Hogar, refugio y esperanza: El valor de la vivienda para las personas refugiadas

España y los países integrados en la Unión Europea (UE) se encuentran en una crisis de vivienda muy importante que se traduce en una mayor escasez de alojamientos para dar respuesta a las necesidades de la población en general y, especialmente, a la población migrante y refugiada.  

Según los datos de la UE, en el año 2022 España tuvo 116.135 solicitantes de asilo, tan solo superada por Alemania (217.735) y Francia (137.510). En lo que llevamos de año, según el Ministerio del Interior español, hay más de 50.000 solicitudes presentadas, principalmente de países como Venezuela, Colombia o Perú.  

Cuando se piensa en una casa, en una vivienda estable, inmediatamente evocamos la seguridad, la intimidad y la independencia: un sitio donde construir una vida, algo que hoy en día resulta cada vez más difícil de conseguir. Para las personas refugiadas, una vivienda estable puede significar un entorno donde puedan reconstruir sus vidas y sentirse protegidas. Verse privadas de esta seguridad dificulta muchos aspectos de su vida que a menudo pasan desapercibidos, como por ejemplo la integración social, las relaciones sociales, la estabilidad familiar o la propia autoestima.  

La vivienda: un derecho humano 

La cuestión de la vivienda implica reconocer que es un derecho humano universal consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto conlleva a que todas las personas tienen derecho a una vivienda digna y segura donde vivir, incluyendo las personas que están siendo obligadas a huir de sus países de origen debido a conflictos, persecuciones o violaciones de sus derechos humanos.

Para garantizar este derecho, los Estados y la comunidad internacional deben tomar medidas que aseguren el acceso a una vivienda adecuada y segura, junto con soluciones a largo plazo como la integración en las comunidades de acogida, el acceso a la sanidad, la educación, etc.  

La situación generalizada de falta de vivienda afecta especialmente a las personas refugiadas

La situación del derecho a la vivienda de las personas refugiadas en España resulta muy compleja, precisamente, por el insuficiente acceso a viviendas adecuadas y asequibles para toda la población. Como colectivo vulnerable, esta situación generalizada les afecta especialmente.  

A esto se suman las barreras administrativas y burocráticas a las que se tienen que enfrentar y que limitan sus oportunidades para encontrar un lugar donde vivir, sin olvidar la estigmatización y discriminación que sufren por parte de las personas propietarias de viviendas o, incluso, de las mismas comunidades de vecinos. Todo esto contribuye a la exclusión social y residencial de estas personas, quedando relegados a largas listas de espera. 

Refugio desde Ucrania, un caso excepcional 

Sin embargo, no siempre es así. El ejemplo más claro de una respuesta positiva por parte de la UE y de España es la reacción hacia las personas que huyen de Ucrania. Debido a la presencia mediática del conflicto y gracias a la activación de la Directiva de Protección Temporal, los Estados miembros de la UE ofrecen permisos de residencia de mínimo un año de duración, además de facilitar el acceso a la educación, sanidad, trabajo y alojamiento. 

En los países europeos hay registrados en el mes de mayo de 2023 más de 5 millones de personas refugiadas de Ucrania; en España se han recibido aproximadamente 177.228 refugiados ucranianos hasta el momento en el que se escribe este artículo.  

Sin embargo, como bien sabemos, esto no ocurre con otras miles de personas refugiadas, lo que nos lleva a reconocer la doble cara de la UE a la hora de ofrecer atención a quienes están siendo obligados a dejarlo todo en sus países de origen para llegar a encontrarse detenidos, rechazados o sufriendo tratos inhumanos. Así ocurre con personas desplazadas desde Siria, Afganistán, Sudán, Burkina Faso, Mali, Honduras, Venezuela o Colombia. En algunos casos, incluso acaban hallando la muerte en las costas europeas. 

Combatir la discriminación en el acceso a la vivienda 

Podríamos pensar que el problema de la vivienda se solucionaría construyendo más domicilios, aumentando los parques de vivienda púbica o con la construcción de viviendas alternativas como es el caso de los alojamientos hechos a partir de contenedores marítimos reciclados, cuyo ejemplo se puede encontrar en ciudades como Copenhague, Vancouver o Barcelona. 

Sin embargo, estudios como el realizado por Provivienda en 2020 encontraron que el 72,5% de las inmobiliarias en España aceptaba la discriminación directa absoluta en sus ofertas, es decir, el bloqueo completo del acceso a la vivienda a la población extranjera, incluidas las personas migrantes y refugiadas. El Ayuntamiento de Barcelona, en un estudio de 2021, encontró que las inmobiliarias aceptan excluir a este colectivo en el 86 % de los casos en que la propiedad pide su exclusión. Estos resultados muestran que la criba de personas migrantes en las inmobiliarias es algo habitual.  

La criba de personas migrantes por parte de las inmobiliarias es habitual

Por otro lado, los criterios demandados para los contratos de alquiler, las cláusulas abusivas, el exceso de documentación requerida o las cantidades excesivas de fianzas exponen a muchas de estas personas a una vulnerabilidad que puede llevarlas a una situación de sinhogarismo. A pesar de que existen entidades sociales y ONGs que trabajan con personas refugiadas y solicitantes de asilo actuando como intermediarias entre la parte propietaria o las agencias inmobiliarias y la parte inquilina, a menudo se encuentran con limitaciones muy importantes a causa del racismo.  

Sin una implicación por parte de toda la sociedad para combatir la discriminación en el mercado privado de viviendas, la vulnerabilidad de estas personas no hará más que aumentar, generando nuevas violencias y disminuyendo el estado del bienestar del que tanto hablamos.  

Una mirada integral al derecho al refugio 

En conclusión, en todos los países de la UE se ha visto un incremento del número de personas que luchan cada día por encontrar un lugar digno donde vivir, un hogar, un refugio donde volver a reconstruir sus vidas... Un fenómeno que pone en evidencia la gran problemática de la vivienda.  

Por todo ello, es importante tener en cuenta las limitaciones y retos que existen en torno a esta cuestión, más cuando se trata de colectivos vulnerables como el de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Ahora bien, para abordar esta temática tan compleja se necesita un enfoque integral, considerando otros aspectos claves como pueden ser el acceso al empleo, la educación y los servicios sociales.  

Sin este enfoque, las limitaciones en el acceso a la vivienda pueden persistir, impidiendo que estas personas puedan vivir con dignidad y seguridad. Solo al hacerlo podremos avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa en la que se respeten los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Sin duda, el primer paso es reconocerlo para poder actuar.