¿Deberían los trabajadores cobrar por los datos que producen en su empleo?

Cuando fichas en tu empresa a través de una app, cuando tus tareas se registran para calcular tu productividad o cuando un algoritmo determina tu siguiente turno o ruta de reparto, estás generando datos. Esos datos no solo sirven para controlar y organizar el trabajo que realizas, sino que se transforman en valor económico. Muchas empresas optimizan procesos, toman decisiones estratégicas o desarrollan nuevos productos gracias a esta información que tú, como persona empleada, has producido. Pero se trata de una aportación de valor que va más allá de las tareas para las que te contrataron. Por tanto, ¿deberías recibir una compensación a cambio de esos datos, además de tu salario habitual? 

Esta incógnita sobre la propiedad y monetización de los datos en el trabajo ha motivado gran parte del trabajo de María Luz Rodríguez Fernández, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla-La Mancha. Recientemente participó en la jornada de presentación de DigitalWORK, un proyecto de investigación liderado por la profesora de Esade Law School y directora del Instituto de Estudios Laborales Anna Ginès para estudiar y promover una digitalización del trabajo justa, equitativa y transparente. 

Capitalismo informático: los datos como fuente de riqueza

En la era del ‘capitalismo informático’ o ‘informacional’, los datos ya no son una herramienta como cualquier otra para las empresas. Cada vez más, el sistema productivo está basado en la captura y análisis de datos para crear valor. Mientras que algunos afirman que los datos son ‘la nueva materia prima’, otros expertos afinan más el análisis y lo entienden como ‘el nuevo capital’ de las corporaciones. Sea como fuere, Rodríguez incide en que “el dato por sí mismo no nos dice nada; lo que importa para el proceso productivo es la información que se consigue extraer de esos datos". 

Además de generar datos como consumidores, también los producimos en el entorno laboral, a menudo bajo monitorización constante

El trabajo en las plataformas digitales, nacidas al calor de este nuevo paradigma, ya no es su único representante. Hoy en día más del 50 % de las grandes empresas admiten usar datos y algoritmos para organizar el trabajo, de acuerdo con Rodríguez. Estamos familiarizados con la idea de que sean los consumidores de la economía digital quienes generen datos —por ejemplo, en el caso de las redes sociales, donde accedemos gratuitamente a cambio de convertirnos nosotros mismos en un producto de atención publicitaria—. Sin embargo, también producimos datos en nuestros entornos laborales mientras trabajamos, a menudo bajo monitorización constante.  

“¿Por qué algo que es aparentemente nuestro no revierte, al menos en parte, en los ‘productores’ de los datos?”, se pregunta Rodríguez. Aunque existen pocas evaluaciones y es una cifra difícil de estimar, algunos trabajos sitúan el valor generado por las empresas gracias a estos datos en los 197.651 mil millones de dólares en EEUU, una cifra que no ha dejado de aumentar en años recientes.  

¿De quién son los datos?

Determinar a quién pertenecen los datos no es fácil. Para empezar, no todos son iguales. Algunos datos —como los genéticos o biométricos— están íntimamente ligados a la identidad personal y su tratamiento plantea graves cuestiones éticas y jurídicas. Otros se derivan de nuestro comportamiento y son más fácilmente capturables y explotables sin nuestro control consciente, y ni siquiera está tan claro que nos pertenezcan a título individual. 

Los datos son hechos sociales, no es sencillo atribuirlos a un único propietario

La mayoría de estos datos no tienen valor por sí mismos, sino en su agregación y tratamiento. “Son hechos sociales”, como dice Rodríguez, no individuales. Por ejemplo, ¿a quién pertenece una conversación entre dos personas, o una interacción con todo un sistema colectivo? ¿Quién es dueño del dato si este solo adquiere sentido cuando se cruza con otros miles? Estas incógnitas han llevado a algunos autores a considerar que los datos no pertenecen a nadie, sino que son un bien común. 

¿Capital, trabajo o propiedad intelectual?

Estas dificultades para definir la naturaleza de los datos se replican en el sistema productivo. En sus investigaciones, Rodríguez ha identificado dos grandes tesis al respecto: la que los considera un ‘capital’ de las empresas y la que los considera un ‘trabajo’ de los empleados. En el primer caso, la redistribución del valor generado podría darse a través de impuestos a las compañías; en el segundo caso, habría de reconocerse la producción de datos como un trabajo más y remunerarla como tal. 

