Para hablar de pobreza, hay que hablar de vivienda

17 de octubre. Hace 32 años se declaró esta fecha como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aunque se ha avanzado en la conciencia sobre este tema, la pobreza y la exclusión social todavía siguen marcando la vida de millones de personas en España y en el mundo. Como afirma la ONU en su prefacio sobre los Principios Rectores sobre la extrema pobreza y los derechos humanos: “en un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza”.  

Hoy, en España, el 26,5% de la población están en riesgo de pobreza o exclusión social. Estamos hablando de casi 13 millones de personas. Así lo señala el último informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Esta cifra refleja una tendencia persistente a lo largo de los años. Del mismo modo, el sinhogarismo, la mayor expresión de pobreza que se puede dar, no ha dejado de crecer en las últimas décadas.  

Un problema estructural

La pobreza no puede entenderse como una simple cuestión individual, sino como un problema de carácter estructural. Su persistencia revela la incapacidad del Estado para garantizar los derechos más básicos a sus ciudadanos. Además, no es un fenómeno que afecte únicamente a todas aquellas personas que lo sufren directamente. Considerar la pobreza como un problema individual en lugar de reconocer su naturaleza estructural es un enfoque engañoso. Aún más preocupante es asumir que esta realidad no tendrá consecuencias para toda la sociedad. 

El modelo de vivienda de los últimos años ha sido un poderoso generador de pobreza en nuestra sociedad

En primer lugar, la pobreza tiene un impacto directo en la natalidad. De hecho, ya estamos viendo sus efectos en España. La baja tasa de natalidad está estrechamente vinculada con la profunda crisis económica que golpeó al país hace una década. Según los datos de la Fundación FOESSA, el sobrecoste anual de criar a un hijo de entre 0 y 3 años es de aproximadamente 5.000 euros, cifra que aumenta a 6.000 euros para los adolescentes. En un contexto de precariedad, muchas familias simplemente no pueden permitirse tener más hijos. 

En segundo lugar, la pobreza afecta negativamente a la salud pública. Las personas en situación de pobreza tienen una mayor exposición a enfermedades, menor esperanza de vida y mayor mortalidad infantil. Estos problemas no solo afectan a quienes los sufren directamente, sino a toda la sociedad, como se hizo evidente durante la pandemia del COVID-19, cuando la salud pública se convirtió en una preocupación colectiva.  

En tercer lugar, la pobreza también impacta de manera profunda en la educación. Una sociedad en la que un porcentaje significativo de la población no tiene acceso a una educación adecuada —tanto formal como informal— es una sociedad con menos oportunidades de desarrollo infantil, creatividad e innovación.  

Por último, genera dinámicas segregadoras, que pueden ser un elemento perpetuador de esa precariedad, así como afectar a las comunidades e incluso a la seguridad. Estos son algunos de los muchos efectos que conlleva la pobreza. 

La vivienda, catalizador de la pobreza

Hace falta, por lo tanto, combatir la pobreza con valentía. Una condición necesaria para eso es, sin duda alguna, atajar el problema de la vivienda. No es verdad que en España no se ha hecho políticas públicas de vivienda. El problema es que esas políticas han favorecido la especulación frente al derecho a la vivienda digna. A lo largo de las últimas décadas, tanto en España como a nivel global, hemos vivido un proceso de mercantilización radical de la vivienda.

Como explica Future Policy Lab en su informe sobre vivienda, este proceso ha sido impulsado por tres dinámicas principales que han tenido lugar a nivel nacional e internacional: promover la vivienda en propiedad individual, desinvertir en vivienda pública y protegida, y aumentar la actividad especulativa. Como consecuencia de ello, se han desencadenado varias crisis, desde la burbuja inmobiliaria en Japón en los años 80, hasta la crisis financiera global de 2008, a las que se incluyen, en años más recientes, las sucesivas oleadas de desahucios en España. Todo ello ha contribuido a una prolongada crisis de acceso a la vivienda que todavía persiste, afectando gravemente su asequibilidad. Este modelo ha sido un poderoso generador de pobreza en nuestra sociedad.

Es fundamental que se produzca un cambio de paradigma y caminar hacia la desmercantilización de la vivienda

Particularmente alarmante es la situación de la vivienda en el mercado de alquiler. El propio Banco de España señala en su informe anual del 2022 como el 48,9% de los hogares españoles que viven en régimen de alquiler a precio de mercado se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. España se sitúa como el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población en alquiler en esta situación, según datos de Eurostat. Asimismo, el 41% de los inquilinos españoles ya dedica más del 40% de su renta disponible a la vivienda. Una cifra que contrasta con el promedio europeo, que se sitúa en torno al 20%.

Ahora mismo la vivienda se ha convertido en un agujero negro del estado del bienestar. Cualquier política orientada a combatir la pobreza no alcanzará los resultados deseados hasta que no se aborde el problema fundamental del acceso a la vivienda. Para hablar de pobreza, hay que hablar de vivienda.

Es fundamental que se produzca un cambio de paradigma y caminar hacia la desmercantilización de la vivienda. La vivienda se ha convertido en uno de los activos financieros más beneficiosos, ofreciendo mayor rentabilidad que la compra de letras del Tesoro o las participaciones en fondos de inversión. Según el Banco de España, el aumento constante de los precios en los últimos años ha llevado a que la vivienda genere un retorno cercano al 8%. Prueba de ello es que, en España, según datos del Catastro, casi la mitad de las viviendas compradas desde 2008 son de empresas con más de 8 inmuebles. La única manera de revertir esta situación es anteponer el derecho a la vivienda al beneficio del mercado inmobiliario.