La cara que no queremos ver, pero tiene nombre y apellido

Durante mucho tiempo, quien sentía rechazo hacia una persona pobre no tenía ni siquiera una palabra para nombrar lo que hacía. Podía llamarlo prudencia, seguridad, orden público. Cualquier término que permitiera justificar ese rechazo. Podía llamarlo cualquier cosa menos lo que era. La filósofa Adela Cortina tuvo que ir a buscar al griego antiguo —ápōros, sin recursos, sin salida; phóbos, miedo— para acuñar en 1995 una palabra que hoy se repite en foros, informes y sobremesas: aporofobia.

No es lo mismo que la xenofobia, aunque ambas suelan ir de la mano. El extranjero que llega con inversiones, con un pasaporte de futbolista o con petrodólares no genera necesariamente rechazo. El que puede despertar desprecio es el que llega con las manos vacías, el que no parece tener nada que ofrecer a cambio. Por eso la aporofobia no es, como recordaba Rafael Ruiz de Gauna en la apertura del encuentro Miradas sobre la aporofobia, organizado por el Observatorio de la Vivienda Digna de Esade, el Instituto de Innovación Social e IQS, en colaboración con Fundación “La Caixa”, un simple malestar ante la pobreza como problema abstracto. Es algo más íntimo y más incómodo: es la forma en que miramos a la persona pobre concreta y decidimos, casi sin darnos cuenta, si merece ser tratada como alguien con dignidad o como una amenaza, una carga, una molestia.

Esa precisión importa porque, mientras hablemos solo de "la pobreza" como fenómeno, podemos seguir sintiéndonos generosos, comprensivos, solidarios en abstracto. El problema empieza cuando esa pobreza tiene cara, nombre y una historia concreta. Ahí es donde se pone a prueba si creemos en la dignidad de las personas o solo la predicamos.

El rechazo en nuestro día a día

Lo más perturbador de la aporofobia no es necesariamente el insulto en la calle —eso, como mínimo, se escucha—, sino su versión doméstica: la que se cuela en un formulario, en un requisito, en un horario de oficina. Beatriz Fernández, al frente de Arrels Fundació, lo explicaba con ejemplos que cualquiera podría imaginar y que, sin embargo, no siempre identificamos como discriminación: una cita previa que solo puede pedirse por internet, y que da igual cuánta cobertura tengas si no tienes ni datos ni batería. O, más allá de eso, si por no tener no tienes ni un dispositivo electrónico; un trámite que exige un domicilio fijo para acceder a una ayuda destinada, precisamente, a quien no tiene domicilio fijo; un documento que solo expide una oficina distinta a la que te lo pide, y que te obliga a un peregrinaje administrativo que cualquier persona con recursos resolvería en una tarde y, en algunos casos, con ayuda de un abogado.

El procedimiento, en apariencia, es el mismo para todos. Pero el punto de partida no lo es, y un procedimiento neutral aplicado a personas desiguales no produce igualdad: puede producir exclusión con aspecto de legalidad.

Fernández puso también sobre la mesa un ejemplo especialmente ilustrativo: determinados delitos pueden conllevar una multa que, para que quien tiene recursos, tiene consecuencias muy distintas de las que puede tener una persona sin ellos. Cuando no se puede hacer frente a determinadas responsabilidades económicas, las consecuencias pueden agravarse. El ejemplo servía para mostrar cómo una misma norma puede tener efectos muy diferentes dependiendo de la situación económica de quien debe cumplirla.

Y luego está la sospecha, ese filtro invisible que se aplica a quien pide ayuda y no a quien pide un préstamo hipotecario: demostrar que se es "de fiar", que se merece la ayuda antes de recibirla, cuando a nadie más se le exige demostrar que merece lo que ya tiene.

La ciudad que ordena expulsando

La aporofobia también tiene urbanismo. Albert Sales, que lleva años estudiando la gestión del espacio público, señalaba una asimetría tan simple como reveladora: la misma borrachera puede ser una anécdota de fin de semana o una infracción sancionable, según se produzca en la terraza de un bar o en el banco de al lado. No cambia el acto. Cambia quién lo protagoniza.

