El dilema de Miraflores y el futuro de Venezuela

Venezuela atraviesa uno de los momentos de mayor tensión social y geopolítica de su historia reciente, tras una brusca escalada del conflicto con Estados Unidos. El pasado 3 de enero, fuerzas de élite estadounidense llevaron a cabo la Operación Resolución Absoluta, en el marco de la cual bombardearon diversas ubicaciones estratégicas del país, incluida la capital, Caracas. La operación culminó con la capturar del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su mujer. Ambos están bajo custodia y serán juzgados en Nueva York por narcotráfico, mientras que el Gobierno de Venezuela ha denunciado la “agresión extranjera” y reclama la restitución de su presidente.

Tras la enigmática rueda de prensa ofrecida por Donald Trump ese mismo día, persisten numerosas incógnitas respecto a los planes estratégicos de Washington y al futuro de Venezuela.

Contexto de la intervención de EEUU en Venezuela

Desde septiembre de 2025, se ha producido una escalada progresiva pero constante de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. En los últimos meses, la Marina de los EEUU ha bombardeado ilegalmente hasta 23 lanchas y una instalación vinculada al narcotráfico en territorio venezolano. Paralelamente, Washington ha impuesto un embargo a petroleros venezolanos y ha concentrado aproximadamente a 15.000 soldados y a un 15 % de su flota naval en el mar Caribe. Una escalada que ha culminado con el traslado forzoso de Maduro a los EEUU el 3 de enero.

Pese a que el presidente norteamericano ganó las elecciones bajo una retórica aislacionista de “America First”, sus acciones sugieren un aislacionismo selectivo y geográficamente delimitado. Mientras que muestra una relativa indiferencia hacia Europa y Rusia, concibe el continente americano como el patio trasero de los EEUU, reservándose el derecho de intervenir cuando lo considere necesario.

Según fuentes del Senado estadounidense, la estrategia actual de expulsar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores (el palacio presidencial venezolano) constituye tan solo el primer eslabón de una reacción en cadena. De acuerdo con dichas fuentes, la caída del chavismo podría precipitar el colapso de los regímenes de Nicaragua y Cuba. Este posible efecto dominó, sumado a la lucha contra el narcotráfico y el acceso a las mayores reservas de petróleo del mundo —ubicadas en Venezuela—, supondría un importante triunfo estratégico para la administración Trump, especialmente para su ala más intervencionista, encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El dilema de Miraflores

A ojos del derecho internacional, la intervención estadounidense es considerada ilegal, pues se ha llevado a cabo sin la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, organismo responsable de autorizar intervenciones militares en terceros países. Incluso en términos del derecho estadounidense, no está claro si Trump podría haber llevado a cabo una acción militar en el extranjero sin aprobación previa en el Senado.

Los defensores de Nicolás Maduro subrayan este hecho para argumentar que su captura en Caracas constituye una violación flagrante de la soberanía venezolana y una quiebra reiterada de las leyes internacionales. Asimismo, los críticos de Trump establecen paralelismos con la invasión de Irak en 2003, cuando Estados Unidos intervino militarmente en un país rico en recursos energéticos con el objetivo declarado de sustituir un régimen autoritario por una democracia liberal.

Por otro lado, los opositores al régimen —como la líder venezolana María Corina Machado—, sostienen que Maduro ya no es el líder legítimo de Venezuela y consideran la intervención estadounidense como una acción necesaria para la restauración de un gobierno democrático. Según ellos, en las elecciones presidenciales venezolanas del pasado 28 de julio de 2024, el líder opositor Edmundo González Urrutia ganó con un 73,25 % de los votos, de acuerdo con las actas electorales que presentó la oposición. El Consejo Nacional Electoral (CNE) presuntamente cometió fraude electoral a favor de Maduro, manipulando los votos escrutados. Hasta la fecha, el CNE no ha presentado las actas oficiales, lo cual demostraría que Nicolás Maduro no es capaz de legitimar su presidencia. Siguiendo esta lógica, la oposición argumenta que la intervención de los EEUU no es una agresión ilegal, sino un paso necesario para la restauración del gobierno legítimo venezolano en el exilio.

Ambas posturas presentan argumentos sólidos pero difíciles de evaluar externamente. La cuestión central sigue siendo cuál es el proyecto político de Washington para Venezuela y quién aspira Trump a que gobierne desde el Palacio de Miraflores.

Venezuela el día de mañana

La rueda de prensa que emitió la Casa Blanca tras la captura de Maduro, causó más preguntas que certezas. El presidente Trump centró su discurso en la explotación del petróleo venezolano y la compensación a las empresas estadounidenses, relegando los derechos humanos y la restauración de la democracia a un segundo plano. Asimismo, afirmó que los EEUU “administrarán” Venezuela de forma temporal, y que su equipo — refiriéndose a Marco Rubio— negociará directamente con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Fueron especialmente llamativas sus declaraciones sobre María Corina Machado, a quien describió como una líder débil y carente de respeto interno, y su afirmación de que no descarta desplegar tropas estadounidenses en suelo venezolano para “estabilizar” el país.

