Las muertes en las fronteras europeas son el punto ciego de nuestro siglo

El día 20 de junio se celebra el Día Mundial de las Personas Refugiadas en conmemoración de la adopción de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. La Convención se acordó en 1951 para dar respuesta al gran número de personas desplazadas como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.  

Mediante su ratificación, los Estados se obligan a brindar protección a aquellas personas que cumplan los requisitos de la Convención para ser consideradas como refugiadas y se prohíbe la devolución de cualquier persona a un territorio donde su vida esté en peligro. La Convención es el instrumento legal por excelencia del derecho de asilo y ha sido firmada por casi todos los países del mundo.  

El refugio no es una concesión que dependa de la buena fe de los Estados, sino una obligación del derecho internacional 

La Convención de 1951 vino a consolidar tradiciones milenarias de asilo presentes en todas las culturas del mundo. Es la expresión legal de la convicción de que, por encima de los requisitos de entrada de los extranjeros al territorio de un Estado, está la obligación de proteger a las personas. Es decir, que cuando la protección nacional cesa por cualquier razón (porque el Estado no puede o no quiere proteger a sus propios ciudadanos) un tercer Estado debe intervenir para proteger a esas personas que huyen.  

En términos legales, a esto se le llama protección internacional. Es importante recordar que los países firmantes de la Convención están obligados a brindar protección internacional a aquellos que cumplan los requisitos. Es decir, no es una concesión que dependa de la buena fe o caridad de los Estados, sino una obligación del derecho internacional. 

Necropolítica en la Europa de los derechos humanos 

Este año, cuatro días después del Día de las Personas Refugiadas, se cumple un año de la masacre de Melilla, en la que murieron al menos 37 personas refugiadas. Eran chicos jóvenes de Sudán, de Chad, de Sudán del Sur que huían de la guerra y la persecución, que venían buscando protección y que fueron recibidos con gases lacrimógenos, balas de goma y porrazos y murieron asfixiados en la puerta de España, ante la mirada impasible de las autoridades españolas. Un año después, no ha habido ni justicia, ni reparación. Ni siquiera hay una lista oficial de los fallecidos, y son los propios supervivientes y algunas organizaciones de la sociedad civil quienes se han encargado de contactar a sus familias para comunicarles la muerte de sus hijos, hermanos, amigos.  

Pero este crimen no es un acontecimiento aislado. Forma parte de lo que el teórico político camerunés Achille Mbembe llamó necropolítica, es decir el ejercicio del poder político que determina quienes viven y quienes mueren. Las políticas migratorias europeas determinan que las personas racializadas, pobres, migrantes, no tienen cabida en la Europa que se jacta de ser la cuna de los derechos humanos.  

El fin de la política migratoria es que las personas estimadas como indeseadas no lleguen a pisar territorio europeo 

Hace solo seis días morían cientos de personas en el último naufragio en el mar Jónico, entre ellas decenas de niños. Según el informe de Caminando Fronteras, en 2022 murieron 2.390 personas en las rutas de acceso a España. La OIM ha documentado 26.924 personas desaparecidas en el Mediterráneo desde 2014. Miles de personas mueren tratando de llegar a costas europeas como consecuencia de la inexistencia de vías legales y seguras para migrar.  

El fin de esta política migratoria es que las personas estimadas como indeseadas no lleguen a pisar territorio europeo. Si para ello hay que incumplir la ley del mar, pagar a regímenes dictatoriales como Libia o Marruecos para que hagan el trabajo sucio, o matar por omisión del deber de socorro a miles de personas, que así sea. Bienvenidos a la Europa de los derechos humanos. 

Derecho al refugio: una cuestión de voluntad política 

Esto ocurre ante el telón de fondo de la crisis de Ucrania, en la que se ha demostrado que cuando hay voluntad política, se pueden hacer las cosas bien. Ante la huida de miles de refugiados de Ucrania, la UE activó por primera vez la Directiva de Protección Temporal, que da protección y estatus legal inmediato a las personas que huyen de un conflicto. Esta Directiva, pensada para dar una respuesta a llegadas masivas a la UE como consecuencia de la guerra o de violaciones sistemáticas de derechos humanos, no se había activado nunca, ni cuando llegaron más de un millón de personas refugiadas huyendo de la guerra de Siria en 2015.  