Las llamadas ordenanzas de civismo —que proliferaron desde principios de los años 2000— fueron objeto de mirada crítica durante el encuentro. Sales cuestionaba que estas políticas hayan servido para resolver las causas de fondo de determinados problemas de convivencia y señala el riesgo de construir una ciudad "escaparate": limpia, ordenada, atractiva para el turismo, pero más incómoda para quien la habita sin consumir en ella. Hablar de "limpieza urbana" cuando en realidad se habla de personas sin techo, o de "inseguridad" cuando el problema de fondo es el acceso a la vivienda, puede desplazar el debate hacia el comportamiento individual y dejar en segundo plano las causas estructurales. Para Sales, ahí está una de las claves: convertir un problema social en un problema de comportamiento individual.

Porque ahí está también la trampa que según los participantes sostiene parte de esta arquitectura: convencernos de que si alguien vive en la calle es por algo que hizo, no por algo que le pasó. Individualizamos la pobreza —el mérito, el esfuerzo, el éxito personal como únicas explicaciones— y así dejamos de mirar las causas estructurales: el precio de la vivienda, el mercado de trabajo, los sistemas de protección que no llegan. Cuando alguien pregunta "¿qué habrá hecho esta persona para llegar ahí?", en realidad está formulando la pregunta que le permite no sentirse responsable de nada.

El odio que hemos heredado sin comprarlo del todo

Hay una idea que atraviesa buena parte de esta conversación y que resulta especialmente incómoda: los jóvenes no inventan el rechazo al pobre, lo heredan. Eduard Sala, de Cáritas Diocesana de Barcelona, hablaba de una generación criada con una "anestesia de la esperanza", que ha recibido de los adultos el mensaje de que no hay futuro, de que sálvese quien pueda, de que el fracaso es siempre personal y nunca estructural. Esa ignorancia sobre las causas reales de la desigualdad no es exclusiva de la juventud —los adultos, decía, la comparten en igual medida—, pero en las redes sociales encuentra un altavoz que no perdona: mensajes cortos, sin matices, diseñados para generar pertenencia a través de un enemigo común.

Y el odio, cuando necesita un enemigo, puede encontrarlo antes en quien tenemos delante que en la institución que realmente falla: el vecino pobre, el migrante, el que "nos va a quitar" el trabajo o la vivienda. Es más sencillo señalar a quien tenemos delante que exigir responsabilidades a quien diseña la política pública. Sala lo comparaba, con el Berlín de 1932: una sociedad exhausta, un malestar real, y alguien que ofrece un enemigo antes que una solución. No hace falta un siglo de distancia para reconocer el patrón.

Ahí es donde la aporofobia se entrelaza con el racismo y la xenofobia sin llegar a confundirse con ellos. Beatriz Fernández insistía en una distinción clave: el rechazo puede dirigirse antes hacia la condición de pobreza que hacia el origen extranjero. Y cuando ambas condiciones coinciden —el migrante sin papeles, sin red, sin domicilio—, las dificultades se multiplican en un círculo difícil de romper: las barreras administrativas y laborales pueden reforzarse mutuamente. Las políticas de migración y las de inclusión social, cuando no dialogan entre sí, pueden contribuir a cronificar situaciones de vulnerabilidad.

La esperanza como tarea, no como sentimiento

Frente a un diagnóstico tan incómodo, ninguno de los tres ofrecía consuelo fácil. Ofrecían tareas. Sales pedía defender sin complejos lo que ya funciona —las políticas de vivienda primero, las transferencias económicas sin condiciones a personas en situación de calle, que llevan años demostrando resultados allí donde se han probado— en lugar de rendirse ante el discurso del mérito y la sospecha. Sala pedía algo más duro todavía: no dar ni un centímetro a los discursos de odio, porque la discriminación nunca es "solo información" ni "solo opinión". Fernández cerraba con lo que quizá sea la idea más sencilla y más difícil de toda la tarde: sensibilizar sobre la vulnerabilidad y la dependencia, y entender que garantizar derechos no puede depender de la buena voluntad, sino de mecanismos que los hagan exigibles.

Ninguno de nosotros ha sido siempre fuerte, siempre solvente. Ninguno ha estado siempre a salvo. Todos hemos dependido, de niños e incluso de adultos, de que alguien decidiera cuidarnos sin pedirnos nada a cambio; muchos dependeremos, de mayores, de esa misma disposición ajena a no mirarnos con sospecha. La aporofobia no es un rasgo de carácter de personas especialmente crueles: es una costumbre colectiva, aprendida, que puede disfrazarse de sentido común. Y como toda costumbre aprendida, puede desaprenderse. La pregunta que queda flotando, después de escuchar todo esto, no es tanto qué habrá hecho el pobre para estar ahí, sino qué podemos hacer nosotros para que dejar de estarlo no dependa de demostrar que lo merecer.