Si la Administración Trump opta por una gestión directa de Venezuela, se enfrentará a obstáculos estructurales de enorme complejidad. Venezuela es un país extenso (912.050 km²), con una población de aproximadamente 31 millones de habitantes, una industria petrolera profundamente deteriorada por décadas de mala gestión y una geografía altamente diversa.

Aunque Venezuela no tiene la diversidad étnica ni religiosa de lugares como Irak, también es cierto que hay muchos grupos con intereses muy diferentes en el país. El gobierno chavista ha creado un “estado híbrido”, caracterizado por la cooperación activa entre instituciones estatales y grupos criminales o paramilitares. Esta dinámica incluye la tolerancia estatal del narcotráfico y la minería ilegal a cambio de rentas, la infiltración de actores criminales en gobiernos locales y el uso de colectivos armados para la represión política urbana. Sin embargo, no implica que Caracas controle el crimen organizado (como el Tren de Aragua) en Venezuela, ni que el Estado dirija intencionadamente narcóticos hacia los EEUU, pese a que exista un cierto nivel de cooperación y sinergia entre el aparato estatal y grupos delincuentes.

Además, guerrillas socialistas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o las Disidencias de las FARC mantienen vínculos cercanos con el régimen de Maduro. Estas organizaciones proporcionan control territorial y político a cambio de acceso a economías ilícitas como la minería, contrabando y narcotráfico, particularmente en zonas fronterizas. El ELN ejerce como la autoridad de facto en amplias áreas de Apure, Zulia, Táchira y Amazonas, e incluso se ha asentado en centros urbanos. Según InSight Crime, algunos líderes guerrilleros han manifestado su disposición a resistir militarmente una intervención estadounidense.

Aunque las fuerzas armadas venezolanas se han demostrado incapaces frente a operaciones estadounidenses, una eventual intervención terrestre obligaría a Washington a enfrentarse también a redes criminales y guerrilleras profundamente enraizadas, que difícilmente renunciará a negocios ilícitos altamente lucrativos, optando previsiblemente por una resistencia asimétrica prolongada.

Por el momento, Trump afirma que Marco Rubio está negociando con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ha amenazado con un segundo ataque más devastador si Delcy no cede ante la Casa Blanca. Por su parte, Delcy Rodríguez se ha mostrado desafiante, exigiendo la devolución de Maduro a Caracas, y asegurando que Venezuela no volverá a ser “la colonia de otro imperio”. Parece que, por el momento, Trump espera que el régimen de Maduro negocie una rendición parcial. Deberán aceptar la convocatoria de nuevas elecciones —aunque Trump ya ha anunciado que no ocurrirá en el corto plazo—, liberalizar la economía venezolana a los intereses estadounidenses e indemnizar a las empresas estadounidenses por daños económicos que se cometieron al nacionalizar el petróleo venezolano en la década de los 2000.

Para pronosticar los posibles resultados de esta crisis, podemos analizar algunos casos relevantes en la historia reciente. Los dos casos más útiles para entender la situación actual de Venezuela son Panamá 1989 y Afganistán 1979.

Panamá 1989

El caso de la Operación Causa Justa en el Panamá de 1989 ofrece el ejemplo de un desenlace ideal para Washington y la oposición.

En la década de los 80, el dictador de Panamá era Manuel Noriega. Aunque en su juventud fue entrenado por la CIA, debido a su involucración con el narcotráfico, entre otros motivos, acabó enemistándose con la Casa Blanca. Finalmente, cuando Noriega cometió fraude electoral en mayo de 1989, el presidente George Bush Senior decidió invadir Panamá con 26.000 soldados estadounidenses para derrocar al régimen.

Después de tan solo 42 días, el ejército estadounidense consiguió capturar y encarcelar a Noriega, y se estableció al legítimo vencedor de las elecciones panameñas, Guillermo Endara, como presidente.

A primera vista, parece que los regímenes de Maduro y Noriega comparten bastantes aspectos. A pesar de la clara invasión de otro país soberano, tanto la mayoría de la comunidad internacional como la población panameña considera positiva esta intervención norteamericana. Este caso supone un ejemplo ideal para la oposición venezolana, ya que esa invasión fue rápida y eficaz, y se hizo con el objetivo de establecer un régimen democrático.

Afganistán 1979

Un caso menos conocido es el de la Operación Storm-333, llevada a cabo por la Unión Soviética en Afganistán en 1979. En 1978, un golpe de Estado de inspiración comunista transformó la República Democrática de Afganistán en un Estado satélite de la URSS, bajo el liderazgo de Nur Muhammad Taraki. Sin embargo, en septiembre de 1979, Taraki fue derrocado y asesinado por Hafizullah Amin, miembro de una facción comunista rival, quien perdió rápidamente el control del país.

Ante el riesgo de un colapso del régimen aliado frente a una insurgencia islamista anticomunista, Moscú decidió intervenir militarmente para sustituir a Amin. El 27 de diciembre de 1979, fuerzas especiales soviéticas asaltaron por sorpresa el Palacio Tajbeg en Kabul y, en menos de 40 minutos, lograron matar a Amin e instalar a Babrak Karmal, un dirigente más alineado con los intereses del Kremlin. En los días siguientes, la URSS ocupó las principales ciudades afganas con cerca de 30.000 soldados, bajo el argumento de asegurar al nuevo gobierno y “estabilizar” el país.