Sin embargo, Rodríguez es escéptica con esta última visión. Convertir la generación constante de datos en un trabajo reforzaría la lógica de la precariedad que acompaña a gran parte de la economía digital. “¿Qué tipo de mundo laboral estaríamos construyendo sobre la base de millones de personas produciendo datos en un empleo precario, invisible, informal y sin protección social?”, se pregunta. Además, normalizarlo como un trabajo cualquiera incentivaría una mayor monitorización y vigilancia de la vida, especialmente entre personas vulnerables que podrían ver en la generación y venta de sus datos la única fuente de ingresos posible. 

El consentimiento para ceder el uso de los datos personales suele darse en una relación de asimetría

Otra opción, tampoco exenta de problemas, es reconocer el derecho de propiedad intelectual sobre los datos. Esta perspectiva traslada el dilema sobre su explotación a la cuestión del consentimiento. ¿Pero cuántas veces al día aceptamos compartir información en internet sin parar a leer los términos y condiciones? Aún más, ¿qué validez puede tener el consentimiento en el caso de una relación laboral, donde hay asimetría de poder entre la empresa y el trabajador? Podríamos acabar aceptando que se exploten nuestros datos simplemente para no perder el empleo. 

Por si fuera poco, Rodríguez advierte que reconocer este derecho de propiedad a título personal y retribuirlo implica aceptar y legitimar la monitorización, supervisión y captura de datos constante. Dejaríamos de estar en posición de preguntarnos colectivamente qué datos consideramos realmente necesario capturar cuáles no. Por sí solo, el sistema de propiedad podría dar pie a la mercantilización de una parte muy importante de nuestras vidas, con todos los dilemas éticos que ello implica. 

Del derecho de propiedad a la negociación colectiva

Pese a sus limitaciones, Rodríguez parte de una aceptación crítica de los datos como propiedad intelectual para plantear su propuesta. "Aunque no podamos decidir exactamente de quién es el dato, hay que situar el origen del mismo”, señala. Puede que tomado de forma aislada no signifique mucho, pero sin ese dato inicial, todo el proceso de creación de valor posterior no tendría lugar. Y en el contexto laboral, su origen se encuentra en las personas empleadas. 

Por ello, plantea una tercera vía: reconocer el valor económico de los datos generados en el ámbito laboral y distribuir sus beneficios a través de la negociación colectiva. Este mecanismo permitiría retribuir la propiedad de los datos sin necesidad de aceptar como inevitable una monitorización y vigilancia generalizadas. 

La negociación colectiva no solo permite distribuir los beneficios de los datos, sino también codefinir su gobernanza

Para ella, la negociación colectiva supone también un instrumento democratizador, no solo para redistribuir los beneficios generados por la explotación de los datos, sino también para codefinir su gobernanza —cuáles, cómo y cuándo son recolectados—. Además, resolvería muchos de los problemas planteados, desde la complejidad de establecer su valor individual hasta la asimetría de poder que suele existir entre el empleado y la empresa. 

¿Tiene cabida su aplicación? Actualmente, los contratos laborales establecen la posibilidad de capturar datos para controlar la ejecución del trabajo, pero no mencionan nada sobre la captura de datos para su pura explotación económica. Sin embargo, nada impide que esto también quede reflejado. La compensación a los empleados no se basaría en la lógica salarial —puesto que no se retribuiría el dato como trabajo, sino como propiedad intelectual del trabajador—, por lo que el método sería más parecido a un canon económico. 

Rodríguez terminó su intervención de modo contundente: “Los datos se capturan sin límite y se utilizan sin límite en la cadena de valor para obtener beneficios económicos y mejorar la producción. Al mismo tiempo, hay millones de trabajadores donando sus datos a cambio de nada. Ha llegado el momento de monetizar esos datos, o dicho de otro modo, de repartir la productividad generada por los datos de los trabajadores”.  

Los retos del trabajo digital

El debate plantea una cuestión de fondo sobre el futuro del trabajo en la economía digital: ¿cómo garantizar que la tecnología no profundice las desigualdades, sino que contribuya a una mayor justicia distributiva? Reconocer el valor de los datos en el entorno laboral y decidir sobre ellos mediante mecanismos colectivos no solo permitiría compensar a quienes los generan, sino también reforzar los derechos de la ciudadanía en una sociedad cada vez más digitalizada.