Una estrategia a largo plazo

Tener capacidad de defenderse en un mundo hostil y construir un futuro de desarme y seguridad colectiva no son dos fines incompatibles. Más bien, son la combinación necesaria para una estrategia creíble y efectiva. Así lo entendieron nuestros padres, los fundadores del sistema internacional. Hoy, tenemos la oportunidad de desplegar nuestro ingenio para acoplar ambos horizontes y, quizá, renovar la promesa de paz para una nueva generación.

El retorno de dos récords: gasto militar global y conflictos armados activos

El año 2025 marcó la consolidación de una tendencia regresiva y acelerada. Por un lado, se alcanzó un récord histórico en gasto militar global: 2,7 billones de euros, un incremento del 3 % respecto al año anterior, tras una década de aumento sostenido. En términos de comparación, la cifra equivale al 2,5 % el PIB global, en torno a 350 euros por habitante, o el tamaño total de una economía como Brasil. También equivale a once veces la inversión estimada necesaria para acabar con el hambre y la pobreza extrema. O quince veces la brecha anual de financiación para la adaptación climática, cuya ausencia constatamos diariamente. El gasto militar, no obstante su tremenda dimensión agregada, se explica mayoritariamente por cinco potencias militares que concentran el 60 % del total global: Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India. Mientras que el 85 % del total lo concentran quince países; Es decir, unos pocos.

Por otro lado, 2025 fue el año con más conflictos armados activos en el mundo desde la segunda guerra mundial: 65 conflictos violentos en total, 13 de ellos de alta intensidad: Ucrania, Gaza y Sudán, seguidos de Irán, Myanmar, la República Democrática del Congo, el Sahel central, Yemen, Somalia y Haití. Estos conflictos afectaron directamente a mil millones de personas y desplazaron en torno a 117,8 millones de ellas (tanto internos como refugiados). Además de los efectos sísmicos que se extienden por un medio global interdependiente.

Estas dos cifras están lejos de ser meras estadísticas. Muestran una escalada armamentista que implica riesgos globales difíciles de ignorar. Riesgos que afectan a potencias armadas, pero también (involuntariamente) al resto de Estados no-armados.

• El riesgo nuclear: Actualmente existen alrededor de 12.000 armas nucleares en el mundo. De ellas, unas 4.000 están desplegadas y unas 2.000 permanecen en estado de alerta operativa elevada. Ya que todas las potencias nucleares han continuado modernizando sus arsenales, incluso una guerra nuclear regional limitada podría alterar la radiación solar y los patrones climáticos, así como desencadenar una hambruna mundial.
• El riesgo medioambiental: La producción de armamento genera emisiones durante la fabricación y el transporte, el mantenimiento de bases, los ejercicios y las operaciones. El uso de armamento pesado, en maniobras u operaciones reales, produce la contaminación química de suelos y aguas, incendios y destrucción de ecosistemas. Se estima que la huella ambiental del sector militar mundial (incluidas sus cadenas de suministro) es de en torno al 5,5 % de las emisiones globales.
• El riesgo fiscal: Un gasto militar sostenido mediante déficit estructural puede elevar la deuda pública, aumentar el coste de sus intereses y reducir el margen presupuestario disponible para inversiones productivas como educación, salud, innovación, infraestructuras o transición energética. Al contrario de lo que podría parecer, el gasto en defensa es de los menos productivos, con un multiplicador agregado inferior al 0,50 en Estados Unidos. Mientras que otras partidas de gasto público como formación o infraestructura civil producen multiplicadores más altos, además de tener mayor efecto en la productividad global de la economía a largo plazo.
• El coste de oportunidad: Cada recurso destinado a sostener arsenales que exceden una necesidad razonable de defensa es un recurso que deja de emplearse en seguridad sanitaria, adaptación climática, prevención de pandemias, educación, reducción de la pobreza o infraestructuras resilientes. El artículo 26 de la Carta de Naciones Unidas encargaba al Consejo de Seguridad promover un sistema de regulación de armamentos que garantizase la paz con “la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos”. Esta es, por lo tanto, una de las promesas incumplidas de la Carta.
• Las armas autónomas. La incorporación de la inteligencia artificial a sistemas capaces de seleccionar y atacar objetivos sin una intervención humana suficiente introduce una nueva categoría de riesgo. También puede reducir el coste político de iniciar operaciones militares al disminuir la exposición directa de los combatientes propios. Aunque el Derecho Internacional Humanitario continúa siendo aplicable, todavía no existe un tratado universal y vinculante específicamente dedicado a estas armas.

Armarse sin estrategia constructiva también conlleva riesgos violentos

En la tóxica atmosfera de inseguridad actual, la doctrina imperante es que el aumento inmediato de capacidades militares resulte en una disuasión eficaz y una defensa efectiva en el corto plazo. Pero, ¿y qué hay del largo plazo?

La disuasión, en esta concepción, es entendida como la táctica de desarrollar una capacidad de daño suficiente para que cualquier posible agresor anticipe un coste desproporcionado a su acción.

Sin embargo, la historia reciente, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, ofrece ejemplos que confirman y desmienten por igual esta concepción tradicional. La guerra de Kargil en 1999 un año después de las pruebas nucleares de India y Pakistán, la crisis de los misiles de Cuba en 1962 o la reciente amenaza de Putin de utilizar capacidad nuclear en el contexto de Ucrania son algunos ejemplos de ello.

