Demandas agrícolas y transición verde: Responder con gobernanza colaborativa
Necesitamos una mejor distribución de poder y responsabilidades en el sector para evitar que la respuesta a las legítimas preocupaciones agrícolas se dé a costa de las políticas medioambientales.
Los sistemas alimentarios, que engloban todos los aspectos y los procesos asociados con la producción y el consumo de alimentos, tienen un impacto significativo en el medio ambiente, donde la producción agraria juega un papel muy importante. En concreto, los sistemas alimentarios son responsables de un tercio de las emisiones antropogénicas de GEI en todo el mundo, y la producción agrícola ha sido reconocida como uno de los principales causantes de que el sistema terrestre esté superando los límites planetarios.
Una transición de las prácticas agrícolas convencionales hacia una gestión holística que tome en consideración la interdependencia entre la tierra, los animales y las personas tendrá una repercusión positiva en los resultados de los sistemas alimentarios. Por ejemplo, la agricultura regenerativa puede ayudar a restablecer la salud del suelo, mejorar la biodiversidad y mitigar el cambio climático. Este enfoque es objeto de una atención creciente en el sector agroalimentario. Sin embargo, cambiar los sistemas alimentarios requiere varios compromisos, no solo por parte de los agricultores, sino también de stakeholders tan diversos como procesadores, distribuidores, inversores, consumidores y responsables políticos.
En Europa, el 81% de los hábitats naturales y seminaturales tienen un estado de conservación pobre (45%) o malo (36%) y, pese a que algunas especies animales y vegetales que viven en ellos mejoran (6%), el 35% se están deteriorando:
En este contexto, ¿cómo podemos situar estratégicamente a los agricultores en el centro de nuestros sistemas alimentarios y, al mismo tiempo, restaurar la naturaleza y abordar los compromisos necesarios de los distintos grupos de interés?
Protestas de agricultores en toda Europa
A los agricultores, responsables de cuidar la tierra y cultivar alimentos saludables, se les pide que hagan más sacrificios mientras reciben la menor parte de los beneficios. Asimismo, deben hacer frente a cada vez más trámites burocráticos, a los impactos del cambio climático, a unos recursos cada vez más limitados, a las desigualdades económicas y a la inestabilidad financiera. La pregunta es, pues, cómo distribuir los riesgos que afrontan los agricultores por toda la cadena de valor.
Múltiples agricultores, con prácticas agrícolas muy diversas, recientemente han protestado por toda Europa, incluyendo varias manifestaciones en Bruselas. Sus principales demandas son unos precios más justos, reducción de las cargas administrativas, ampliaciones del período de transición verde y un incremento de las subvenciones para la misma, y también han expresado sus objeciones ante las consecuencias de los acuerdos de libre comercio. Muchas de estas preocupaciones no son nuevas, sino que son un problema que viene de muchos años atrás.
Una de las cuestiones es cómo distribuir los riesgos que afrontan los agricultores por toda la cadena de valor
En un reciente comunicado conjunto en solidaridad con los agricultores europeos, diversas organizaciones de la sociedad civil han declarado que “la sostenibilidad social, medioambiental y económica de los sistemas alimentarios europeos depende de la dignidad, la viabilidad y el bienestar de la comunidad agrícola”.
La Comisión Europea ya ha propuesto algunas medidas a corto plazo, pero los agricultores las consideran insuficientes y reclaman un mayor apoyo, en lugar de meros gestos. Los ministros de Agricultura de la UE están debatiendo algunos cambios en la Política Agraria Común europea (PAC), intentando reducir la burocracia a través de nuevas medidas. Además, están considerando la posibilidad de dar más flexibilidad a los agricultores para el cumplimiento de los requisitos ecológicos de la PAC. Sin embargo, todas estas revisiones podrían suponer una regresión en las políticas verdes europeas, también llamado greenlash.
En España, el ministro de Agricultura se ha reunido con las principales organizaciones agrarias, como son la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).
