La acción climática exige una mayor rendición de cuentas de las empresas

La 28.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) es de suma importancia para encaminar la economía mundial hacia el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 oC por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, la cumbre se ha visto envuelta en controversias antes incluso de su inicio, y siguen apareciendo titulares que plantean dudas sobre las posibilidades que concluya con éxito.  

Un punto conflictivo es la necesidad de llegar a un acuerdo para la eliminación progresiva del carbón, el petróleo y el gas, puesto que la industria de los combustibles fósiles intenta evitar que se alcance un consenso. La conferencia de este año tiene lugar en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el séptimo mayor productor del mundo de petróleo y gas y un miembro destacado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC). El presidente de la COP28, Sultan Al Jaber, es también el director de la petrolera estatal Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company), que prevé ampliar significativamente su producción de petróleo y gas.  

Los EAU insisten en su rol de enlace con la industria del petróleo y del gas, y Al Jaber ha declarado que “no sentar en la misma mesa a las compañías de petróleo y gas y a las industrias más contaminantes no es la forma correcta de proceder. Es preciso que estén presentes todas. Debemos repensar la relación entre productores y consumidores, y adoptar un enfoque integrado”. Pero los hechos han demostrado que los EAU pretendían utilizar su posición clave en la presidencia de la COP28 para facilitar acuerdos relacionados con el petróleo y el gas para la Adnoc.  

EAU pretende usar la presidencia de la COP28 para facilitar acuerdos de petróleo y el gas para su compañía nacional

Más abiertamente, dos días antes del inicio de la conferencia, Sultan Al Jaber declaró que “ningún dato científico ni ningún escenario indican que la eliminación gradual de los combustibles fósiles vaya a permitir alcanzar el objetivo de los 1,5 oC”, lo cual provocó la ira de un gran número de prominentes científicos y del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que insistió en señalar que “la ciencia es clara: el límite de los 1,5 oC solo es posible si dejamos de quemar todo tipo de combustibles fósiles”. 

Si bien el encuentro de este año —que incluye en su agenda la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en un país cuya riqueza se fundamenta, precisamente, en la extracción de combustibles fósiles— puede ser la culminación de las contradicciones internas de la gobernanza del cambio climático, también plantea un nuevo escenario. La presencia de numerosos representantes de las compañías de hidrocarburos ha eclipsado a las delegaciones de la mayoría de los países en las COP más recientes, puesto que 503 lobistas asistieron a la COP26 de Glasgow y 636, a la COP27 de Sharm el-Sheikh. Este año, los analistas han contado 2.456 asistentes afiliados a las industrias del petróleo y el gas. 

Además, las COP no son el único lugar donde acuden con fuerza los grupos de presión: durante el desarrollo del Pacto Verde Europeo, representantes de la industria del petróleo y el gas ejercieron una gran presión sobre los políticos, con el resultado de que el gas natural fue calificado de “inversión sostenible” en la taxonomía de las finanzas sostenibles de la UE. Una decisión que ahora ha sido recurrida por Greenpeace ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

Un marco para una rendición de cuentas más sólida 

Estos desarrollos ponen de manifiesto el rol esencial que juegan las empresas a la hora de influir u obstruir las políticas encaminadas a abordar los principales desafíos medioambientales. En mi artículo titulado “Business accountability in the Anthropocene”, trato el rol de las empresas considerando cuatro aspectos:  

• Primero, las empresas son el lugar donde se desarrollan la gran mayoría de los procesos de producción de los bienes y servicios que circulan en nuestra economía, lo cual significa que las empresas son también importantes usuarias de recursos. Y, efectivamente, son vistas cada vez más como “actores clave” para reducir el uso de los combustibles fósiles, promover la seguridad del agua a escala global y gestionar las biosferas y los ecosistemas marinos de forma sostenible.  
• Segundo, determinan el entorno de elección de los consumidores al producir bienes y servicios más sostenibles, a disposición de los consumidores más concienciados.  
• Tercero, las empresas influyen en la cultura de la sociedad, particularmente en la percepción de los estilos de vida más deseables, a través de su uso de la publicidad. 
• Cuarto, su influencia sobre los responsables políticos a través de su actividad corporativa —como los procesos de presión presenciados en las COP y en otros foros— configura decisivamente el espacio de la acción política, incluyendo la ventana de Overton de cuáles son las vías políticas más aceptables y viables.  

