Cómo reducir el efecto de la IRA en las inversiones verdes europeas
La respuesta de la UE a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de EEUU puede ser infructuosa. Es necesaria una estrategia unificada para atraer la inversión en tecnologías verdes.
Según los autores de un nuevo informe publicado por EsadeGeo, la actual política industrial europea en respuesta a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Estados Unidos tiene algunos puntos débiles. Además, está fragmentada y corre el riesgo de generar competencia interna y distorsiones en el mercado entre los Estados miembros. Los autores de este informe proponen centrarse en tres aspectos fundamentales para definir la futura estrategia de la UE y reducir el impacto de la legislación de EEUU.
‘America first’
Se calcula que el paquete de medidas de la IRA asciende a 370.000 millones de dólares aproximadamente. Este paquete incluye reformas de gran envergadura del sistema fiscal estadounidense y facilitará subvenciones directas a las empresas que inviertan en tecnologías verdes en Estados Unidos.
La política de la UE está fragmentada y puede generar competencia interna y distorsiones en el mercado
Pero, a pesar de que esta ley tiene el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a escala mundial un 50% en 2030 (respecto a los niveles de 2005), la UE la considera un motivo de preocupación. Los funcionarios afirman que es posible que la mayor facilidad de acceso a las subvenciones, el proteccionismo de las reformas y el alto nivel de financiación desvíen la inversión en tecnologías verdes de Europa a Estados Unidos. Y este desvío, además de afectar a la competencia, podría reducir las probabilidades de que la UE cumpla sus objetivos climáticos.
La IRA se financia principalmente a través de subvenciones fiscales que proporcionan financiación directa e inmediata a inversores y hogares. Se calcula que el importe oficial de la financiación de la ley IRA asciende a 370.000 millones de dólares. Pero el sistema funciona mediante desgravaciones fiscales ilimitadas, por lo que dicha cifra podría ascender hasta los 1,2 billones.
En cambio, los programas de la UE dependen de proyectos e implican realizar procedimientos de solicitud y licitación que llevan mucho tiempo. Además de requerir unos recursos considerables para llevar a cabo el proceso (sin garantía de recibir fondos al final del mismo), la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no puedan optar a ellos debido a cómo está diseñados los programas.
Desavenencias normativas
La UE sostiene que el uso de subvenciones ilimitadas supone un incumplimiento directo del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC y aduce que la legislación de la IRA “contiene disposiciones con requisitos de contenido nacional que son claramente discriminatorios”. También asegura que el objetivo de que EEUU dependa menos de las tecnologías limpias producidas por China (un aspecto clave de la IRA), excluirá el comercio con Europa de manera inadvertida, incumpliéndose así otra de las normas de la OMC.
Las diferencias en las estructuras políticas de EEUU y la UE impiden competir en igualdad de condiciones
Pero hay algo más que supone un quebradero de cabeza para la UE: el volumen de financiación disponible en EEUU. Además de las subvenciones fiscales ilimitadas, se calcula que EEUU ha invertido 21.700 millones de euros en startups de tecnologías limpias. Mientras que, desde que se empezó a aplicar la IRA, la inversión en este ámbito de la UE ha sido de 8.700 millones de euros.
Dejando de lado los presupuestos, las grandes diferencias en las estructuras políticas de EE. UU. y la UE hacen que no sea posible competir en igualdad de condiciones. Estados Unidos, con sus subvenciones directas, tiene un planteamiento unificado, mientras que la UE, como institución que es, debe actuar de acuerdo con los marcos legales de los Estados miembros.
Un plan a largo plazo
Los programas de financiación de la Comisión Europea, como el Plan Industrial del Pacto Verde y la Ley sobre la industria de cero emisiones netas (NZIA), todavía pendiente de aprobación, dependen de variables como las limitaciones políticas, la capacidad económica, los distintos plazos y los diferentes objetivos climáticos de los Estados miembros.
Esta política fragmentada tiene el riesgo de generar competencia interna y distorsiones en el mercado, lo que fomentaría aún más el éxodo de inversiones a Estados Unidos.
Para hacer frente a dichos retos, el informe sugiere poner en práctica una estrategia industrial coherente y unificada que se centre en tres aspectos fundamentales:
- La creación de un presupuesto de la UE para la política industrial ecológica que incluya medidas adecuadas para garantizar que la distribución entre todos los Estados miembros se realiza de forma equitativa.
- La reducción de las cargas burocráticas creando instrumentos de financiación comunes y prescindiendo de la financiación basada en proyectos.
- Una mejor configuración de la ley NZIA, que facilite las herramientas necesarias para garantizar una gobernanza eficaz centrada en un esfuerzo conjunto compartido, proyectos plurinacionales y funciones de asesoramiento en materia de ayudas estatales.
El informe de EsadeGeo concluye que, a pesar de que es poco probable que esta situación cambie a corto plazo, desarrollar un planteamiento armonioso y colaborativo ayudará a garantizar la competitividad de la UE y a reparar el desequilibrio causado por la ley IRA.