Diez condenas en 25 años: ¿Cumple su propósito la Corte Penal Internacional?

Hace 25 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI). El Estatuto de Roma, instituido en una conferencia diplomática de cuatro semanas celebrada en dicha ciudad en 1998, entró en vigor en julio de 2002. 

El Estatuto definió cuatro delitos internacionales fundamentales que son competencia de la CPI: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. El tribunal, con sede en La Haya (Países Bajos), puede imponer penas de hasta 30 años y, en casos excepcionales, cadena perpetua. 

A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que resuelve controversias jurídicas entre Estados, la CPI es el único tribunal internacional con potestad para investigar y procesar a personas acusadas de los delitos más graves contra la comunidad internacional.  

El camino del castigo

La posibilidad de contar con un tribunal internacional para juzgar a personas se propuso originalmente tras la Primera Guerra Mundial. Dicha propuesta volvió a ponerse sobre la mesa antes y después de la Segunda Guerra Mundial y también durante la década de 1950, antes de la Guerra Fría.  

Posteriormente, a lo largo de las décadas de 1970 y 1980, académicos y políticos siguieron presionando para que se exigieran responsabilidades a las personas que cometiesen agresiones internacionales. Sin embargo, no fue hasta producirse los genocidios de la antigua Yugoslavia en 1993 y de Ruanda en 1994 cuando los líderes mundiales empezaron a tomar medidas significativas para crear un tribunal con competencia para procesar a los responsables de crímenes de guerra internacionales. 

La Comisión de Derecho Internacional presentó su propuesta final para establecer el tribunal en 1994. Después de muchas consultas, comités y comisiones, el texto del Estatuto de Roma, que da capacidad legal a la CPI, se aprobó tras la votación de 120 Estados miembros, con siete votos en contra y 21 abstenciones.  

Estados Unidos contra el mundo

Actualmente, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (cuyo nombre oficial es la Asamblea de los Estados Partes) está integrado por 123 Estados miembros, pero hay algunos ausentes destacados. China e India criticaron abiertamente el tratado y 41 Estados nunca lo firmaron. Otros países firmaron el estatuto, pero no lo ratificaron en su legislación, como Rusia, Israel y Estados Unidos. 

Estados Unidos y la CPI han mantenido una relación delicada desde el principio. La jurisdicción de la CPI también incluye el procesamiento de personas de Estados no miembros si el presunto delito se comete en el territorio de un Estado miembro. 

Aunque la legislación estadounidense le permite imponer sanciones a cualquier otro país, organización o ciudadano extranjero que considere que supone una amenaza para su seguridad nacional, la posibilidad de que una potencia enemiga someta a EE. UU. a un control similar siempre se ha encontrado con la férrea oposición de una sucesión de gobiernos.  

En 2020, la administración de Donald Trump llegó incluso a imponer sanciones, como la inmovilización de fondos y la revocación de visados, a los fiscales de la CPI. 

Casos procesados y aspectos controvertidos

La primera persona a la que la CPI juzgó con éxito fue Thomas Lubanga Dylio, expresidente de la República Democrática del Congo. En marzo de 2012, Dylio fue declarado culpable de los crímenes de guerra de alistar y reclutar a niños menores de 15 años y utilizarlos para participar activamente en hostilidades. 

Desde entonces, la CPI ha iniciado 30 casos más, 10 de los cuales se han resuelto en condenas y cuatro en absoluciones, mientras que 16 sospechosos siguen en libertad. La CPI cuenta con 18 jueces seleccionados por la Asamblea de los Estados Partes para mandatos de nueve años no renovables y dispone de un presupuesto anual de aproximadamente 200 millones de euros, por lo que muchos sostienen que es un despilfarro y no cumple el propósito para el que se creó. Pero la Coalición por la CPI niega estas acusaciones rotundamente. 

En una declaración publicada al cumplirse el 25º aniversario de la CPI, la Presidenta de la Asamblea de Estados Parte, S. E. Sra. Silvia Fernández de Gurmendi, afirmó: “Hoy el mundo necesita más justicia que nunca. Las atrocidades del siglo XX que llevaron a la creación de la Corte no han dejado de existir y asistimos a una erosión del multilateralismo y del Estado de Derecho cada vez mayor”.  

El fiscal de la CPI, Karim Khan KC, señaló: “Celebramos el 25º aniversario del Estatuto de Roma, y es el momento de reflexionar sobre lo que hemos conseguido pero, lo que tal vez sea aún más importante, de pensar qué otras cosas podemos hacer juntos. Deberíamos aprovechar este hito para agilizar las actuaciones y poder así convertir en realidad la tan esperada promesa de justicia para las comunidades a las que servimos. Nuestra voluntad de avanzar, nuestro empeño por mejorar el trabajo que hacemos y nuestra determinación para obtener resultados serán esenciales para ampliar el efecto de la justicia penal internacional durante el próximo cuarto de siglo”. 

El caso contra Putin

Un asunto en el que se han agilizado las actuaciones es la investigación de posibles crímenes de guerra cometidos por Vladimir Putin. En marzo de 2023, poco más de un año después de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la CPI emitió una orden de detención contra el presidente ruso, “por la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.  

Se dictó la misma orden contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los derechos del niño. “Hay motivos fundados para creer que la Sra. Lvova-Belova tiene responsabilidad penal individual por los delitos mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otras personas y/o a través de otras personas”, declaró la CPI. 

No hay duda de que es horrible desplazar forzosamente a niños de sus hogares. Pero teniendo en cuenta las 24.862 víctimas civiles que se calcula que ha habido en Ucrania desde la invasión rusa, una cifra que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos cree que es en realidad mucho mayor, ¿se quedan cortas las órdenes de detención? 

“Aunque hoy damos un primer paso concreto respecto a la situación en Ucrania, mi oficina sigue desarrollando una multitud de líneas de investigación interconectadas”, afirma el fiscal Khan. “Como declaré en mayo cuando estuve en Bucha, Ucrania es un escenario de crímenes en el que presuntamente se comete una amplia y compleja gama de delitos internacionales. No dudaremos en presentar más solicitudes de órdenes de detención cuando las pruebas así lo requieran”.