Todos los tuits del presidente: libertad de expresión y redes sociales

Tirso Virgós

Foto: Sasha Kimel/Flickr

El 6 de enero, una muchedumbre atacó el Capitolio, símbolo de la democracia estadounidense, mientras se producía la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales. Previamente, Donald Trump y su círculo de leales había animado a sus seguidores a marchar hacia allí, en aras de disputar esos resultados, alegando que la elección había sido fraudulenta, a pesar de todas las pruebas en sentido contrario.

Las imágenes de aquel día marcaron un antes y un después en la mente de ciudadanos de todo el mundo. Podía observarse en directo como el país más poderoso de la Tierra escalaba su conflicto interno hasta una insurrección, o intento de golpe de estado, impensable hace unos años.

Capitol assault

Poco después, Twitter y Facebook expulsaban al por entonces presidente, aunque a dos semanas de dejar el cargo, de sus redes sociales. La primera, aludiendo a dos tuits en concreto, donde Trump decía que no iría a la investidura de Joe Biden, y que los 75 millones que le votaron tendrían voz en el futuro del país. La segunda, por considerar que sus publicaciones incitaban a más violencia durante el período de transición de poder que culminaría el 20 de enero. Ambas plataformas entendían que, sin la incitación de Trump, y las continuas dudas vertidas sobre el proceso electoral, los disturbios y el ataque al Capitolio no se hubieran producido.

La respuesta a nivel mundial no se hizo esperar, con la canciller Merkel diciendo que la libertad de expresión es un derecho modulable, pero conforme a legislación, y no a acciones de compañías privadas. Bruno Le Maire, Ministro de Finanzas francés, fue un paso más allá y dijo que el Estado, y no la “oligarquía digital”, debía ser el encargado de regular las redes sociales.

Es de sobra conocido el efecto que tienen las redes sociales en la polarización afectiva, consolidando cámaras de eco y efectos burbuja, así como discursos simples y efectistas

Pero la reacción más importante fue la del comisario para el Mercado Interior de la UE, Thierry Breton, que escribió un editorial en Politico. Allí definía el ataque al Capitolio y la expulsión posterior de Trump como el 11S de las redes sociales, que demostraban su condición sistémica y el rol que tienen como moderadoras de contenido, y no meras “plataformas” sin responsabilidad por lo publicado. El comisario también mencionaba la respuesta europea a la regulación del espacio digital: el Digital Services Act (DSA). Esta propuesta de la Comisión está construida en torno a una premisa básica: que lo que sea ilegal offline, lo sea también online.

Es de sobra conocido el efecto que tienen las redes sociales en la polarización afectiva, consolidando cámaras de eco y efectos burbuja, así como discursos simples y efectistas.

Por supuesto, no son el único factor que ha incrementado la separación emocional entre ciudadanos de países democráticos, que pasan a ver al otro como un enemigo en lugar de un rival político. Pero es innegable que la capacidad de las redes para amplificar mensajes juega en favor de los discursos polarizadores, y la personalización de contenidos lo hace en favor de comunidades cada vez más estrechas y uniformes en cuanto a pensamiento.

Trump protest
Es innegable que la capacidad de las redes para amplificar mensajes juega en favor de los discursos polarizadores (Foto: Alisdare Hickson/Flickr)

Estos discursos, en función de quién los emita, pueden resultar repulsivos para algunos ciudadanos. Sin embargo, es necesario establecer una clara línea entre lo que es “ilegal” y lo que es meramente “dañino”. Tal y como explicamos aquí, intentar eliminar todo aquel contenido que puede englobarse en la segunda categoría puede acabar llevando a leyes que asfixien la libertad de expresión.

Porque, ¿quién asegura que no pueda ser “dañino” para algunos mostrar banderas LGTBI, el ateísmo, o los insultos a la nación? ¿O para otros el ensalzamiento de héroes nacionales o la defensa de festividades religiosas?

La base de nuestras democracias liberales es el consenso traslapado entre distintas concepciones de lo que es la vida buena, bajo una serie de principios rectores comunes. Cualquiera puede perseguir su ideal mientras no viole los derechos de los demás. Quizás dedicarse a surfear en Malibú sea el sueño de algunos y el motivo de desprecio de otros, pero no es ilegal ni perseguible, igual que la pretensión de vivir una vida conforme a preceptos religiosos, por perjudicial que esa conducta pueda parecer a otros.

