El acceso a la vivienda, un problema de todos

En España, 8,5 millones de personas (el 18,4 % de la población) viven en situación de exclusión social y aproximadamente la mitad de ellas, en exclusión social severa.

Por Guillermo Casasnovas

Junto con la precariedad laboral y la invisibilidad ante los partidos políticos, uno de los principales problemas que padece este amplio colectivo es el acceso a una vivienda segura y adecuada.

Pero el problema de la vivienda no afecta solo a las capas más empobrecidas o vulnerables de nuestra sociedad.

El aumento de los precios de adquisición y de alquiler, muy superiores a los incrementos de los salarios, ha provocado que el 42 % de la población que vive en régimen de alquiler dedique más del 40 % de su renta disponible a pagar la vivienda.

Ante esta situación, la inseguridad de los jóvenes que quieren emanciparse y los procesos de gentrificación son problemas que están a la orden del día y que afectan a la sociedad en su conjunto, sobre todo en las grandes ciudades.

El 42 % de la población que vive en régimen de alquiler dedica más del 40 % de su renta disponible a pagar la vivienda

Esta expansión de la problemática de la vivienda ha llevado a la aparición de nuevos actores.

En primer lugar, fondos de inversión que llegaron a España tras la crisis de 2008, comprando grandes carteras inmobiliarias procedentes de cajas de ahorros y otras entidades financieras.

En segundo lugar, plataformas de la sociedad civil, como la red de plataformas de Afectados por la Hipoteca, los “sindicatos de inquilinos”, más recientes, y otros “sindicatos de barrio” más o menos beligerantes.

En tercer lugar, partidos políticos que han llegado a las Administraciones públicas con la bandera de garantizar el acceso a la vivienda.

Y, en cuarto lugar, colectivos que buscan obtener ganancias (muchas de ellas, al margen de la legalidad) aprovechando el río revuelto: mafias dedicadas a lucrarse con la ocupación ilegal, empresas encargadas de desalojar pisos bajo la amenaza de la fuerza, o personas que deciden no pagar sus alquileres o hipotecas pensando que nadie les exigirá una responsabilidad.

El acceso a la vivienda es un problema complejo y sistémico

Ante este nuevo panorama, muchos nos preguntamos quiénes son los responsables de la situación actual, o quién va a poder vivir en las ciudades en el futuro.

Estas y otras preguntas se plantearon en el cinefórum que Esade Alumni organizó hace unas semanas para visionar y debatir sobre el documental PUSH, de Fredrik Gertten. La película retrata la dificultad de acceder a una vivienda en ciudades como Barcelona, Londres, Nueva York o Seúl, y señala los grandes fondos de inversión (a veces llamados “fondos buitre”) como sus principales responsables, debido a la especulación y a un enfoque centrado exclusivamente en la maximización de los beneficios.

Durante el debate posterior, se plantearon algunos temas importantes que también nos han llamado la atención en el marco de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en Esade (junto con el profesor Ignasi Martí y otros investigadores) sobre esta materia.

Por un lado, constatamos que, como todos los grandes retos a que nos enfrentamos como sociedad (cambio climático, desigualdad, seguridad), el acceso a la vivienda es un problema complejo y sistémico.

Y, si bien lo más fácil sería buscar a un culpable sobre el cual descargar nuestras iras, la realidad es mucho más compleja y apunta hacia direcciones diversas.

Las Administraciones deben ser conscientes de los errores cometidos y de la necesidad de priorizar políticas que impulsen la vivienda accesible

Aunque, por supuesto, los grandes fondos de inversión tienen más poder y, por ende, una mayor responsabilidad en esta cuestión, también otros actores deben plantearse qué papel están jugando en el tablero actual.

Las Administraciones locales y estatales deben ser conscientes de los errores cometidos en el pasado y de la necesidad de priorizar políticas que impulsen la vivienda accesible.

Las plataformas ciudadanas deben decidir si se limitan a proferir una voz crítica y a tensar la cuerda (lo cual es necesario, en determinados momentos), o bien se dedican también a buscar soluciones corales que sean viables en la situación actual.

En el caso de los fondos de inversión, además de llevar a cabo unas prácticas socialmente responsables y que vayan más allá del beneficio a corto plazo, es patente la necesidad de pensar en cambios más sistémicos.

La clave debería ser replantear la vivienda para que no sea un simple mercado a través del cual atraer inversión, sino sobre todo un sector que garantice el acceso universal a la misma como derecho humano.

Una vez se haya alcanzado algún acuerdo sobre este punto, clave para repensar en qué tipo de sociedad y de ciudades queremos vivir, el quid de la cuestión estará en el cómo.

Para ello, habrá que plantear políticas y estrategias a medio y a largo plazo, que vayan más allá de una u otra ideología, y un primer paso puede ser fijarnos en qué están haciendo otros países. Algunos ejemplos son las cuotas obligatorias de vivienda social en cada nueva promoción inmobiliaria (Inglaterra), la regulación de los alquileres (Nueva York) y la compra intensiva de viviendas para transformarlas en vivienda social (Berlín).

Pero más allá de las políticas concretas –que se deberán debatir, medir y evaluar–, lo importante serán los cambios culturales y estructurales que se pongan sobre la mesa: la vivienda como derecho, el mercado como instrumento (no como un fin en sí mismo) y las ciudades como espacios de convivencia y de creación de lazos sociales.

Todo el contenido está disponible bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.