pero el marco jurídico no establece claramente qué apoyos adicionales pueden necesitar para comprender las condiciones y sus consecuencias. ¿Cómo puede la ley proteger a estos jóvenes de los perjuicios económicos sin restringir innecesariamente su independencia?
En un artículo publicado en InDret, Núria Ginés Castellet de Esade Law School, Universitat Ramon Llull, analiza si la legislación española ofrece una protección adecuada a los menores con discapacidad que influye en su capacidad para tomar decisiones cuando deben celebrar contratos con consecuencias importantes.
Su análisis pone de relieve que algunos jóvenes podrían quedarse sin el apoyo y las garantías que necesitan para tomar decisiones con conocimiento de causa y evitar posibles riesgos económicos.
«Creo que debemos considerar seriamente la posibilidad de proporcionar a los menores con discapacidad apoyos específicos para ejercer su capacidad contractual, algo que el Código Civil no contempla actualmente», afirma Ginés.
- Compartir en Twitter
- Compartir en Linked in
- Compartir en Facebook
- Compartir en Whatsapp Compartir en Whatsapp
- Compartir en e-Mail
¿Quieres recibir la newsletter de Do Better?
Suscríbite para recibir nuestro contenido destacado en tu bandeja de entrada..