La opinión sobre China está remodelando el sector energético de Sudamérica

Silenciosa y discretamente, la influencia de China se está consolidando en los cimientos de la política sudamericana. El peso global de China ya no se limita al comercio y la inversión; ahora está moldeando activamente las políticas económicas de regiones enteras. Siendo hoy en día el mayor socio comercial de Sudamérica, la presencia financiera de China está impulsando un cambio en la gobernanza de los mercados eléctricos. Desde la década del 2000, países como Bolivia, Argentina y Uruguay se han alejado cada vez más de la liberalización del mercado para adoptar el capitalismo estatal, dando paso a un mayor control gubernamental de sus sectores eléctricos. 

Un estudio reciente de Ariel A. Casarin (Universidad Adolfo Ibáñez) y de Angel Saz-Carranza, profesor y director de EsadeGeo, publicado en Energy Research & Social Science, encuentra una fuerte correlación entre una opinión pública favorable hacia China y un aumento de la intervención estatal en los mercados eléctricos de Sudamérica. “La nacionalización, la reversión de la integración vertical y el debilitamiento de la independencia regulatoria se han convertido en prácticas generalizadas”, afirma la investigación. “En la última década, Bolivia, Ecuador y Venezuela han nacionalizado activos que previamente habían sido privatizados, mientras que Argentina ha intervenido en el sector energético politizando los organismos reguladores.” 

La creciente legitimidad de China como modelo económico está influyendo en las decisiones de política pública

Esta dinámica ya era visible entre el 2000 y el 2015, incluso antes de la implantación de políticas actuales tan conocidas como la Nueva Ruta de la Seda (Belt and Road Initiative o BRI). A través de la BRI, diseñada para reforzar las rutas comerciales, China ha desarrollado importantes infraestructuras en la región. Entre los proyectos figuran un mega puerto en Perú, ferrocarriles en Brasil, carreteras y puentes en Venezuela, y otros. 

Además, el Latin America Policy Paper de China de 2016 subraya su compromiso con la cooperación energética en la región, destacando la inversión en redes eléctricas y proyectos de energía limpia. Pero, más allá del impacto de esta inversión directa, el estudio de Casarin y Saz-Carranza identifica una influencia más sutil: la creciente legitimidad de China como modelo económico está influyendo en las decisiones de política pública. Esta tendencia puede resumirse con las palabras de la exvicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien en un discurso en 2022 afirmó: “El sistema capitalista más eficiente —en términos de creación de empleo— es el de China”. 

China vs. EEUU: una batalla de modelos económicos 

Dos modelos de gobernanza económica compiten por definir la política energética global: el capitalismo regulador, asociado a Estados Unidos, y el capitalismo estatal, ejemplificado por China. 

• Las reformas neoliberales del sector eléctrico, inspiradas en el modelo estadounidense, favorecen la privatización y la competencia del mercado. Las empresas privadas generan y distribuyen electricidad, con precios fijados por la oferta y la demanda. El objetivo es que la competencia mejore los servicios, reduzca los costes y atraiga inversión extranjera. 
• El enfoque de China, en cambio, está liderado por el Estado. El gobierno desempeña un papel activo, a menudo es propietario de las principales compañías eléctricas, fija los precios de la electricidad y controla el acceso al mercado. Este modelo prioriza la estabilidad y la asequibilidad, aunque también puede dar lugar a ineficiencias, menor competencia y falta de innovación. 

En las dos últimas décadas, el sector eléctrico de Sudamérica ha oscilado entre estos dos enfoques, combinando elementos tanto del control estatal como de la liberalización del mercado. Aunque muchos países han introducido reformas como la desintegración de monopolios y la privatización, los gobiernos siguen manteniendo un control firme sobre áreas clave como la generación y la transmisión de electricidad. Desde mediados de la década de 2000, el avance hacia la ruptura de los monopolios energéticos se ha estancado en gran medida, con pocos países adoptando la competencia mayorista y ninguno optando por la competencia minorista, lo que contrasta claramente con Estados Unidos y Europa. 

Lo más llamativo es la frecuencia con la que las políticas han cambiado de rumbo. Durante el periodo estudiado, sí como algunos gobiernos han avanzado hacia principios de libre mercado (Chile y Perú), muchos han dado marcha atrás (Argentina, Ecuador, Venezuela y Brasil), reforzando en su lugar la influencia del Estado. Más que una evolución constante hacia la desregulación, el mercado energético sudamericano se ha convertido en una especie de tira y afloja político en el que los esfuerzos de liberalización son con frecuencia revertidos o matizados por una renovada intervención estatal. 

