Pobreza infantil en España: ¿Por qué el crecimiento económico no basta?

Mientras España se consolida como uno de los motores económicos actuales, liderando la expansión financiera, persiste una realidad social que crece en el país: a día de hoy, un 29 % de los niños y adolescentes está en situación de pobreza relativa monetaria, una cifra que se eleva al 34,6 % en términos de carencia material y social severa. En total, son 2,7 millones de menores de edad los que viven en hogares monoparentales o en hogares con adultos migrantes.

Esta cifra de pobreza infantil no es una anomalía puntual ni es una consecuencia directa de una coyuntura económica adversa. Al contrario, convive en un contexto en el que el crecimiento y la recuperación del empleo han avanzado, lo que obliga a mirar más allá de los indicadores y preguntarse por qué y cómo se aborda una problemática que tiene bases sistémicas.

El informe de UNICEF España “El beneficio de hacer: El impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil en España”de2025, en el que ha participado el Departamento de Política Económica de Esade (EsadeEcPol),reflexiona sobre ello. Si bien hace una lectura combinada entre el análisis del índice de pobreza infantil y los resultados de simulaciones de las políticas públicas monetarias que pueden llevarse a cabo, también aporta una visión clara: estamos frente a una problemática que es multidimensional y que requiere ser abordada de manera integral, combinando la política monetaria con otras políticas que también tienen capacidad de impacto.

¿Por qué el crecimiento económico no llega a la infancia?

Los datos sitúan a España entre los países con mayores tasas de pobreza infantil de la Unión Europea. El hecho de que esta realidad contraste con la evolución positiva de la economía en conjunto sugiere que el crecimiento, por sí solo, no está siendo suficiente para mejorar las condiciones de vida de niños y adolescentes.

El estudio de UNICEF desvela un desacople estructural, lo que implica que el crecimiento económico no se transfiere automáticamente a todos los hogares ni tiene el mismo impacto. Los factores son varios: desde la posición en el mercado laboral hasta la composición del hogar, o el acceso a los sistemas de protección social, entre otros. Por ello, en el caso de la infancia y la adolescencia, ese desacople se traduce en una vulnerabilidad persistente que no se corrige únicamente con el ciclo económico, porque tiene también que ver con una carencia material y social.

No es un fenómeno coyuntural, sino estructural. Y requiere de respuestas más allá de crecimiento económico

Aunque se han llevado a cabo medidas desde el ámbito económico —como bonificaciones fiscales que aplican en la renta—, la pobreza infantil no puede entenderse solo en términos de ingresos, sino que se trata de un fenómeno multidimensional que combina factores económicos, laborales, educativos, familiares, sociales y de acceso a servicios básicos. En conjunto, todo ello sugiere una visión más amplia en las políticas a aplicar, más allá de la económica.

El alto coste del “círculo de la pobreza”

A partir de este diagnóstico inicial, el informe de UNICEF plantea una idea clave: intervenir para reducir la pobreza infantil tiene un coste (unos 5.500 M€ aproximadamente), pero no hacerlo tiene uno mayor.

Se calcula que el coste de la pérdida estructural de capital humano y bienestar colectivo puede estar valorado en 63.000 M€ (el 5,1 % del PIB,según el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil). Suele ser un coste de impacto menos visible, aunque más elevado a medio y largo plazo. Las razones que explone el informe son claras: la pobreza infantil impacta en el desarrollo educativo, en la salud de los niños y jóvenes y en las oportunidades futuras, de manera que los efectos persistentes se arrastran durante décadas. 

Es el llamado “círculo de la pobreza”, que muestra cómo las condiciones de vida conllevan otras consecuencias en cascada, como desventajas educativas ­—un menor rendimiento en las aulas y una mayor tasa de abandono— que equivalen a la pérdida de dos años de escolarización. En el terreno de la salud son comunes los problemas de exceso de peso y el aumento de la depresión, con el consecuente aumento de los costes sanitarios y reducción en la esperanza de vida.

Haciendo una estimación, el coste de “no resolver el problema” de la pobreza infantil es entre tres y cuatro veces superior al coste anual de la medida de ayuda más ambiciosa simulada: la Prestación Universal por Crianza (PUC) de 200 € al mes. Según la simulación realizada para el informe, la PUC implicaría un coste de 18.000 M€, una cifra considerablemente inferior a los 63.000 M€ de coste estimado que supondría no aplicar medidas y políticas.

Además, hay que tener en cuenta que no resolver el problema no solo tiene este alto coste diferido, sino que también conlleva efectos intergeneracionales, impacto en el capital humano, en el bienestar social y en la productividad futura.