Hace ya un siglo, otro concepto de la seguridad y construcción de la paz empezó a fraguarse. De las cenizas de la Gran Guerra surgió la lúcida expresión de la Sociedad de Naciones, cuyo Tratado establecía que el mantenimiento de la paz exigía reducir los armamentos nacionales hasta el nivel mínimo compatible con la seguridad de cada Estado. No como un ideal kantiano abstracto, sino como una realidad política que ya se entendía posible y necesaria en 1919. La Sociedad fracasó en desarrollar los mecanismos efectivos para implantar su propósito, no en definirlo.

En 1945, en San Francisco, tras probar, una vez más, la devastación de la segunda guerra, las naciones del mundo volvieron a intentarlo de nuevo. La Carta fundacional de las Naciones Unidas empieza:

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles”.

A tal fin, la recién creada organización impulsó dos procesos paralelos y progresivos que debían constituir la estrategia de largo plazo para la supervivencia de la humanidad: el proceso de desarme y la seguridad colectiva.

El proceso de desarme consistía en que, mediante acuerdos amplios entre los Estados, se adquirían compromisos para restringir el uso y reducir de manera progresiva y proporcional los arsenales militares.

Pronto se evidenció que tal proceso no podía fructificar sin el sustrato de la confianza mutua. Aunque los Tratados y mecanismos establecían agencias y procesos de verificación, monitoreo y control de cumplimiento, la desconfianza seguía siendo la norma entre las potencias armadas de aquellas décadas (Estados Unidos y La Unión Soviética). Aún con la Guerra Fría como telón de fondo, el proceso de desarme fraguó algunos progresos. Sin embargo, la carrera armamentista entre las dos potencias enfrentadas mostró al mundo dos paradojas:

1. El tamaño del arsenal es directamente proporcional al riesgo de daño, aumentando la inseguridad global, en lugar de reducirla.
2. Una compresión exclusivamente militarista de la disuasión desemboca en una carrera armamentista de imparable inercia en ambos lados. Precisamente el escenario que se quiere evitar. (dilema del prisionero).

En ese contexto, los movimientos sociales y la opinión pública alcanzaron una intensidad inédita para exigir una estrategia más amplia. Una que tuviese en cuenta la construcción de la paz, la abolición de las armas nucleares (o su control) y el freno a la carrera de producción. Por ello hubo movimientos masivos contra la guerra de Vietnam, contra las armas nucleares y contra el servicio militar.

Ello, sumado al incremento del riesgo nuclear percibido en ambos lados de la Guerra Fría, empezó a cristalizar en varios tratados históricos: Prohibición de Ensayos Nucleares de 1963, No Proliferación Nuclear de 1968, Armas Biológicas de 1972, Misiles Antibalísticos de 1972, Armas Químicas de 1993 o la Convención de Ottawa sobre minas antipersona de 1997 (liderada por la sociedad civil)[1].

¿Dos horizontes temporales? Defenderse en diez años significa desarmarse en cincuenta

Hoy, la tendencia hacia una carrera armamentista sin precedentes se suma a factores de desequilibrio como cambios en la distribución demográfica y económica global, amplificando la probabilidad de conflictos armados (se han doblado en diez años). Lo cual incrementa la probabilidad indirecta de otros riesgos catastróficos de alcance global (nuclear, ambiental, tecnológico, fiscal...).

Esta cadena causal de riesgos sistémicos conduce a proyecciones y escenarios de inseguridad en la próxima década y más allá.

Es fácil deducir que, si las potencias armadas y otros Estados aplican una estrategia de seguridad nacional que consiste exclusivamente en el aumento de la capacidad militar, el desenlace agregado no es un escenario global ni nacional más seguro. Solo por el hecho de que la probabilidad de conflicto (y efectos indirectos) aumenta para el conjunto.

Regiones como la Unión Europea, que han disfrutado del dividendo de paz, perciben la inseguridad creciente con más vértigo por no considerarse preparadas. La respuesta de limitar la defensa inmediata a un aumento proporcional de la capacidad militar es racional y responsable en el corto plazo. Sin embargo, no es suficiente por sí sola para disuadir o para evitar la trampa de inercia.

Una estrategia creíble de seguridad debe combinar ambos horizontes temporales: la capacidad de defenderse con medios suficientes en el plazo inmediato y, en paralelo, trabajar en el discurso y en los hechos para una alternativa constructiva en el largo plazo. En lenguaje estratégico: diversificar y mitigar riesgos.

Las potencias medias (apeladas por el discurso de Mark Carney) que no poseen grandes arsenales son quienes tienen legitimidad e interés estratégico en impulsar una vía alternativa y constructiva. Al igual que hicieron los países no alineados durante la guerra fría, una masa crítica de miembros de la comunidad internacional con un interés coincidente puede revertir la inercia de las potencias militares. Y la Unión Europea es el medio del medio. La UE cuenta con el suficiente peso militar y geopolítico para liderar un discurso constructivo y una estrategia de desarme internacional en el largo horizonte, sin renunciar a defenderse hoy.

Pero, cómo sería una propuesta coherente y creíble para renovar el proceso de desarme internacional que abarque todos los aspectos: integrar los tratados existentes, unificar mecanismos de monitoreo y verificación, establecer medidas de cumplimiento e incentivos eficaces, construir confianza entre potencias militares o garantizar la conversión económica de las industrias, entre otros.

El Global Governance Forum, en desarrollo a su proyecto de Una Segunda Carta (2024) publicó varios Protocolos Complementarios (2025). A finales de 2026, se espera la publicación de los Protocolos de Desarme y Seguridad Colectiva que aportan una posible propuesta.

Las visiones y propuestas expuestas en este artículo provienen de los documentos A Second UN Charter (2024) y Protocols Complementary (2025) publicados por el Global Governance Forum.