La opinión pública sobre China

Numerosos estudios coinciden en que la opinión pública sobre China en Sudamérica es, en general, positiva. El trabajo de Casarin y Saz-Carranza concluye que el sentimiento de la población hacia China influye significativamente en las reformas económicas, incluso si los ciudadanos no exigen explícitamente cambios en la política eléctrica. Los investigadores analizaron datos de opinión pública del Latinobarómetro y otras encuestas independientes, junto con datos a nivel nacional del periodo 2000-2015, utilizando informes del Banco Interamericano de Desarrollo para elaborar un índice que mide la liberalización del mercado eléctrico. También recurrieron a datos de GDELT sobre el sentimiento de las noticias sobre China en cada país. El resultado fue un patrón claro: cuanto más favorable es la opinión de la población sobre China en comparación con Estados Unidos, mayor es la probabilidad de que su gobierno adopte políticas eléctricas lideradas por el Estado. 

El verdadero debate no es sobre control público o privado, sino sobre cómo equilibrar sostenibilidad, accesibilidad y viabilidad económica

Esta tendencia quedó patente en la nacionalización, en 2012, de la principal empresa de transmisión eléctrica de Bolivia, que antes estaba controlada por una compañía española. La medida se presentó como un paso hacia la soberanía energética, pero generó inquietud sobre la seguridad de las inversiones. “Es una locura invertir en Bolivia, y este es un ejemplo perfecto de por qué”, afirmó Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas, en una entrevista con NACLA. “[El presidente] está tomando medidas que garantizan que la inversión se agotará aún más.” 

Las industrias estatales en Bolivia suelen padecer ineficiencia y mala gestión. El gobierno a menudo carece de los recursos y la experiencia necesarios para garantizar un suministro energético fiable y sostenible, lo que podría lastrar el desarrollo a largo plazo del sector. 

Argentina siguió un camino similar. Tras privatizar su sector eléctrico en los años noventa, el gobierno dio marcha atrás en la década de 2000, culminando en 2012 con la renacionalización de YPF, su mayor empresa petrolera. Aunque la medida pretendía asegurar los recursos energéticos nacionales, sacudió la confianza de los inversores, provocando la fuga de capitales y conflictos legales. 

Uruguay, en cambio, nunca adoptó plenamente la privatización. Su empresa estatal, UTE, ha mantenido el control del sector eléctrico durante más de un siglo. Esta estrategia a largo plazo ha permitido a Uruguay invertir fuertemente en energías renovables, posicionándose como un líder mundial en energía sostenible. Hoy en día, más del 90 % de la electricidad de Uruguay proviene de fuentes renovables, demostrando que la propiedad estatal, cuando se gestiona de forma eficaz, puede ofrecer resultados positivos. 

Pros y contras de la influencia de China

Rechazar las políticas energéticas neoliberales puede tener consecuencias importantes para los países. Como se ha visto en Bolivia y Argentina, el aumento del control estatal es una señal desalentadora para la inversión extranjera y puede reducir la eficiencia. La politización de los organismos reguladores socava la confianza en el mercado y puede desestabilizar las economías que dependen de las exportaciones de energía y del capital extranjero. 

No obstante, la intervención estatal también permite a los gobiernos dar prioridad a la seguridad y la sostenibilidad energética a largo plazo. Países como Uruguay han utilizado con éxito el control estatal para impulsar la adopción de energías renovables. Si el modelo económico de China sigue ganando adeptos, podrían producirse cambios similares en otros sectores estratégicos, como las infraestructuras, las telecomunicaciones y los recursos naturales. 

¿Le importa a la población estos cambios de política? La mayoría de los ciudadanos prioriza disponer de energía asequible y fiable por encima del debate ideológico sobre el control estatal o privado. Las empresas públicas pueden centrarse en la estabilidad a largo plazo y el acceso equitativo, mientras que las privadas suelen enfatizar la eficiencia y la reducción de costes. El verdadero debate no es simplemente sobre control público o privado, sino sobre cómo equilibrar la sostenibilidad, la accesibilidad y la viabilidad económica. 

Queda por ver si el aumento del control estatal conducirá a una estabilidad a largo plazo o a un estancamiento, pero hay algo claro: el modelo económico de China está transformando profundamente el panorama energético de Sudamérica.