Cuando las políticas de educación superior se encuentran con las leyes del mercado

Las universidades privadas con ánimo de lucro abrieron las puertas a millones de estudiantes, pero ¿a qué precio? Un nuevo estudio analiza cómo reaccionan ante los cambios en las ayudas económicas de los gobiernos.

Este artículo lo ha escrito Ioana Schiopu, profesora titular en el Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en Esade.

Imagina que eliges universidad mientras compaginas un trabajo a tiempo completo, responsabilidades familiares y un presupuesto limitado. Una universidad pública ofrece una educación asequible, pero puede exigir un horario rígido y años de estudio. Una universidad privada de prestigio promete buenas perspectivas profesionales, pero tiene un precio elevadísimo. Y luego hay una tercera opción: una universidad que ofrece horarios flexibles, clases en línea, un proceso de admisión sencillo y programas orientados a la profesión, diseñados para incorporarte rápidamente al mercado laboral. Para muchos adultos trabajadores, padres y madres, y estudiantes de primera generación que buscan mejores oportunidades económicas, esta tercera opción ha sido una universidad con ánimo de lucro.

Las universidades con ánimo de lucro ocupan un lugar incómodo en la educación superior estadounidense. Han ampliado el acceso, especialmente para los estudiantes que no encajan en la imagen tradicional de un joven de 18 años que vive en el campus. Pero también han sido objeto de escrutinio: sus estudiantes se endeudan en exceso y a menudo tienen dificultades para devolver los préstamos. La desproporción es llamativa. Hacia 2010, las universidades con ánimo de lucro matriculaban aproximadamente al 10 % de los estudiantes de grado de EE. UU., pero absorbían cerca de una cuarta parte de toda la ayuda federal al estudiante y representaban más del 40 % de los prestatarios en situación de impago.

En un estudio reciente, publicado en the RAND Journal of Economics y elaborado junto con Ciprian Domnisoru (Universidad de Aalto), nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cómo se comportan las universidades con ánimo de lucro cuando cambian las políticas de financiación y las normas que las rodean?

Responder a esta pregunta exige considerar la educación superior como un ecosistema de partes que interactúan, y no como un conjunto de instituciones aisladas. Por ejemplo, cuando las universidades públicas reciben menos apoyo estatal, pueden subir las tasas de matrícula o limitar su expansión. Esto hace que el sector con ánimo de lucro resulte más atractivo para algunos estudiantes. Por lo tanto, las instituciones con ánimo de lucro competirán por esta cuota de mercado adicional. Cuando las becas federales se vuelven más generosas, los estudiantes disponen de más dinero para gastar, pero las universidades también pueden ajustar sus precios. Cuando los reguladores imponen normas de rendición de cuentas basadas en la deuda, los centros pueden cambiar no solo lo que pagan los estudiantes, sino también cuánto gastan en docencia.

Un modelo del ecosistema universitario

Para estudiar este mercado, construimos un modelo cuantitativo de la educación superior de cuatro años en Estados Unidos. El modelo ofrece una forma estructurada de responder a la pregunta “¿y si…?” sin perder de vista cómo responden los estudiantes y las universidades a los cambios en su entorno.

El modelo incluye tres tipos de instituciones, cada una con incentivos distintos. Las universidades públicas operan dentro de restricciones de tasas y subvenciones mientras intentan educar a muchos estudiantes y elevar el rendimiento. Las universidades sin ánimo de lucro dan mayor peso a la calidad y a la selectividad. Las universidades con ánimo de lucro maximizan el beneficio, eligiendo las tasas y el gasto en docencia en respuesta a la competencia.

También distinguimos entre estudiantes tradicionales y no tradicionales. Los estudiantes tradicionales son más jóvenes, normalmente de 18 a 24 años, y dependen de los ingresos de sus padres en los cálculos de ayuda financiera. Los estudiantes no tradicionales son mayores de 24 años y se consideran independientes. La distinción es fundamental: el auge de las universidades con ánimo de lucro está estrechamente ligado a los estudiantes no tradicionales, muchos de los cuales necesitan horarios flexibles, programas en línea y puntos de entrada más sencillos.