Es necesario establecer una clara línea entre lo que es 'ilegal' y lo que es meramente 'dañino'

Atendiendo a los tuits por los que Twitter decidió expulsar al anterior presidente de los Estados Unidos, esta cuestión surge con mayor fuerza. Trump había animado a sus seguidores a acudir al Capitolio, pero no es menos cierto que luego les instó a “regresar a sus casas” para tener paz, ley y orden, a pesar de continuar con su retórica de una elección robada. Facebook aludía a las acciones del presidente como propicias para favorecer la violencia, y es cierto que el ataque se saldó con cinco muertos, así como la revelación de planes para secuestrar a figuras como Nancy Pelosi o Mike Pence.

Sin embargo, determinar si las palabras y acciones de Trump fueron la causa última no ya del ataque, sino de los muertos y el plan de secuestro, corresponde a un tribunal, y no a las redes sociales.

Al fin y al cabo, ¿debería poder Twitter suspender la cuenta de Trump por hablar de la voz de sus 75 millones de votantes y decir que no asistirá a la toma de posesión del siguiente presidente? Ninguna de las dos frases representa una ilegalidad, y considerar que pueden resultar dañinas para la convivencia y la paz, igual que hizo Facebook, son juicios de valor que pueden llevar a una peligrosa pendiente resbaladiza.

Derechos digitales
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Otro argumento esgrimido ha sido que, dado que Twitter y Facebook son empresas privadas, pueden desproveer a Trump de sus plataformas, y que esto, además, contribuye a reducir la retórica del odio. La posibilidad de un juicio tradicional para el expresidente no exime de la posibilidad de que las redes sociales puedan tomar acciones por su cuenta.

Sin embargo, hemos de plantearnos dos cuestiones a este respecto. La primera es si podemos considerar las redes sociales como “meras empresas” o si, por el contrario, tienen un carácter sistémico, en tanto en cuanto representan foros de reunión online para miles de millones de personas. Tal y como demuestra el impacto del reciente bloqueo informativo de Facebook a Australia, sus decisiones tienen consecuencias a lo largo y ancho del mundo.

Determinar si las palabras y acciones de Trump fueron la causa última no ya del ataque, sino de los muertos y el plan de secuestro, corresponde a un tribunal, y no a las redes sociales

El segundo es si verdaderamente desproveer de altavoz a aquellos cuyos discursos nos parecen repulsivos ayuda a confrontarlos y reducir su poder. Para partidos más minoritarios, aparecer a ojos del público como los repudiados por el “mainstream”, y una alternativa a las formaciones políticas tradicionales puede traducirse en más éxitos electorales. Y para líderes como Trump o partidos como el Republicano, una excusa para crear nuevas plataformas enfocadas exclusivamente a sus seguidores, y que contribuyan a incrementar todavía más la división. Sin espacios comunes de convivencia e información, ¿cómo pueden restañarse las heridas causadas por la creciente polarización afectiva?

Por eso es necesario que la DSA cumpla las promesas realizadas desde la Comisión: que se centre en limitar el ámbito de alcance del contenido dañino, luchando por eliminar el que sea ilegal conforme a los estándares europeos; que fije unos altos estándares de privacidad y de respeto a los derechos fundamentales, tal y como recoge la propuesta legislativa; y que asegure la protección de aquellos que sufren discursos de odio en las redes. La cuestión no es baladí, puesto que lo que está en juego es el futuro mismo de los principios liberales que sostienen las democracias tal y como las conocemos hoy en día.

Si el ataque al Capitolio y la expulsión de Trump supusieron un antes y un después en la regulación de las redes sociales, debemos estar seguros de que nuestra respuesta es acorde a lo esperado

Si el ataque al Capitolio y la expulsión de Trump supusieron realmente una especie de 11S —un antes y un después en la regulación de las redes sociales—, debemos estar seguros de que nuestra respuesta es acorde a lo esperado. Una excesiva vigilancia de internet, promoviendo que, en caso de duda, sea mejor eliminar un post que mantenerlo, llevará a regresiones democráticas. De forma similar, aunque el contenido dañino no deba ser eliminado, es necesaria una conversación sobre los efectos de la desinformación y cómo poner coto a su expansión por las redes, con medidas como diversos fact-checkers para evitar la cooptación de los mismos por agentes políticos.

Las democracias liberales, tal y como nos han enseñado los últimos años, son a la vez resistentes y frágiles: resistentes porque son capaces de seguir generando legitimidad como sistema a pesar de las crisis; frágiles porque los principios sobre los que se sostienen, como la tolerancia mutua o la aceptación de una pluralidad de discursos, han sufrido constantes ataques en los últimos años. Stephen Holmes decía que “convertir el desacuerdo público en una fuerza creadora puede haber sido el principio liberal más novedoso y radical de su política”. Es nuestra responsabilidad proteger esa discrepancia frente a las cámaras de eco, tanto en el reino offline, como en las arenas de debate online, o enfrentarnos a la cruda realidad de un mañana iliberal.

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