En mi opinión, esta influencia expansiva y multifacética requiere que reconsideremos los procesos de rendición de cuentas de las empresas en el Antropoceno, esta nueva era geológica en que numerosos procesos y condiciones de la Tierra se ven profundamente alterados por el impacto humano. Si la humanidad está llegando a un punto de inflexión en que sobrepasar los límites planetarios va a poner en riesgo nuestro futuro colectivo, es preciso que impongamos a las empresas —y a los agentes que intervienen en ellas— unos mayores niveles de exigencia.  

En mi artículo, me baso en una bibliografía interdisciplinaria para proponer las siguientes cuatro líneas que han surgido en el mundo académico y en la práctica al objeto de reconsiderar el proceso de rendición de cuentas de las empresas:  

1. El Antropoceno reclama un nuevo propósito de los negocios basado crear valor sostenible para la sociedad respetando los límites planetarios. Realizando los cambios legislativos necesarios en la legislación mercantil y sobre gobierno corporativo, este nuevo propósito podría impulsarse con un diseño alternativo de las empresas y con nuevas arquitecturas para la propiedad.  
2. Dados los impactos medioambientales notables, aunque difusos, de los ecosistemas empresariales, las empresas deberían responsabilizarse más ampliamente, aunque de forma compartida, de las actividades productivas que se desarrollan a lo largo de las cadenas de suministro y de las redes comerciales.  
3. Para cambiar los costes corporativos y personales de provocar daños y pedir cuentas adecuadamente a quienes los han perpetrado, debería imponerse por vías legales la responsabilidad colectiva e individual por los daños ambientales ocasionados por las empresas.  
4. Puesto que la influencia de las empresas en el Antropoceno se extiende también al comportamiento del consumo individual (a través de la publicidad) y a los procesos políticos (a través de los lobbies), estas también deben responsabilizarse por las actividades no productivas. En efecto, ante los desafíos planetarios a que nos enfrentamos, el Relator Especial de la ONU sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible señala claramente que “las empresas deben apoyar y no oponerse a las políticas públicas encaminadas a abordar, de forma efectiva, el cambio climático”.  

Acabar con la influencia de las grandes empresas del carbono

Centrándose, en concreto, en el papel de las compañías de combustibles fósiles, la comunidad académica distingue dos principales deberes morales: el deber (retroactivo) de reparación y el deber (prospectivo) de descarbonización, que implica “una transformación a gran escala que las grandes empresas del carbono deberían llevar a cabo para reducir y eventualmente eliminar por completo las emisiones de carbono de sus modelos de negocio”. 

Claramente, las actuales acciones de las compañías de combustibles fósiles —ya sean de titularidad pública o privada, tanto en su acción política multilateral como interna— evidencian la tendencia opuesta. Tenemos múltiples datos que demuestran que estas empresas prevén expandir la producción de combustibles fósiles en la próxima década, e incluso evidencias de que las grandes empresas del carbono pretenden incrementar artificialmente la demanda subvencionando las infraestructuras de los combustibles fósiles en los países en vías de desarrollo. Esto es sencillamente inaceptable.  

¿Por qué ofrecer a las grandes empresas del carbono un espacio en primera línea para influir el diseño de políticas públicas?

En mi artículo, señalo las tendencias legales que incrementan las probabilidades de que las empresas o los órganos responsables de la toma de decisiones sean considerados legalmente responsables por poner en peligro a las generaciones presentes y futuras. Estos cambios en la jurisprudencia pueden hacer que mantener la actitud actual resulte cada vez más costoso para las empresas en sí —que podrían entrar en quiebra si se ven obligadas a pagar indemnizaciones por los daños causados relacionados con el cambio climático— y para sus directivos —a quienes podrían exigirse en el futuro responsabilidades penales por crímenes contra la humanidad o contra las generaciones futuras—.  

Pero ¿por qué ofrecer a las grandes empresas del carbono un espacio en primera línea para influir en el diseño de las políticas? En vista de lo que está en juego, existe la necesidad acuciante de que la legislación sobre lobbies e influencia empresarial elimine la actividad política adversa de las empresas, especialmente en aquellas áreas en que disponemos de datos científicos indiscutibles que indican que debemos eliminar gradualmente determinados modelos de negocio.  

Días antes de la COP28, más de 133 políticos europeos y estadounidenses, y más de 425 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo suscribieron una carta que reclamaba que se eliminara la interferencia sistemática del sector de los combustibles fósiles en la COP28 y en todas las futuras discusiones internacionales sobre el clima, y que se exigiera a las empresas participantes en las COP que presentaran una declaración auditada sobre la influencia de su política corporativa que revelara sus actividades de lobby relacionadas con el clima, sus contribuciones a campañas y la financiación de asociaciones y organizaciones comerciales activas en los ámbitos de la energía y el clima. Esperemos que estas recomendaciones se sigan en los próximos años.