Por último, el modelo separa la educación en línea de la presencial, porque los programas en línea escalan de manera distinta y pueden llegar a estudiantes que no pueden mudarse o asistir en horarios fijos.

Utilizamos este marco como un laboratorio, simulando cambios de políticas y de regulación y evaluándolos en términos de los resultados de aprendizaje y del bienestar de los estudiantes.

Lo que muestran las simulaciones

Uno de los hallazgos centrales del artículo es que los cambios en la ayuda financiera a los estudiantes o en la financiación de las universidades públicas pueden tener efectos no deseados en el sector con ánimo de lucro. Por ejemplo, examinamos qué ocurre cuando las becas Pell se vuelven más generosas. Las becas Pell son subvenciones federales basadas en la necesidad económica, destinadas a ayudar a los estudiantes de menores ingresos a pagar la universidad.

Las universidades con ánimo de lucro, especialmente las de menor coste, captan una gran parte del aumento. Lo hacen reduciendo las tasas lo suficiente como para atraer a más estudiantes que cumplen los requisitos para recibir becas Pell. Sin embargo, las mismas simulaciones sugieren que también reducen el gasto en docencia. Más estudiantes pueden acceder a la universidad, pero la educación que reciben implica menos recursos docentes.

Esto no significa que la política sea ineficiente. El estudio encuentra ganancias de bienestar globales al aumentar los límites de las becas Pell, especialmente para los estudiantes de menores ingresos. Pero esas ganancias surgen de la redistribución. Los hogares de mayores ingresos pueden salir perdiendo, en parte porque financian la ayuda ampliada. La política mejora el acceso, pero también cambia quién paga y quién se beneficia.

El resultado más llamativo se refiere a la normativa de «empleo remunerado» (gainful employment), que vincula la ayuda federal a los estudiantes con las ratios de deuda sobre ingresos de los graduados: cuando los antiguos estudiantes de una universidad acumulan demasiada deuda en relación con sus ingresos, sus estudiantes actuales pierden el acceso a la ayuda federal.

En las simulaciones, las universidades con ánimo de lucro prefieren cumplir la norma antes que dejar que sus estudiantes pierdan el acceso a la ayuda federal, al menos a corto plazo. Pero su forma de cumplirla es reveladora. Reducen las tasas, lo que disminuye la deuda estudiantil. Eso les ayuda a alcanzar el estándar de deuda sobre ingresos. Sin embargo, también reducen el gasto en docencia. El resultado es un dilema: la norma puede reducir la carga de la deuda, pero también puede empujar a los centros a recortar recursos educativos, a menos que la política incluya además estándares de calidad.

También está la simulación de un mundo sin el sector con ánimo de lucro. En ese escenario, el capital humano medio de los graduados universitarios aumenta, porque desaparecen algunas opciones de menor calidad. Pero el bienestar global cae, en gran parte porque algunos estudiantes que habrían asistido a universidades con ánimo de lucro dejan de matricularse por completo. Este hallazgo recoge la tensión que está en el corazón del debate. Las universidades con ánimo de lucro pueden ofrecer una menor calidad docente en algunos contextos, pero también dan acceso a estudiantes que de otro modo quedarían fuera.

Los incentivos de los estudiantes importan, pero también los de las universidades

La lección más amplia es que el análisis de políticas debe tener en cuenta cómo reaccionan todos los actores del mercado, y cómo interactúan sus respuestas. Cuando los gobiernos cambian las reglas de la financiación universitaria, no solo los estudiantes cambian sus decisiones (si matricularse, cuánto endeudarse, qué tipo de educación recibir y si el título compensa). Las universidades también cambian su comportamiento, siguiendo sus objetivos. La verdadera cuestión es si la política puede animarlas a cambiar de maneras que ayuden a los estudiantes no solo a matricularse, sino también a tener éxito.

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