La Ley de servicios digitales, una oportunidad para llevar de nuevo la delantera
Cuando desgranó sus orientaciones políticas para la Comisión Europea actual, Ursula von der Leyen se refirió a "una Europa adaptada a la era digital". Entre otras regulaciones, prometió una nueva norma de servicios digitales (DSA) “que mejorará nuestras normas de responsabilidad y seguridad para las plataformas, los servicios y los productos digitales y completará el mercado único digital”.
En 2020, ya se han dado los primeros pasos para cumplir esta promesa, puesto que la Comisión ha anunciado que prevé presentar esta DSA en los últimos meses del año, tras realizar una consulta pública.
Las intenciones de este paquete legislativo son nobles. Pretende actualizar la Directiva de comercio electrónico del año 2000 y proteger a los ciudadanos frente a la gama creciente de "productos, actividades y contenidos ilegales".
La difusión online de 'contenidos nocivos' e ilícitos exige regular los discursos de odio
Internet es una realidad ubicua —ahora mucho más que 20 años atrás. Basta solo con observar el predominio creciente de las redes sociales y de las plataformas online, tanto de debate como con fines comerciales. Esta nueva regulación pretende abordar dos tendencias. Por una parte, el poder creciente de una serie de empresas que pueden actuar de guardianes en sus respectivos sectores, por razón de su cuota de mercado. Y, por otra parte, la difusión online de "contenidos nocivos" e ilícitos, con un llamamiento a regular los discursos de odio y a eliminar determinados posts o vídeos de la red.
El reciente asesinato en Francia del profesor de secundaria Samuel Paty, después de que un vídeo publicado en Facebook movilizara a miles de padres musulmanes en contra de él y de sus clases, ha suscitado un renovado interés público en esta materia.
Para contrarrestar la primera de estas tendencias, se rumorea que la propuesta va a consistir en combatir las prácticas anticompetencia, como la preinstalación de apps en dispositivos, el uso interesado de las apps por parte de las empresas con control del acceso al mercado y la utilización de los datos que recogen en sus plataformas para sus propias actividades comerciales. Paralelamente, se exigiría una mayor transparencia y disponibilidad de los datos para realizar estudios. A su vez, ello contribuiría a equiparar las reglas de juego y las pymes tendrían más oportunidades de penetrar en diferentes mercados y contrarrestar las prácticas monopolísticas.
Este artículo, sin embargo, se va a centrar en la segunda tendencia, que no ha sido objeto de la misma atención que la primera en las comunicaciones de la Comisión relativas a la DSA.
Un artículo publicado recientemente por The Economist presentaba unos datos preocupantes: Facebook elimina 17 millones de cuentas falsas cada día, YouTube ha suprimido más de 11 millones de vídeos en el último trimestre del año en curso, TikTok ha eliminado 100 millones de videoclips de su red social y Twitter ha borrado casi 3 millones de tuits en la segunda mitad de este año. Todas estas cifras son mucho más altas que las de años anteriores.
Facebook elimina 17 millones de cuentas falsas cada día y Twitter ha borrado casi 3 millones de tuits en la segunda mitad de este año
Pero debemos andar con cuidado cuando se trata de controlar los contenidos de internet. Con el pretexto de proteger los derechos humanos y evitar el discurso del odio, podemos acabar contribuyendo a la censura y a la represión de la libertad de expresión, haciendo el juego a los gobiernos que quieren silenciar a la oposición. Se ha demostrado que algunas leyes para combatir la incitación al odio se han utilizado para acabar con los posts de apoyo a los colectivos LGTBI+, por ejemplo.
Este dilema se enmarca dentro del debate más general entre las democracias "militantes" y las "no militantes". Mientras estas últimas permiten cualquier manifestación política que no intente atentar contra la Constitución y contra el Estado de derecho, las primeras dictan disposiciones contra aquellos movimientos y partidos políticos que desafían los principios de la democracia. Sea cual sea su intención, esta vía puede llevar fácilmente a prohibir cualquier manifestación de desacuerdo con el Gobierno.
Y ahora ha surgido un problema añadido con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y a raíz de la pandemia. Desde el momento en que numerosos trabajadores encargados de gestionar los contenidos de las redes sociales tuvieron que recluirse en sus hogares debido a los confinamientos, la continuación de su labor quedó en manos de la IA.
No obstante, los datos indican que las máquinas eliminan más contenidos que los controladores humanos y, además, siguen teniendo problemas a la hora de identificar qué es realmente nocivo. Ello las ha llevado a suprimir, por ejemplo, noticias de salud sobre la covid-19 o informes sobre crímenes de guerra en Siria.
La IA todavía no tiene la capacidad de entender los códigos culturales, los contextos ni las últimas tendencias de las redes sociales en materia de "memes". Si estas redes se negaran a ampliar el número de gestores humanos de contenidos y optaran por basarse exclusivamente en las máquinas, nos estaríamos precipitando aún más por la peligrosa pendiente de limitaciones a la libertad de expresión.
Por todo ello, se ha criticado mucho la idea misma de "contenido nocivo", porque bajo esta etiqueta pueden incluirse desde noticias falsas hasta ataques legítimos contra un gobierno o contra un partido político, y puede instrumentalizarse fácilmente para restringir el poder de los opositores políticos. Ante estas preocupaciones, la comisaria Jourová ha insistido en que sus planes no consisten en abordar los contenidos "nocivos" sino los ilícitos, y centrarse específicamente en cómo se expanden por la red; eso es, abordar la "libertad de alcance" de estos contenidos.
Se ha criticado mucho la idea misma de 'contenido nocivo', porque bajo esta etiqueta pueden incluirse desde noticias falsas hasta ataques legítimos contra un gobierno
Esta es una forma de regulación más prometedora, pues parece más proporcionada y menos peligrosa para la libertad de expresión. Algunas leyes nacionales recientes, como la Avia en Francia, reclaman mayor regulación y control de las redes sociales, con disposiciones tales como la retirada obligada en 24 horas de los contenidos tildados de "ilegales" por los usuarios, con una definición muy amplia de "ilegal".
El Tribunal Constitucional francés ha revocado estas disposiciones de la ley, junto con otras prescripciones (como los poderes que se otorgaban a la Alta Autoridad de la Comunicación Audiovisual francesa), con el argumento de que no se cumplen los requisitos de proporcionalidad, adecuación y necesidad para restringir la libertad de expresión. Sería más respetuoso con los valores liberales, y también más efectivo, intentar impedir la propagación de determinados mensajes, más que prohibir su emisión.
La DSA es una oportunidad que tiene la UE para tomar de nuevo la delantera, proporcionando una "Constitución" adecuada a internet y mejorando su poder regulatorio.
Esta propuesta debe ser algo más que un mero fortalecimiento de la competencia en el mercado europeo. Si bien es, sin duda, un elemento positivo, tiene que haber también una acción decidida para regular las redes sociales. Esta regulación ha de ser proporcionada a su finalidad y evitar multas excesivas o plazos temporales poco realistas para la eliminación de los contenidos ilegales. Debe centrarse en impedir la propagación de los mensajes de odio, y no en intentar eliminar contenidos considerados “nocivos”. La libertad de expresión es uno de los valores fundamentales de las democracias liberales e, incluso en tiempos de dificultades, debemos procurar protegerlos frente a la tentación de silenciar lo que no nos gusta.