Pese a estos gestos y avances, se desconoce si estas revisiones y las próximas reuniones lograrán dar respuesta a las necesidades de los agricultores y, al mismo tiempo, promover unos sistemas alimentarios sostenibles. La cuestión principal que nos ocupa es una mejor distribución del poder y de las responsabilidades entre los distintos stakeholders para evitar que la respuesta a las demandas de los campesinos sea a costa de unas políticas medioambientales ambiciosas.
Legislar a favor de la naturaleza en un contexto de polarización
El 27 de febrero de 2024, el Parlamento Europeo aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza, una ley fundamental del Pacto Verde Europeo y la primera legislación a escala continental cuyos objetivos están vinculados a la restauración de los ecosistemas degradados. La ley obtuvo 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones; el siguiente paso es que se apruebe en el Consejo Europeo de abril, y posteriormente se pedirá a los Estados miembros que formulen sus propios planes de restauración en los próximos dos años.
La Ley de restauración de la naturaleza pretende restaurar el 20% de las zonas terrestres y marítimas europeas en 2030, el 60% en 2040 y el 90% en 2050, otorgando una importancia sustancial a abordar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
En la versión final de la Ley de restauración de la naturaleza se rebajó el nivel de ambición inicial
Ya se había alcanzado un acuerdo entre el Parlamento Europeo y los negociadores de los Estados miembros en noviembre de 2023 cuando la ley empezó a ser objeto de una mayor politización, lo que a finales de año resultó en una campaña instigada por grupos de derechas y lobbies que lograron reducir el nivel de ambición en su redactado final.
El mismo día en que se aprobaba la Ley de Restauración de la Naturaleza, el Parlamento Europeo también aprobaba nuevos reglamentos y sanciones para los delitos medioambientales, con penas de hasta diez años de prisión para las personas físicas y multas de hasta el 5% de la facturación global o de entre 24 y 40 millones de euros para las empresas. Esta nueva directiva incluye una relación de delitos como el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves de la legislación europea sobre productos químicos y la contaminación causada por buques. Se aprobó con 499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones.
Los problemas regulatorios ponen de manifiesto la complejidad de encontrar ámbitos de convergencia en la UE, pero los recientes avances pueden entenderse también como una vía de mejora.
Reevaluar, colaborar y planificar con antelación
Nuestra coyuntura actual puede entenderse dentro de un entorno BANI (frágil, ansioso, no lineal e incomprensible, por sus siglas en inglés), pues nos encontramos con numerosos escenarios de resultados impredecibles y con circunstancias incomprensibles. Además de las múltiples disrupciones, la combinación del business as usual con la polarización política y las tácticas de desinformación que la acompañan parecen ser parte del problema cuando se trata de colaborar para restaurar la naturaleza y crear unos sistemas alimentarios sostenibles.
Priorizar los intereses particulares a la colaboración aumenta la incertidumbre y bloquea las posibilidades de cambio
A medida que la sociedad reclama una mayor responsabilización por parte de las empresas y de los políticos, es urgente realizar más esfuerzos para seguir desplegando el cuidado personal y colectivo, lograr un cambio de mentalidad y desarrollar un liderazgo humanista. Necesitamos disponer de buena información y transparencia para realizar un proceso realmente democrático en las próximas elecciones europeas de junio, que incidirán directamente en el futuro de Europa.
Cuando los partidos políticos en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo, al igual que las empresas multinacionales y los grupos de interés, priorizan los intereses particulares por delante de la colaboración y del bien común, aumentan la incertidumbre y bloquean las posibilidades de cambio, tan necesario ante la crisis climática actual. Mientras tanto, las voces autorizadas de distintos actores y expertos nos advierten de que vamos a enfrentarnos a unas crisis socio-ecológicas cada vez más dramáticas, en un contexto de incremento de los conflictos armados por todo el mundo.
En este contexto, podría resultar muy valioso para todos promover una mejor comunicación a través de un diálogo franco, constante y respetuoso, comprendiendo a todas las partes y sectores, puesto que necesitamos cambiar de actitud para poder colaborar realmente para regenerar la naturaleza y asegurar la base misma de nuestro futuro.