Los riesgos de la inversión institucional extranjera
Artículo basado en una investigación de Ruth V. Aguilera
Los inversores institucionales extranjeros se han convertido en actores cada vez más relevantes en los mercados de capital.
Los beneficios de la inversión institucional extranjera (foreign institutional ownership, FIO) son ampliamente reconocidos –inyección de capital, apertura de nuevos mercados, aumento del rendimiento de las exportaciones, incremento de la cotización bursátil–, pero no están exentos de riesgos.
Una investigación realizada por la profesora de Esade Ruth Aguilera, junto con Wei Shi y Cheng Gao, revela que la participación de capital extranjero puede aumentar la dependencia política de las empresas, sometiéndolas a un mayor escrutinio del regulador y a los correspondientes costes de cumplimiento. Las empresas afirman que gestionan esta dependencia con iniciativas de tipo político, como actividades de lobbying y contribuciones a los partidos políticos, unos costes adicionales que deben tenerse en cuenta a la hora de asignar recursos.
Internacionalización de las inversiones
Según el Fondo Monetario Internacional, los inversores institucionales –fondos de inversión, fondos de pensiones y otras entidades que invierten por cuenta de sus clientes– gestionan en su conjunto unos activos financieros valorados en 76 billones de dólares. Esta cantidad equivale a casi el 100% del PIB mundial anual y el 40% de los activos financieros globales.
La internacionalización de estas inversiones ha generado una línea de investigación sobre cómo los fondos internacionales puede incidir en las decisiones de las empresas nacionales. Los inversores institucionales extranjeros aportan un capital importante a las empresas nacionales y ello puede hacer subir su cotización bursátil. También se ha demostrado que promueven el gobierno corporativo efectivo, mejoran la calidad de la información divulgada, optimizan el desempeño social de la empresa y fomentan las inversiones a largo plazo.
Pero existe otro aspecto de las inversiones institucionales extranjeras que se ha estudiado poco: las consecuencias de someter a las empresas nacionales a un escrutinio público no deseado y llevar asociadas algunas obligaciones. Para obtener una visión global de las repercusiones de dichas inversiones extranjeras, es fundamental comprender cómo hacen frente las empresas a estas responsabilidades.
Costes políticos de las empresas
La inversión institucional extranjera de las empresas cotizadas estadounidenses casi se triplicó entre 2000 y 2013. Durante ese mismo período, el clima político del país era cada vez más sensible a las inversiones extranjeras, lo cual se tradujo en una mayor dependencia del Gobierno en cuanto a los recursos y la legitimidad (o dependencia política).
La controvertida sentencia del caso de Citizens United en 2010 emitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, que eliminaba las restricciones de gasto de las empresas en las campañas políticas, provocó un incremento significativo de las contribuciones de las empresas hacia lobbying. La decisión desplazó la influencia política hacia los donantes ricos y acentuó el interés público y político por entender el impacto de las entidades extranjeras en las actividades políticas de los Estados Unidos.
Endurecimiento de las normas
Las empresas con capital extranjero suelen estar sujetas a un mayor escrutinio de los políticos y de los reguladores, así como a la revisión por parte del Comité para el Control de las Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS), un comité federal interinstitucional que investiga las inversiones extranjeras para determinar qué efecto tienen en los sectores estratégicos del país. También algunos políticos más populistas, a título individual, usan discursos patrióticos y críticos de las empresas estadounidenses con una inversión de capital extranjero alto o visible, con el fin de ganarse el apoyo público de algunos votantes.
Los niveles más altos de inversión extranjera hacen necesaria una mayor actividad de lobbying político
Recientes cambios legislativos, como la Ley de Modernización de la Revisión del Riesgo de Inversión Extranjera, que aborda los crecientes problemas de seguridad nacional derivados de la explotación extranjera de la inversión corporativa, reflejan el interés creciente y la jurisdicción que tienen el CFIUS, los políticos y otros organismos reguladores sobre las inversiones extranjeras en las empresas estadounidenses.
Con el telón de fondo de este mayor escrutinio normativo, los niveles más altos de inversión extranjera aumentan el grado de dependencia política de las empresas norteamericanas. Y estos mayores niveles de inversión extranjera hacen necesaria una mayor actividad de lobbying político, que a su vez requiere un mayor gasto político en las empresas.
Moderar la dependencia política
Existen dos factores que pueden moderar el grado de dependencia política de las empresas estadounidenses. El primero es la dependencia de los contratos que suscriben las empresas con el Gobierno federal: cuando una empresa participa en un proceso de contratación considerable con el Gobierno, su dependencia con respecto a este aumenta.
El segundo factor moderador depende del sector industrial. Por ejemplo, las empresas que operan en sectores relacionados con la seguridad nacional son objeto de inspecciones gubernamentales más estrictas y, por tanto, presentan una mayor dependencia política que las que operan en otros sectores.
Cuando una empresa participa en un proceso de contratación considerable con el Gobierno, su dependencia con respecto a este aumenta
La relación positiva entre la inversión institucional extranjera y el gasto político de las empresas es mayor cuando estas empresas tienen un nivel de contratación más intenso con el Gobierno o pertenecen a sectores vinculados a la seguridad nacional.
Obligaciones no pretendidas
Las empresas pueden obtener muchos beneficios de las inversiones de capital realizadas por inversores institucionales extranjeros, pero estas operaciones no están exentas de algunos inconvenientes. Su mayor exposición puede vehicularse participando en actividades políticas corporativas a través de las cuales las empresas puedan influir en el panorama político.
Los directivos han de ser conscientes de las “obligaciones” no pretendidas que supone recibir capital extranjero y de las consecuencias prácticas de la gestión de sus inversores y cómo distribuyen los recursos entre estrategias comerciales y no comerciales.
Con este gran interés público y político en el papel de la influencia extranjera en la política estadounidense, resulta más relevante que nunca analizar qué relación existe entre las entidades extranjeras y el gasto político de las empresas.