Desde esta perspectiva, el informe de UNICEF no se limita a señalar el problema, sino que busca analizar qué políticas pueden tener un mayor impacto y cómo combinar eficacia y viabilidad.

Dos medidas económicas a prueba

Entre las políticas analizadas para paliar la situación destacan dos medidas de carácter económico. EsadeEsPol llevó a cabo una simulación de ambas en contextos reales, cuyos resultados se reflejan en el informe de UNICEF.

La PUC consiste en un ayuda por hijo a cargo, de entre 100 € y 200 € que, en las simulaciones, tendría un impacto significativo en la reducción de la pobreza infantil. Su carácter universal permite llegar a un mayor número de hogares, aunque con diferente impacto, a la vez que implica un elevado coste presupuestario.

El refuerzo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) proponeun aumento de entre el 20 % y el 40 % por hijo. Es una opción más focalizada, que muestra una buena relación entre coste-impacto: es más eficiente y su coste es más reducido, aunque tiene un alcance más limitado.

Las simulaciones de ambas medidas permiten comparar escenarios y entender las diferencias entre objetivos, eficiencia y viabilidad fiscal: La PUC tiene más capacidad de impacto, pero requiere de más esfuerzo fiscal, mientras que el refuerzo del IMV es más eficiente y viable, aunque tiene menor capacidad transformadora. Ante estas conclusiones, el informe se inclina por apostar en la PUC como eje central, combinada con mejoras en la focalización y en la cobertura del IMV.

Y aunque son dos opciones válidas desde el ámbito económico, el estudio no las presenta como soluciones únicas. Se consideran herramientas que permiten dimensionar el problema y, a la vez, evaluar otras opciones de políticas públicas que pueden coordinarse.

¿Dónde se pierde eficacia?

Uno de los insights más relevantes del estudio tiene que ver con el alcance de las políticas existentes y destaca el fenómeno del non take-up: una parte significativa de los hogares que podrían beneficiarse de determinadas ayudas no las reciben. Expresado en datos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que un 55 % de los hogares potencialmente elegibles para el IMV no lo solicita.

La eficiencia de una política no depende solo de su diseño, sino de su capacidad real para llegar a quienes la necesitan

Las razones son diversas: la falta de información, la complejidad burocrática, los requisitos difíciles de cumplir o la estigmatización asociada a la solicitud de prestaciones. El resultado es que el impacto potencial de las políticas se reduce.

Este enfoque traslada la atención del qué al cómo, y subraya la importancia de la implementación, la simplificación de procesos y el acceso a las medidas y políticas de ayuda para que realmente sean efectivas.

El potencial de integrar políticas

El informe de UNICEF es claro: las ayudas monetarias son una pieza clave, pero no suficiente. La reducción de la pobreza infantil requiere de un enfoque integral.

La educación desempeña un importante papel para prevenir la transmisión intergeneracional de la pobreza, la salud es determinante en el desarrollo infantil y el mercado laboral condiciona de forma directa la estabilidad de los hogares.

A ello deberían sumarse otras políticas que inciden de manera indirecta, pero decisiva: la eficiencia energética y un posible bono energético, el acceso a una vivienda adecuada, los servicios de cuidados y conciliación, los programas de alimentación y de tutorías personalizadas en las escuelas o la calidad de los servicios públicos en los territorios más vulnerables.

Una combinación coherente y alineada de estas políticas permite actuar desde las causas estructurales del problema, pasando así de una visión solo económica a una actuación más sistémica y efectiva.

Diseño, alcance y coherencia

Más que una contradicción difícil de explicar, la persistencia de la pobreza infantil es una señal que muestra que el diseño y la operativa de las políticas importa tanto como su existencia y que demanda de una protección social más robusta —en términos de presupuesto y generosidad— como garantía para una mejora real.

Como muestra el informe, aún hay margen de actuación. Existen palancas con impacto medible y la clave está en la coherencia del conjunto. Hay que combinar y priorizar: invertir en quien más lo necesita, asegurar el alcance y evitar la autoexclusión, así como preservar los incentivos alineados desde diferentes ámbitos y políticas. A la vez, también potenciar la llamada “generosidad suficiente”: que las medidas alcancen una cuantía suficiente para producir un cambio efectivo.

Si el crecimiento no logra por sí solo corregir la pobreza infantil, la pregunta ya no es si intervenir o no, sino cómo hacerlo mejor y con qué combinación de políticas.