Sequía, greenwashing y la economía: ¿Cuál es la solución?

En abril de este año, el Servicio de Cambio Climático de Copernicus publicó su informe anual sobre el Estado del Clima Europeo (ESOTEC) en el que se detallan los fenómenos climáticos de 2022 en Europa y el resto del mundo.  

Los datos del programa Copernicus, que coordina y gestiona la Comisión Europea, revelaron que Europa vivió su peor verano desde que hay registros: las temperaturas de todo el continente aumentaron el doble que el incremento medio de la temperatura registrada a nivel mundial. Lo que, sumado a que hubo menos días de nieve y las precipitaciones estuvieron por debajo de la media, resultó en una sequía generalizada. 

“Las sequías impiden a la naturaleza ofrecer una gran variedad de beneficios medioambientales, sociales y climáticos, así como de biodiversidad”, afirman desde la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).  

La sequía afecta a objetivos a largo plazo de la Política Agrícola Común de la UE

“La sequía también afecta a otros aspectos, como la producción viable de alimentos, la gestión sostenible de los recursos naturales, la acción del clima y el desarrollo territorial equilibrado, todos ellos objetivos a largo plazo de la Política Agrícola Común de la UE. Por tanto, es importante que la UE tome medidas para reducir la gravedad de las consecuencias”. 

Gas y nuclear, ¿energías verdes? 

A pesar de haberse comprometido a gestionar de forma sostenible los recursos naturales y paliar los efectos del cambio climático, en julio de 2022 el Parlamento Europeo aprobó una propuesta de la UE para clasificar la energía nuclear y el gas como respetuosos con el medio ambiente. El acto delegado complementario añade ‘algunas’ actividades económicas nucleares y de gas a las que ya estaban incluidas en el primer acto delegado sobre cambio climático y adaptación al mismo, y lo hace “bajo condiciones estrictas”. 

Este cambio fue acogido con controversia: la Comisión se enfrenta a recursos legales de Greenpeace y de una coalición formada por ClientEarth, la Oficina de Políticas Europeas de WWF, Transport & Environment (T&E) y BUND (Friends of the Earth Germany).

Pero según Robert Tornabell, profesor emérito del departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade, el sistema energético necesita dichas fuentes tradicionales para cubrir los déficits de las energías renovables.  

“En España, la eólica es la principal fuente de generación de energía, pero, en ausencia de rachas de viento continuas, necesitamos fuentes alternativas”, afirma. "También tenemos energía hidráulica en algunas partes del país, pero son muchas las zonas afectadas por la sequía”. 

“Clasificar el gas como energía verde, incluso si este se ha vuelto exorbitantemente caro, permite garantizar que se mantiene el equilibro del sistema de energías renovables”.  

Aunque destaca que el gas natural es solo una pequeña parte de una solución más amplia. “Se puede usar junto con la energía hidráulica y nuclear, además de las plantas de ciclo combinado, aunque emitan C02”, comenta.  

Un golpe directo a la economía 

Por muy limitado que sea su uso, los desorbitados costes energéticos del gas natural, sumados a las repercusiones cada vez más graves de la sequía, suponen un alto riesgo para la economía”, afirma Manuel Hidalgo. El investigador sénior del Centro de Políticas Económicas de Esade explica: “La sequía afecta a la producción de alimentos, que tiene un peso considerable en el PIB y las exportaciones”.  

Este tema fue el centro del debate en el Foro de Fiscalidad organizado por EsadeEcPol: Impuestos Medioambientales en España, celebrado en abril.  

Xavier Labandeira, director del centro de investigación Economics for Energy y miembro del Comité de Personas Expertas para la Elaboración del Libro Blanco sobre Reforma del Sistema Tributario Español,  participó como ponente en un panel de expertos en fiscalidad y dijo: “Nos enfrentamos a una serie de problemas muy graves: altas temperaturas, incendios, sequía, gran dependencia energética... que crean una necesidad de ingresos, y vamos a necesitar muchos recursos, algunos públicos, para gestionar este gran cambio”.  

Gravar con impuestos los comportamientos perjudiciales para el medio ambiente tiene ventajas redistributivas para la sociedad

Alain Cuenca, director del Instituto de Estudios Fiscales, también indicó que la aplicación de impuestos es una respuesta a los problemas sociales y económicos que causan el cambio climático y los mayores niveles de sequía. 

“Gravar con impuestos aquellos comportamientos que son perjudiciales para el medio ambiente tiene ventajas redistributivas para la sociedad, ya que todos nos beneficiamos de una atmósfera más limpia”, opinó en el foro sobre fiscalidad. 

Francisco de la Torre, director del foro, se mostró de acuerdo con él. “Aplicar impuestos tendrá sentido si el medio ambiente está cambiando, que es lo que lo tenemos que preguntarnos a nosotros mismos”, dijo en el evento. “No podemos alterar la atmósfera y pensar que no nos va a pasar nada”. 

Pero los grupos medioambientales afirman que los recursos financieros no se están canalizando en la dirección correcta.  

Greenpeace sostiene que lo que denomina el “acto del lavado verde” de la Comisión permite que el gas fósil y las plantas de energía nuclear reciban dinero que, de otra forma, se hubiera destinado a energías renovables orientadas a luchar contra la sequía.  

“Estamos en una carrera contra la crisis climática y ecológica”, afirma la responsable de la campaña de finanzas sostenibles de Greenpeace, Ariadna Rodrigo. “Mientras tanto, los que contaminan ya están usando esta etiqueta falsa para desviar inversiones verdes de allí donde se necesitan”. 

Y para las comunidades afectadas, los fondos y proyectos respaldados por los gobiernos avanzan muy lentamente. En 2022, las sequías que sufrió el río Po en Italia, una de las zonas agrícolas más importantes de Europa, causaron pérdidas por valor de 6000 millones de euros en daños a los productos agrícolas. La perspectiva para 2023 parece igual de desoladora y, a pesar de los 36,5 millones de euros que se han repartido para ayudar a las zonas directamente afectadas por la sequía, los miembros de la comunidad siguen estando enfadados. 

“La UE se equivoca completamente en cuanto a sus prioridades”, dice Vanni Destro, activista y vecino del delta del río Po. “Se pasan el tiempo encontrando formas de enriquecer más a los que contaminan y no se preocupan de comunidades como la mía”. 

¿Es el hidrógeno una solución? 

¿Existe una solución intermedia? Robert Tornabell, de Esade, piensa que sí, y que dicha solución es el hidrógeno. Es posible producir hidrógeno a partir de una variedad de recursos, como el gas natural y la energía nuclear, pero también de energías renovables como el sol y el viento. 

“En el País Vasco y en Cataluña ya hay un abastecimiento de hidrógeno verde que puede sustituir al gas natural” explica. “El País Vasco cuenta con instalaciones que no emiten CO2, y los trenes de mercancías de CAF tienen locomotoras que funcionan con hidrógeno verde”. 

La Comisión Europea ha aprobado destinar hasta 5200 millones de euros a financiación pública para proyectos de hidrógeno, pero estos fondos no afectarán a comunidades o economías de zonas golpeadas por la sequía como el río Po este año. 

Tal y como dice Robert Tornabell: “Para enfrentarnos a la sequía, necesitamos nuevas soluciones de producción de energía. El hidrógeno verde es una que no contamina”.