Lo singular de esta intervención es que no buscaba derrocar un régimen ideológicamente hostil, sino rescatar un régimen aliado en proceso de descomposición. Afganistán ya se encontraba dentro de la órbita soviética, pero el Kremlin consideraba que Amin era incapaz de gobernar y estaba generando una peligrosa inestabilidad regional. La lógica soviética asumió que sustituir al líder permitiría reforzar el control político sin necesidad de una ocupación prolongada. Este cálculo resultó erróneo: lo que debía ser una operación breve derivó en la larga Guerra Afgano-Soviética.

Este precedente resulta especialmente pertinente para el caso venezolano. Si Donald Trump opta por colaborar con el chavismo encabezado por Delcy Rodríguez en lugar de promover una transición democrática profunda, la captura de Nicolás Maduro podría representar únicamente un cambio de liderazgo, pero no de régimen. Al igual que en Afganistán, la eliminación de una figura percibida como problemática no garantiza la estabilidad, y puede terminar atando a Washington a un régimen estructuralmente débil, corrupto y dependiente, con consecuencias imprevisibles a medio y largo plazo.

Conclusiones

Los Estados Unidos deben ser muy prudentes si no quieren repetir los errores del pasado. Los próximos días son críticos para determinar el futuro de Venezuela. Tanto si Trump decide forzar un cambio de régimen como en Panamá, mantener al régimen chavista como en Afganistán, o negociar una transición pacífica hacia la democracia, cualquiera de las opciones tendrá consecuencias durante años.

En el caso que se repita una intervención similar a Panamá 1989, hace falta recordar que Venezuela es un país 12 veces más extenso. Haría falta una fuerza estadounidense considerablemente más grande para ocupar los principales centros del país y expulsar a los chavistas del poder. Además, aunque EEUU logre convencer a la población local de colaborar con el nuevo gobierno para reconstruir el país, ahora mismo hay una gran red de fuerzas chavistas, grupos criminales, colectivos y guerrillas fieles al chavismo que, aunque posiblemente no sean capaces de hacer frente a una intervención estadounidense en las ciudades, disponen de negocios ilícitos que son demasiado beneficiosos como para simplemente entregar las armas a un gobierno de transición.

Por otro lado, también se puede repetir un caso similar al de Afganistán 1979. Ahora que Maduro está apresado, la presidenta interina Delcy Rodríguez podría ser convencida de alinearse de forma pragmática con Washington. Cabe recalcar que la operación estadounidense tan solo capturó a Maduro y su esposa, dejando intacta toda la cúpula chavista. Analizando los últimos comentarios de Trump y Marco Rubio sobre Delcy Rodríguez, parece que están muy interesados en colaborar con ella para imponer su dominio sobre Venezuela. Seguramente demanden a Delcy que otorgue el derecho de explotación de las vastas reservas venezolanas de petróleo y minerales a las empresas estadounidenses —aunque eso requería muchos años de inversión y estabilidad política para resultar rentable— a cambio de que mantener al gobierno chavista en el Palacio de Miraflores. La cuestión sería si un gobierno dictatorial post-Maduro, sumergido en corrupción y adoctrinado en la oposición ideológica contra EEUU, podría continuar en el poder a largo plazo bajo la tutela estadounidense.

Finalmente, también es posible negociar con el régimen de Maduro una transición pacífica hacia la democracia, similar a las transiciones que hubo en España y Chile. Esto requerirá que EEUU ofrezca una amnistía generalizada a los miembros del gobierno de Caracas. Según detalles filtrados del plan de transición preparado por la oposición venezolana, ellos consideran que tan solo hace falta purgar a “un par de docenas” de oficiales del ejército bolivariano y aseguran que las fuerzas armadas apoyan mayoritariamente una transición democrática. Si el aparato de seguridad venezolano considera que ahora sus dos opciones son resistir a Washington o la prisión, seguramente muchos opten por resistir, aunque sea formando guerrillas en la selva. Es incierto saber cuáles son las condiciones que Trump está exigiendo a Delcy Rodríguez, pero si son demasiado duras, es posible que muchos se nieguen a aceptarlo.

Con su decisión de capturar a Nicolás Maduro, Donald Trump ha dejado de lado su política de America First y está reviviendo una nueva “Don-Roe Doctrine”. Al intentar resolver el dilema de Miraflores, se juega repetir los errores del pasado o convertirse en un liberador para muchos. Si logra restaurar una democracia estable en Venezuela, será ampliamente elogiado, como George Bush padre fue elogiado en Panamá; si, por el contrario, el conflicto se prolonga durante décadas, será recordado como otro agresor imperialista. Como demuestra la historia, esta suele recompensar a los vencedores y castigar a los perdedores, y la opinión popular le juzgará dependiendo del resultado de esta crisis. Sea quien sea quien gobierne en Caracas, residir en el Palacio de Miraflores no será tarea fácil.