Qué esfuerzos requerimos en la guerra contra el calentamiento global

La COP 27 no se ha saldado con, digamos, un entusiasmo generalizado. Antes de comenzar la reunión ya sabíamos que por ahora no estamos ganando la “guerra” contra el calentamiento global. Lo corrobora que, desde el periodo preindustrial, la temperatura media en el continente europeo ha aumentado 2,2 º C; en España cerca de 1,7 ºC, a razón de 0,3 ºC por década, desde los años 60. 

También, que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España establece que las energías renovables deben representar el 42% sobre el uso final de energía en 2030. Y aunque su aportación es mayor que nunca, su contribución sobre el uso total de energía ha descendido. Mientras el 2020 lo cerramos con un 21,1%, en el 2021 la cifra ha caído al 20,8%. 

Continuando con la metáfora bélica, sería ideal que esta “inversión militar” sea únicamente disuasoria y no haya que utilizarla. Es una inversión cara, pero justificada. Porque la guerra —y, sobre todo, una guerra perdida— lo es aún más. Esta valoración, que comparto, fue realizada en sentido literal por el entonces jefe del Estado Mayor del Ejército en 2016 ante el comité del Senado de EEUU que se ocupa de los presupuestos de las fuerzas armadas. 

Me gustaría, sin embargo, que parte del gasto en disuasión fuera a mejorar las condiciones de vida en todo el mundo para así reducir las causas potenciales de conflicto. Vistos los desastres ambientales que el Antropoceno produce (sequías, inundaciones, incendios, hambre, desplazamientos forzosos de población, etc.), la lucha contra el calentamiento global y una transición energética justa deberían ser un objetivo prioritario.  

En España, en 2021, importamos productos energéticos (combustibles fósiles casi en su totalidad) por valor de 46.575 millones de euros. Reducir o sustituir esa demanda depende en parte de nosotros mismos. Subir o bajar los termostatos de climatización este verano, evitar las largas colas de vehículos en los puentes del calendario o limitar el tráfico aéreo turístico en las mismas fechas son decisiones individuales adoptadas en nuestros propios ámbitos de responsabilidad.  

Sin embargo, las renuncias a nuestro modo de vida, pese a los alegatos pro-decrecimiento, no son populares. Es más cómodo echarle la culpa al otro, ya sea la OPEP, la industria del transporte aéreo o la guerra no metafórica y trágica de Ucrania.  

No cumpliremos con el propósito de contener el incremento de las temperaturas sin un empeño individual y colectivo generalizado. A día de hoy creo que, dicho sin acritud, ese empeño es más nominal que real. Manifestarse o pegar la nariz a un lienzo llama la atención, pero no disminuye la huella de carbono individual. 

El papel fundamental del poder público

Seguridad de suministro, asequibilidad económica y sostenibilidad ambiental: son los tres principios clave del derecho de la energía. Las políticas públicas han de transaccionar prioridades entre ellos; pero sin que ninguno desaparezca completamente.  

Tras la reapertura de centrales térmicas de carbón y los descuentos generalizados a gasolina y diésel, es razonable decir que la respuesta de la Unión Europea y de sus Estados miembros —y por expresarlo coloquialmente, del mundo mundial— sigue el orden en que hemos presentado aquellos principios del derecho de la energía: primero, seguridad; después, asequibilidad y, finalmente, si se puede, sostenibilidad.  

Los gobiernos democráticos, por definición, tienen difícil el ir contra la opinión de su ciudadanía. Y ya me gusta que sea así; pero ante un eventual desajuste entre el objetivo proclamado —la descarbonización— y las conductas manifestadas por la sociedad, hará falta mucha capacidad de persuasión por parte de los gobiernos y acierto en las decisiones.  

La transición energética, a falta de algún descubrimiento para generar energía ilimitada casi sin coste o para capturar y regenerar las emisiones de gases efecto invernadero, es un camino plagado de obstáculos. Obstáculos superables, pero que no deben ocultarse. Ocultarlos es tratar a la ciudadanía de inmadura y, si acaso lo somos, no nos ayudará a madurar.  

El papel del poder público como garante del interés general es insustituible. Tanto da si se trata de autorizar la instalación de una central renovable tras un análisis coste-beneficio pese a la oposición vecinal, como si ha de obligar a una compañía distribuidora de electricidad a acelerar las conexiones a la red de nuevas instalaciones de generación distribuida. Hay que impulsar mecanismos de composición de intereses, de diálogo, pero sin que los intereses de unos o de otros, por legítimos que sean, conduzcan a la inactividad. En esta ocasión, el paso del tiempo por sí solo no va a ser balsámico. 

Redireccionar los recursos y los esfuerzos

En una guerra, la prioridad es ganar, cueste lo que cueste. Por eso, el 27 de mayo de 1940, tras el desastre anglo-francés de Dunquerque, el presidente Roosevelt, previendo como probable un enfrentamiento con el nazismo, telefoneó a William S. Knudsen y le pidió que le asesorara para articular un plan que transformara completamente el núcleo duro de las industrias americanas. De producir bienes para el uso civil como coches y neveras pasaron a producir tanques, camiones, aviones y municiones.  

Knudsen era un inmigrante danés nacionalizado norteamericano —había llegado el 1900— que empezó como trabajador de fábrica en la industria automovilística y se acabó convirtiendo en presidente ejecutivo de la General Motors (el presidente del consejo de administración era el icónico Alfred P. Sloan Jr., autor del célebre libro My years with General Motors). Knudsen tomó una excedencia de GM, renunció a su salario anual de $150.000 y bonos, y aceptó el encargo de Roosevelt con un sueldo de $1 al año. 

El talento y dedicación de aquel gran experto en producción en masa le granjeó el apodo de The Speed-Up King y, ciertamente, cumplió con éxito la misión encomendada, que fue clave para la victoria aliada. Pero no hubiera sido suficiente sin una administración que defendió políticas impopulares, miles de directivos y empresarios que se comprometieron con el esfuerzo bélico, y una ciudadanía que, muy mayoritariamente —y en particular, tras el ataque japones a Pearl Harbour— asumió la lucha como propia y existencial.  

Afortunadamente, podemos gestionar la amenaza existencial que supone el calentamiento global con algo menos de premura que la que necesitó EEUU en los años 40 para enfrentar a las potencias del eje. Pero sin entretenernos. Urge aplicar medidas regulatorias para acelerar autorizaciones, tanto para instalar plantas de generación renovable como para su conexión a la red eléctrica, y promover la colaboración ciudadana y empresarial a través de las comunidades energéticas. Y, ya puestos, subir el listón de nuestros retos colectivos.  

Uno de ellos sería sustituir las más de 6500 centrales térmicas de carbón en el mundo —muchas de ellas al comienzo de su vida útil— que producen el 36% de la electricidad mundial y un tercio del total de emisiones, pero esto merece otro artículo. 

El planeta Tierra no está en riesgo por el calentamiento global. Ha experimentado cinco grandes extinciones en sus miles de millones de años de existencia y, de cada una, ha resurgido con nueva vitalidad. Sí están en peligro muchas formas de vida tal como las conocemos desde el fin de la última glaciación hace unos doce mil años, así como, probablemente, nuestra propia civilización. Y de nosotros depende el resultado. Por eso podemos afirmar que ganar “la guerra” contra el calentamiento global es un objetivo imprescindible cuyo éxito pende del compromiso de cuantos más recursos, iniciativas, y esfuerzos, mejor.