Cuando la regulación medioambiental obstaculiza la innovación ecológica
¿Pueden las normas medioambientales diseñadas para que las empresas sean más sostenibles acabar frenando la innovación que necesitan para lograrlo?
Animar a las empresas a adoptar prácticas más sostenibles y respetuosas con el medioambiente mediante la regulación ambiental parece una buena idea. Pero ¿es viable para las pequeñas empresas que disponen de recursos económicos, personal y tiempo limitados?
Una nueva investigación de Cristina Sancha, profesora de Esade, y sus coautores apunta a que, al menos en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) B2B de Chile, una regulación medioambiental más estricta puede dificultar en ocasiones que la innovación se traduzca en medidas concretas de sostenibilidad.
La cuestión no es si las normas medioambientales son necesarias, sino si las empresas tienen capacidad para ir más allá del mero cumplimiento y responder a ellas de forma eficaz. En un estudio de 140 pymes B2B chilenas, los investigadores observaron que, aunque la orientación a la innovación y al cliente pueden facilitar la implantación de estrategias empresariales ecológicas, la presión para ajustarse a la normativa puede consumir precisamente los recursos necesarios para poner esas capacidades en práctica.
Chile ofrece un contexto especialmente relevante. Las recientes reformas normativas buscan reducir el tiempo y la complejidad que conlleva la obtención de permisos. En 2025, el Gobierno introdujo un nuevo marco destinado a reducir entre un 30 % y un 70 % los plazos de concesión de permisos sectoriales, manteniendo al mismo tiempo las normas medioambientales y técnicas vigentes.
Dos vías para avanzar hacia una mayor sostenibilidad
El estudio pretende responder a una pregunta sencilla: ¿qué ayuda a una pequeña empresa B2B a pasar de las intenciones medioambientales a la aplicación efectiva de estrategias empresariales ecológicas?
Los investigadores se centran en dos características. La orientación a la innovación, que describe la disposición de una empresa a experimentar con ideas novedosas y buscar nuevos métodos para resolver problemas. También evaluaron la orientación al cliente: comprender las necesidades de los clientes empresariales y aprovechar ese conocimiento para orientar las decisiones sobre productos, servicios y procesos.
Ambas son importantes. Los resultados mostraron que tanto la orientación a la innovación como la orientación al cliente tenían efectos positivos de magnitud similar a la hora de impulsar la implantación de estrategias empresariales ecológicas. Esto quizá sea una buena noticia para las pequeñas empresas: no tienen por qué elegir necesariamente entre invertir en innovación o responder a las necesidades de sus clientes.
La presión de los clientes es especialmente importante en los mercados B2B. Los requisitos de sostenibilidad suelen llegar a los proveedores más pequeños a través de la cadena de suministro, procedentes de grandes compradores corporativos. En las entrevistas realizadas después de la encuesta, un directivo de una pyme explicó que las licitaciones de sectores como el transporte, la minería y la banca podían conceder más puntos a los proveedores que contaran con certificaciones de sostenibilidad o productos ecológicos certificados.
La regulación puede socavar la innovación
El resultado más inesperado del estudio tiene que ver con la regulación.
Los investigadores esperaban que cuanto más sólida fuera la regulación medioambiental, más innovarían las empresas y crearían estrategias empresariales ecológicas. Sin embargo, observaron que la rigurosidad normativa tenía un efecto restrictivo. A pesar de contar con una marcada orientación a la innovación, las pymes tenían más dificultades para trasladar esa capacidad innovadora a estrategias ecológicas cuando operaban en entornos con una regulación más estricta.
Las entrevistas cualitativas ayudan a explicar por qué. Según recogen los investigadores, un directivo describió la brecha entre la ambición normativa y la realidad práctica: en teoría, los requisitos pueden ser valiosos, pero, cuando comienza su aplicación, la empresa quizá simplemente no disponga de los medios necesarios para hacerlos efectivos. Otro directivo señaló que los elevados costes y las cargas administrativas del cumplimiento pueden ahogar la innovación, especialmente en las pymes.
Esto sugiere que, cuando los recursos de una organización son escasos, la regulación puede competir directamente con la innovación. Si el dinero y el tiempo de gestión se destinan a cumplir los requisitos normativos inmediatos, no pueden invertirse al mismo tiempo en experimentación, desarrollo de productos o nuevos procesos de producción.