La oleada de solidaridad y la repentina eficiencia administrativa a la hora de documentar y acoger a las personas refugiadas de Ucrania contrastan enormemente con la respuesta a personas refugiadas provenientes de otros países. En el mismo momento en que ciudadanos de toda Europa se movilizaban para recoger a los refugiados en la frontera con Polonia y los llevaban a otros países europeos, y mientras se movilizaba el aparato burocrático para conceder la protección temporal, documentar y asignar número de la seguridad social en tiempo récord, llegaban 900 personas provenientes en su mayoría de Sudán y Mali (ambos países en conflicto) a Melilla.  

A ellos nadie los fue a buscar en autobuses a la salida de su país devastado por la guerra, tuvieron que cruzar medio continente a pie, ser torturados por autoridades libias financiadas con dinero europeo, jugarse la vida saltando una valla construida con la última tecnología para hacerla infranqueable y, los que consiguieron pasar, ser recibidos con material antidisturbios. A su llegada, les esperaba un laberinto burocrático que puede alargarse años hasta que consigan un estatus legal que les permita vivir, trabajar y existir sin miedo a ser devueltos a su país.  

Tanto los ucranianos como los sudaneses y malienses huyen de países en guerra 

Ellos no pueden elegir en qué país europeo se van a instalar. Deben quedarse en el primer país de llegada, aunque tengan familia o amigos en otro o ya hablen el idioma de otro país, cosa que facilitaría enormemente el inicio de su vida en Europa. Ellos no pueden elegir porque no tienen agencia, suficientemente agradecidos tienen que estar de que les dejamos quedarse.  

Tanto los ucranianos como los sudaneses y malienses huyen de países en guerra. Ambos tienen derecho a la protección internacional. No obstante, la diferencia de trato es abismal. No es necesario pensar demasiado para darse cuenta de que la diferencia radica en el color de piel. Todos recordamos a los periodistas mencionando que los refugiados de Ucrania eran “rubios, de ojos azules, como nosotros”.  

Quizás el color de piel marca el límite de la empatía europea. Que no se malinterprete, todos celebramos que la respuesta a las personas que huyen del conflicto ucranio haya tenido en cuenta la dignidad de las personas. Simplemente ha evidenciado el racismo europeo y el doble rasero con el que se crean refugiados de primera y de segunda y que una respuesta digna a las personas desplazadas no depende de la capacidad o los recursos, sino simplemente de la voluntad política.  

El punto ciego del siglo XXI 

Con el auge de la extrema derecha en cada vez más países europeos, que usan a las personas migrantes como chivo expiatorio de todos sus males y reivindican políticas inhumanas de deportaciones masivas y (¡más!) endurecimiento del control fronterizo, el futuro es francamente aterrador, lo cual es mucho decir teniendo en cuenta que el presente ya es siniestro para las personas migrantes.  

Las muertes en las fronteras europeas pasarán a la historia como la mayor vergüenza del siglo XXI 

El escritor Amin Maalouf hablaba de que cada época ha tenido su punto ciego, la tara por la que nos juzgará el futuro. La Inquisición o la esclavitud, prácticas normalizadas en determinadas épocas, fueron puntos ciegos. Echando la vista atrás, nos parece impensable que nadie hiciera nada para parar esas atrocidades. La respuesta europea a la inmigración, las muertes en las fronteras, la impunidad, el racismo y la discriminación institucionalizada hacia las personas migrantes son el punto ciego de nuestra época y pasarán a la historia como la mayor vergüenza del siglo XXI.  

Por ello, en un día como hoy, en el que se celebran 72 años del consenso internacional sobre la protección de las personas refugiadas, debemos recordar la importancia de hacer valer ese compromiso y arrojar luz sobre ese punto ciego. Están en juego los principios y valores sobre los que las sociedades democráticas dicen sustentarse.