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Koldo Echebarria

Fotografia: Oxi.Ap (Flickr)

Tenemos tendencia a interpretar la realidad latinoamericana con muchos prejuicios. Es habitual que los gobiernos sean sospechosos de excesos de fuerza y que los ciudadanos que se manifiestan parezcan víctimas de alguna gran injusticia. Durante mi larga etapa en el Banco Iberoamericano de Desarrollo, percibí como algunos gobiernos occidentales y organismos internacionales tienden a reforzar estos sesgos. ¿Se los imaginan criticando y exigiendo explicaciones a los Estados Unidos por la violencia policial o por la pena de muerte? Se me ocurre esta reflexión a propósito de Colombia, donde, tras un proyecto de reforma tributaria, han estallado graves disturbios, con numerosas víctimas.

Llaman la atención la interpretación simplista de la realidad y una actitud implícita de superioridad, de mirar por encima del hombro a un país de cuya trayectoria tendríamos mucho que aprender. Todos los países, unos más que otros, admiten que la calidad de sus instituciones puede mejorar, pero no comparto la idea de que unos se permitan aleccionar a otros. A modo de ejemplo, si ajustamos la calidad institucional por el nivel de renta, Colombia no está peor que España o Chile, y Costa Rica o Uruguay están relativamente mejor. Tampoco es justo que la vara de medir dependa del poder relativo del país, de su atractivo comercial o de clichés ideológicos; no deja de sorprender la lente con que algunos miran a Venezuela o Cuba, instando al diálogo, frente a la que utilizan para Colombia o Chile, poniendo el acento en los excesos policiales.

Colombia ha tenido que lidiar con enormes dificultades internas y externas en los últimos años, y lo ha hecho con singular mérito. Ha sido el país de la región más sacudido por la violencia terrorista, financiada por el narcotráfico, y con santuarios en los países vecinos. El proceso de paz fracturó el país y la desmovilización de miles de excombatientes no es algo que se pueda resolver sin brotes de violencia. Por añadidura, Colombia acumula a un gran número de desplazados internos, a los cuales se han sumado millones de venezolanos en un éxodo comparable al de Siria, pero sin apenas ayuda externa. Pese a ello, el país exhibía antes de la pandemia los mejores indicadores sociales de su historia y es un ejemplo a seguir en políticas tan diversas como la atención a los mayores, el apoyo al empleo, el emprendimiento, las políticas de género y de juventud o los derechos de los pueblos indígenas.

Colombia ha tenido que lidiar con enormes dificultades internas y externas en los últimos años, y lo ha hecho con singular mérito

La pandemia ha caído como una losa sobre esta realidad y el Gobierno colombiano ha intentado incrementar la tributación directa (que es muy baja) para financiar la cobertura de las necesidades sociales. Es importante señalar que Colombia, a diferencia de otros muchos países, no ha dejado de pagar a sus acreedores desde la Gran Depresión. La reforma era técnicamente solvente y de claro signo redistributivo, pues garantizaba una renta básica a las personas de ingresos más bajos. El problema es que imponía una carga adicional sobre la clase media-baja, y ello ha sido la mecha que ha hecho estallar el conflicto. La movilización de la clase media-baja ha servido para defender los intereses de las clases alta y media-alta. La cercanía de las elecciones presidenciales el próximo año ha hecho el resto.

Me pregunto qué ocurriría en España si no tuviéramos un Banco Central Europeo que compra deuda por cientos de miles de millones de euros y una Unión Europea que pone sobre la mesa cantidades ingentes en forma de subvenciones y préstamos. Colombia y otros muchos países dependen de sí mismos, con los mercados al acecho y una alta conflictividad social subyacente. No es justo mirarlos por encima del hombro.

Si los países de América Latina se caracterizan por algo no es por la fortaleza, sino por la debilidad de su poder ejecutivo. Las reformas se enfrentan a procesos legislativos sinuosos, por lo cual se dice que la mejor reforma tributaria es la que aprueba el Congreso. Los partidos políticos no se caracterizan por la disciplina ni por la unidad programática, sino por la fragmentación y por el personalismo de sus miembros. La calle no es solo un espacio pacífico de manifestación colectiva, sino que también se infiltra de intereses oscuros y de fuerzas antisistema que buscan sacar partido de la violencia. En este contexto, los errores y los abusos policiales se convierten en el principal riesgo de que un conflicto escale.

Biden-Latam
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Todo esto se produce, como en Chile, en medio de una grave crisis del sistema político, amenazado por una desconexión cada vez mayor con respecto a la sociedad. Ahora bien, la calle puede canalizar derechos, pero no debe ser una institución dirimente de los conflictos políticos. Contemporizar con esta lógica supone acentuar la vulnerabilidad de las instituciones y dificultar aún más las reformas que permitan recuperar la legitimidad.

Durante la pasada crisis financiera, el Banco Interamericano de Desarrollo compartió en Europa la experiencia latinoamericana en la gestión de las crisis pasadas (su entonces presidente Luis Alberto Moreno decía, con razón, que “la región acumulaba muchos doctorados en la materia”). La acogida, sin embargo, fue bastante tibia, como la de un titulado al cual un estudiante trata de enseñar algo que se supone que ya sabe. Lo cierto es que, de haberse tomado en serio el aprendizaje, se habrían evitado algunos errores y anticipado varios problemas. América Latina también tiene muchos doctorados en conflictos sociales y en reformas fallidas de las cuales, por lo que viene, nos vendría muy bien aprender.

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