Los retos legales de las nuevas tecnologías surgidas de la crisis sanitaria

Por Xavier Ribas

Autores: Xavier Ribas & Ramon Baradat

De toda crisis, siempre hay quien sale reforzado. Y no hay duda de que el gran beneficiado de esta crisis sanitaria está siendo el sector tecnológico, debido a la aceleración del proceso de transformación tecnológica que han tenido que abordar las empresas. Y, aunque las nuevas tecnologías son nuestras principales aliadas en la lucha contra la Covid-19, es evidente que su uso tiene un precio, también desde la perspectiva legal.

Por ello, es responsabilidad de los profesionales de este sector analizar las propuestas que se plantean a diario, identificar sus riesgos y tomar las medidas oportunas para minimizar el impacto de la tecnología en los derechos y las libertades de las personas interesadas. Veamos algunos ejemplos.

En primer lugar, tenemos las apps tan comentadas que ofrecen autoevaluaciones de la Covid-19 y que implican el tratamiento en gran volumen de datos personales y de datos sensibles como los de salud. Algunas de estas aplicaciones hacen uso de la geolocalización para verificar que el usuario se halla en la comunidad autónoma en que declara estar. Tanto la Comisión Europea como la AEPD ya han manifestado sus opiniones sobre estas herramientas, siempre que cumplan en todo momento las directrices y los criterios que han emitido, así como la normativa vigente de protección de datos. Las autoridades de control coinciden en el criterio de que las bases de legitimación de este tipo de tratamientos son el interés público y el interés vital de contención de la pandemia.

Es responsabilidad de los juristas trabajar para minimizar el impacto de la tecnología en los derechos y las libertades de las personas interesadas

También a propósito de la geolocalización, más controvertido ha sido el anuncio del nuevo estudio DataCovid-19, que usa los datos de las operadoras para analizar el movimiento de los ciudadanos durante esta crisis. El estudio busca conocer si, tras la entrada en vigor de las medidas de contención, aumentan o disminuyen los movimientos de la población entre territorios, si hay áreas con una mayor aglomeración o afluencia, o si hay zonas con una alta concentración de población en relación con su capacidad sanitaria. Según se ha informado, estos datos se facilitan de manera agregada y anonimizada, previniendo un seguimiento personalizado de nuestros movimientos, aunque ello no ha estado exento de críticas por la falta de transparencia e información.

Coronavirus controls
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Por su parte, el sector empresarial también se ha visto revolucionado. En cuestión de días, muchas empresas que durante años se habían mostrado escépticas con relación al teletrabajo se han sumado a esta medida como una de las pocas que pueden ayudar a paliar los efectos económicos del estado de alarma.

Pero, evidentemente, su uso supone estar expuestos a nuevos riesgos, que deben tomarse en consideración y de los cuales algunas organizaciones ya han sido víctimas. En particular, tanto el CCN-CERT como la AEPD han advertido de un repunte de las campañas de phishing y han emitido recomendaciones sobre la seguridad en los puestos de trabajo remotos, con especial énfasis en la ingeniería social.

Como resultado del aumento del teletrabajo, las empresas deben garantizar la aplicación real de políticas dirigidas a preservar la intimidad de los trabajadores

Las organizaciones deben establecer políticas y procedimientos internos, así como revisar los existentes, para que se adapten a esta nueva realidad y ayuden a eliminar, o al menos a mitigar, los riesgos asociados al teletrabajo. Estas estrategias tienen en cuenta que es más fácil engañar a una persona aislada que a un equipo que trabaje de forma cohesionada, pese a la distancia.

Junto con el teletrabajo, también han adquirido mucho peso los derechos digitales introducidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de diciembre de 2018. Estos derechos establecen garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, así como para garantizar su derecho a la desconexión digital, esto es, su derecho a no contestar llamadas o comunicaciones hasta que comience la jornada laboral y a que la empresa respete su tiempo de descanso.

Las empresas deberán garantizar la aplicación real de las políticas que concreten las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión, así como formar a los trabajadores sobre cómo hacer un uso razonable de los dispositivos que la empresa pone a su disposición.

Zoom Covid-19
Algunas aplicaciones de videoconferencia han sido objeto de críticas porque comprometían la privacidad (Foto: Daria Ni/Twenty20)

Por otro lado, también es muy importante elegir adecuadamente las herramientas que van a utilizarse para comunicarse, ya sea para teletrabajar o para tratar cuestiones más de índole personal. A lo largo del último mes, hemos visto diversos casos de aplicaciones de videoconferencia que han sido objeto de críticas porque presentaban ciertas vulnerabilidades que comprometían la privacidad y la seguridad de las comunicaciones. Probablemente, uno de los casos más mediáticos ha sido el de la aplicación Zoom, que se ha visto obligada a parchear y actualizar constantemente sus servicios para cumplir con unas mínimas garantías.

Finalmente, el CCN-CERT ha emitido un documento en que considera asumible el riesgo de usar Zoom para reuniones cuyo contenido no sea muy sensible, para clases escolares y para tratar de asuntos rutinarios fuera de la oficina. El documento contiene también unas recomendaciones de uso que las empresas deben seguir.

Los anteriores son solo algunos de los retos legales más inmediatos, relacionados con las nuevas tecnologías, que se nos han planteado durante la gestión de la crisis sanitaria. Pese a ello, no parece descabellado pensar que los cambios que estamos viviendo han venido para quedarse. Por tanto, los profesionales del sector legal debemos estar a la altura de las circunstancias y aportar nuestros conocimientos en esta transición tecnológica que nos ha tocado vivir.

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