¿Qué supondrá la ley de vivienda para las personas sin hogar?
En España hay cerca de 37.000 personas sin hogar. Si bien la nueva ley de vivienda contribuirá a mejorar su situación, todavía existe margen de mejora en la lucha contra el sinhogarismo.
La aprobación de la primera Ley de Vivienda 2023 en España ha sido uno de los temas más comentados en los últimos días. Esta ley, aprobada en el mes de abril, tiene como objetivo principal establecer un marco de trabajo general y homogéneo para generar una política de vivienda que pueda prevenir y solucionar la desigualdad en el país, especialmente de aquellos colectivos más vulnerables. Tras varios años de debate y negociación, se espera que tenga un impacto significativo dentro del mercado inmobiliario de España.
El hecho de disponer una ley de vivienda a nivel estatal implica que haya normas y criterios básicos a nivel nacional, aunque su aplicación en las comunidades autónomas mediante las diferentes políticas públicas pueda llegar a diferir. Tener este marco normativo a nivel estatal facilitará la coordinación de políticas de vivienda de las distintas regiones y que se aborden cuestiones como la prevención e intervención con personas sin hogar en cuanto al derecho a una vivienda digna.
La vivienda resulta un bien esencial y fundamental para el bienestar social —puesto que es el lugar donde se desarrolla la vida privada y familiar—, además de desempeñar un papel vital en cómo se estructuran las ciudades. Con este enfoque, resulta fundamental disponer de una ley de vivienda que tenga un impacto real y significativo en las personas sin hogar, garantizando el derecho a la vivienda y abordando las barreras estructurales que contribuyen a la exclusión residencial.
Las cifras del sinhogarismo en España
La falta de vivienda es un problema que acaba deshumanizando a las personas y afectando a su dignidad; así pues, el hecho de no defender el derecho a una vivienda digna puede entenderse como un fracaso de los gobiernos.
Solamente en España se registran 28.552 personas sin hogar que pernoctan en los diferentes centros asistenciales de alojamiento (albergues o recursos residenciales temporales) en el año 2022 según la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Sin embargo, esta cifra aumenta a 37.000 aproximadamente, si tenemos en cuenta a las personas que pernoctan directamente en las calles, sin acudir a ningún centro asistencial, según los datos recogidos por entidades como HOGAR SÍ o Cáritas. De modo que, una de las cuestiones clave para atajar este problema es garantizar el derecho a la vivienda.
Avances y carencias de la nueva ley
La Ley de Vivienda 2023 tiene algunos aspectos positivos en cuanto a la prevención e intervención de situaciones de exclusión residencial. Entre ellos, la inclusión de medidas para proteger y fomentar el parque de vivienda social (España solo dispone de un 2,5%, y la UE el 9,3%), el control del precio de los alquileres, el aplazamiento de los desalojos o la reforma de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Además, el artículo 14 hace referencia a las personas sin hogar exigiendo a las administraciones que desarrollen medidas específicas para promover la inclusión de estas personas en sus programas de políticas de vivienda. Sin embargo, esta mención resulta insuficiente a la hora de garantizar el derecho a una vivienda a una persona en situación de calle.
En este sentido, la ley se queda corta. Una ley de vivienda debería centrarse en la erradicación del sinhogarismo mediante la propuesta de soluciones efectivas para quienes más lo necesitan, ya sea mediante una vivienda social —viviendas gestionadas por servicios públicos— o mediante la provisión de ayudas económicas que permitan a la persona acudir al mercado inmobiliario privado, tal y como instan desde Naciones Unidas.
Otro de los puntos de la ley con margen de mejora es la fiscalidad de las entidades sociales proveedoras de vivienda, que actualmente se consideran en desventaja respecto a los proveedores con ánimo de lucro. Ya anteriormente, dos entidades pioneras en la lucha del sinhogarismo en España, HOGAR SÍ y Provivienda, realizaron sus propuestas para mejorar esta ley, poniendo el foco en la problemática fiscal.
Las entidades sociales proveedoras de vivienda se consideran en desventaja respecto a los proveedores con ánimo de lucro
Así, introducir un régimen fiscal favorable facilitaría que estas entidades captaran viviendas, para destinarlas al desarrollo de sus programas de arrendamiento. Esto, a su vez, podría facilitar el desarrollo de las housing associations (asociaciones que proveen vivienda social a bajo coste) en España, una figura cada vez más en auge en Europa.
Las housing associations promueven el acceso a la vivienda a las personas que se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad residencial o sin hogar mediante la provisión de viviendas sociales y programas de asistencia. Además, los beneficios fiscales podrían permitir a estas asociaciones y otras entidades sociales destinar más recursos a proveer un mayor número de viviendas asequibles.
Un problema con muchas caras
Es fundamental abordar la problemática de sinhogarismo desde una perspectiva amplia y reconociendo las diferentes formas en que se manifiesta. Sin una buena comprensión del fenómeno no se puede contar con mecanismos ni políticas públicas que ofrezcan una respuesta eficaz a un problema que afecta a en torno a 37.000 personas en España.
Es necesario adoptar una perspectiva amplia y reconocer las diferentes formas en que se manifiesta el sinhogarismo
Por ello, sería pertinente incluir definiciones adicionales dentro de la ley como las propuestas por HOGAR SÍ, y Provivienda. El “sinhogarismo cronificado” (larga duración en situación de calle), las “entidades sociales proveedoras de vivienda” y la “sobreocupación” (en una vivienda residen un número excesivo de personas) son algunos de los ejemplos.
Esta última definición nos llevaría al “sinhogarismo oculto” (situaciones de infraviviendas, asentamientos, habitaciones realquiladas sin ningún tipo de seguridad, etc.), una situación difícilmente identificable, pero que requiere estrategias específicas para detectarla e intervenir. Para ello, sería muy conveniente incluirla dentro de la ley.
Actuar conjuntamente
Ahora bien, es importante tener en cuenta que esta ley no funcionará por sí sola, sino que es una herramienta más a nivel estatal. Para llevar a buen puerto, será fundamental la coordinación y complementariedad de las políticas públicas de vivienda de cada comunidad autónoma con las políticas sociales, laborales y demás. Solamente de esta manera se podrá abordar de forma efectiva el sinhogarismo. Las políticas públicas tienen que poner la vivienda y el derecho a una vivienda digna como el centro de sus luchas contra el sinhogarismo.
En definitiva, aunque se podrían incorporar otras mejoras o propuestas para atajar esta problemática, la aprobación de la Ley de vivienda 2023 en España representa un gran avance en la búsqueda de soluciones para la desigualdad en el acceso a la vivienda y se espera que tenga un efecto positivo en la situación actual del mercado inmobiliario español y para los colectivos más excluidos, como es el caso de las personas sin hogar.