Por qué la regulación tiene este efecto
Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué una regulación concebida para fomentar las estrategias ecológicas puede, en realidad, obstaculizar el avance hacia la sostenibilidad? Los investigadores señalan tres cuestiones.
En primer lugar, cumplir la normativa cuesta dinero. Puede absorber recursos financieros y de gestión que las pymes podrían dedicar a la innovación. En segundo lugar, cuando las normas no están claras, aumenta la incertidumbre y las empresas se muestran más cautelosas a la hora de invertir en soluciones cuyos beneficios no son evidentes de inmediato. En tercer lugar, una aplicación incoherente o técnicamente deficiente de la normativa puede minar la confianza necesaria para realizar inversiones a largo plazo.
Sancha y sus colegas sostienen que el problema no es simplemente la rigurosidad normativa. Es el desajuste entre las exigencias regulatorias y los recursos y la realidad de las empresas más pequeñas.
En el caso de Chile, el Estudio Económico de Chile 2025 de la OCDE identificó unas cargas regulatorias y administrativas relativamente elevadas, y señaló la complejidad de los procesos de concesión de permisos, su larga duración y las múltiples rondas de observaciones. El informe indicaba que las evaluaciones de impacto ambiental tardaban una media de 25 meses.
Los clientes importan, pero la regulación también afecta a esa relación
La orientación al cliente, es decir, el deseo de satisfacerlo, no permite eludir este problema.
El estudio constató que las empresas orientadas al cliente tenían más probabilidades de impulsar estrategias empresariales ecológicas. Sin embargo, las exigencias del entorno regulatorio prevalecían sobre la relación de la empresa con el cliente. Los datos apuntan a que esto se debe a que, para las pymes, las demandas de los clientes y los requisitos normativos no son presiones independientes: compiten por los mismos recursos limitados.
Una empresa puede querer ofrecer un producto más ecológico para responder a la demanda de un cliente importante, pero quizá tenga que asumir costes adicionales porque el producto también debe cumplir requisitos regulatorios complejos. A medida que aumentan esos costes, la empresa puede tener menos capacidad para responder a las expectativas de sostenibilidad del cliente.
Por tanto, para las pymes B2B, avanzar hacia una mayor sostenibilidad implica gestionar tanto las demandas del mercado como las institucionales. Ser innovadoras y escuchar a los clientes son capacidades valiosas, pero su eficacia depende en parte del entorno en el que opera la empresa.
¿Cómo debería ser la regulación?
El estudio nos lleva a plantearnos lo siguiente: ¿cómo puede la regulación fomentar el comportamiento que pretende impulsar? La respuesta propuesta no consiste en debilitar la regulación.
Chile ya está intentando abordar este reto. Su nueva Ley de Autorizaciones Sectoriales, que entró en vigor en septiembre de 2025, permite tramitar permisos en paralelo e introduce una plataforma digital única, con el objetivo declarado de reducir los tiempos de espera sin rebajar los estándares medioambientales.
Para los responsables políticos, el mensaje que se desprende de esta investigación es que la ambición medioambiental y la eficiencia regulatoria no deben considerarse objetivos contrapuestos. Unas normas más claras, una aplicación más previsible y un apoyo que ayude a las pymes a cumplir los requisitos podrían dejar a las empresas más capacidad para experimentar y desarrollar soluciones verdaderamente sostenibles.
Para los directivos, la relevancia de esta investigación es práctica: la innovación y las buenas relaciones con los clientes siguen siendo fuentes importantes de oportunidades de negocio ecológico. Sin embargo, las empresas quizá deban vigilar cuidadosamente los recursos financieros, de gestión y humanos que destinan a la innovación, y procurar que los esfuerzos necesarios para cumplir la normativa no los absorban por completo.
Encontrar el equilibrio
La transición ecológica exige normas medioambientales ambiciosas que las empresas puedan cumplir de forma realista.
Las grandes corporaciones pueden absorber los costes del cumplimiento gracias a sus cuantiosos recursos y a sus equipos especializados. Para una pyme, la situación es distinta: los mismos requisitos pueden competir directamente con el tiempo y el dinero necesarios para desarrollar el siguiente producto o proceso más limpio.
El estudio pone de relieve el gran reto al que se enfrentan los responsables políticos: si se espera que las pymes innoven para avanzar hacia una economía más ecológica, la regulación debe hacer algo más que exigir cambios. Debe dejarles capacidad suficiente para hacerlos posibles.
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